
El presidente Rodrigo Chaves durante una de sus habituales conferencias de prensa de los miércoles, el 15 de marzo de 2023. Foto: Johanfred Bonilla/Casa Presidencial
Tan solo 20 minutos después de haber recibido la banda presidencial, el 8 de mayo de 2022, Rodrigo Chaves se comprometió ante la Asamblea Legislativa a "dejar atrás las viejas prácticas que tanto nos cobra, y con toda razón, el pueblo costarricense", y afirmó: "Aquí no hay distingos entre oficialismo y oposición; si una vez más la clase política falla, el país se podría desmoronar".
Un año después, esa promesa tiene un matiz diferente, señalado abiertamente por el presidente: su apertura al diálogo y a la negociación excluye a quienes él y su definición de "el pueblo" consideran actores de "mala fe" y "personas que quieren llevar a Costa Rica a destinos que son verdaderamente vergonzosos", como dijo a la prensa este pasado 2 de mayo tras rendir su primer informe de labores.
Durante 12 meses de intensa labor —el mandatario asume su cargo con pasión, y lo exhibe con orgullo— y de propiciar un apoyo popular inusitado alrededor de la figura del Presidente, Chaves ha tejido un relato que le sitúa en las antípodas de esos actores de "mala fe", a quienes recientemente tildó de "filibusteros", y que incluyen desde mandos medios dentro de las instituciones públicas hasta grupos de poder privados; lo que el llama “ticos con corona”.
Lo que muchos sectores —incluida la oposición— interpretaron del tono conciliador que usó Chaves Robles en su primer discurso como presidente de la República fue que la ausencia de distinciones entre el oficialismo y los otros grupos políticos iba a significar un relación distendida, pero la realidad es que las críticas directas a diputados, a grupos de interés particulares y algunos periodistas y medios de comunicación han marcado 365 días en clave de choque.
Si bien las tensiones con el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) en el Poder Legislativo, y con la Sala Constitucional y el Poder Judicial, en general, han venido cada vez a más, la oposición con la que sí ha hecho distingos no ha sido solo partidaria. Las universidades públicas, las organizaciones históricamente aliadas a instituciones públicas y la prensa, entre otras, también han sido golpeadas.
Al igual que en la campaña electoral, en su discurso de investidura reconoció que hay "desapego y desconfianza de los partidos y la política tradicional", una narrativa a la que ha dado continuidad durante su mandato, quizás con miras a que cuando estos cuatro años acaben no se le meta en ese mismo saco.
Elegido por menos de un tercio del padrón electoral, el presidente Chaves intentó capitalizar sus acotados recursos durante el primer año en Casa Presidencial (incluyendo una fracción oficialista de apenas diez curules), y llega a este primer aniversario de gobierno con un 63% de valoraciones positivas, algo que ninguno de sus tres antecesores en el cargo logró a estas alturas del cuatrienio, según la más reciente encuesta del Centro Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Ese apoyo —que sí, se evidencia cuando hace apariciones públicas, pero con más fuerza en redes sociales— contrasta con los anticuerpos que ha generado en otros poderes, instituciones y sectores. Es difícil determinar si pese o gracias a eso ha obtenido tanta popularidad en las encuestas, pero la confrontación ha sido parte de su receta, en una suerte de política de impacto que ha multiplicado titulares en todos los medios.
Desde su primer día en el poder hubo tensión, cuando intentó eliminar la obligatoriedad de la vacuna anticovid ante la resistencia de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE). Y si parece como que todas las semanas ha habido un conflicto o escándalo que nace o implica a la Presidencia o al Gobierno, es porque prácticamente así ha sido.
En su primer mes se inauguraron los desencuentros con una parte de la prensa por una supuesta orden girada a los directores de comunicación de las instituciones de ser herméticos con los periodistas. Después se fue a Davos y dijo ante líderes mundiales que Costa Rica "no lo hizo tan bien" en la pandemia y que el país ha tenido un "deterioro importante", enfadando a sus oponentes.
En el segundo mes se lanzó contra los mandos medios de las instituciones públicas que -según él- se "atraviesan" y se "extralimitan" en sus funciones, y denunció que nombramientos de Carlos Alvarado en el ICE eran aparentemente ilegales. Visitó la Corte Plena y criticó al Poder Judicial por acoger denuncias de "canallas", mientras el magistrado presidente Fernando Cruz apuntó al financiamiento electoral, asunto que a Chaves se le cuestiona.
Su apoyo al candidato de Daniel Ortega para presidir el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se mantuvo en julio de 2022 pese a las críticas desde distintas trincheras políticas, y es durante ese mes que el cierre del Parque Viva —medida posteriormente declarada ilegal por la Sala IV— consolida su pugna con Grupo Nación.
Con estos frentes abiertos, Chaves era paralelamente cuestionado en el Congreso por la nimia agenda de proyectos de ley impulsados durante las primeras sesiones extraordinarias del Gobierno. A finales de julio pasado respondió acusando a los diputados de "jugar chapitas" por no aprobar los eurobonos, mientras denunciaba penalmente a exministros por haber firmado contratos de alquiler cuestionables.
Para este entonces llevábamos menos de tres meses de gobierno y en agosto, en el entorno de los 100 días, emitió sus prometidos decretos para bajar el precio del arroz (despertando la furia de algunos arroceros) y lanzó su intento por recortar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), una decisión que fue rápidamente rectificada tras una multitudinaria manifestación de universitarios.
Llegado septiembre surgieron las primeras bajas ministeriales (Laura Bonilla en Agricultura, y Patricia Navarro en Comunicación), y dio inicio un choque con la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a cuenta de un aumento salarial con el que él no estaba de acuerdo y que le llevó a cesar a Álvaro Ramos como presidente ejecutivo y a denunciar a varios directivos.
Su veto a la ley para sacar al 9-1-1 de la regla fiscal precipitó el primer resello del Congreso durante su administración, en un mes de septiembre en el que la oposición política recriminó declaraciones suyas en las que sugirió la posibilidad de que "nuestros hijos" no lleguen a tener "una democracia". Poco después, tildó de "irresponsables" a diputados por rebajar el pago de intereses de deuda presupuestado por el Gobierno.
Cuando la Sala IV comunicó su decisión de revertir el cierre de Parque Viva, acusó a los magistrados de trabajar en pro de intereses de "poderosos", mientras escalaba el conflicto con la junta directiva de la CCSS al punto de investigar a directivos que aprobaron el alza salarial, pocas semanas antes de reconocer que el ajuste era un "derecho adquirido" y que "va a haber que pagarlo".
La denuncia de la diputada Sofía Guillén (FA) de que un legislador oficialista le ofreció una embajada a cambio de apoyar eurobonos subió la temperatura en una relación ya tensa con ese partido. A finales de 2022, Chaves abiertamente defendió invitar "a quien me nazca" a su casa tras cuestionársele una reunión secreta con magistrados (entre el presidente de la Corte y el de la Sala Segunda) y diputados en la que, según él, solo comieron un tamal.
Con el cambio al año 2023 vino la primera polémica, suscitada a raíz de las acusaciones de un trol de que miembros del Gobierno —entre ellos la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón— le pagaron para hablar bien de su gestión e incluso atacar a algunas periodistas. Chaves y Chacón convocaron una conferencia de prensa para sacudirse del escándalo y el presidente llamó "sicarios" a periodistas por darle espacio al trol.
El "megacaso" de fraude fiscal denunciado por Hacienda abrió un nuevo frente con el denunciado Banco BCT, cuyo dueño, Leonel Baruch, es el presidente del medio CRHoy, sumando un caso al del Parque Viva, en donde se fiscaliza empresas ligadas a medios de comunicación. Para sectores de la población —con los que Chaves discrepa—, ambos casos reflejan una amenaza a la libertad de prensa.
El caso BCT vuelve a verle desafiar al Poder Judicial tras darse a conocer que la Fiscalía había solicitado archivar la causa. Se lanzaron críticas contra la fiscal que tomó la decisión, lo que provocó una investigación interna que concluyó que no se dio el conflicto de intereses denunciado por el presidente. La Uccaep le criticó por su manejo del caso, después de haber reprochado sus decisiones en la CCSS.
La inclusión de Costa Rica en la lista gris de la Unión Europea, en febrero, y que el Gobierno echara la culpa a la administración pasada, también agitó las aguas con la clase empresarial y la clase política. Casi al mismo tiempo, la Sala IV emitió el primero de varios fallos con serios cuestionamientos a decretos del Ejecutivo relacionados con la atención de migrantes y refugiados.
En marzo, los diputados oficialistas dieron un voto de censura a su compañera y presidenta del PSD, Luz Mary Alpízar, y después Chaves les apoyó y confirmó su distanciamiento con la cúpula del partido con el que llegó al poder. Poco después, el mandatario descalificó una manifestación de agricultores contra medidas de su Gobierno diciendo que fue un "chop suey" de protestas.
Las alarmas por la creciente inseguridad sonaron muy fuerte a partir de abril ante el aumento en los casos de criminalidad, particularmente las cifras de homicidios, y el Gobierno fue cuestionado porque el ministro de Seguridad, Jorge Luis Torres, aplazó para noviembre su política de seguridad. El 11 de abril su tono contra la oposición (mediática, política, institucional, empresarial, etcétera) escaló hasta el calificativo de "filibusteros" y la promesa de "quemar puentes" con quienes entren en esa definición.
Una semana dijo que los medios exageraban la crisis de inseguridad y la siguiente —precedido de fuertes críticas por minimizar la situación- presentó un plan de seguridad ante la ola de homicidios durante este año, lo que inmediatamente causó protestas policiales en varias partes del país, pues parte de la estrategia pasaba por cambiar sus roles de trabajo sin que eso se hubiera tan siquiera negociado. El presidente rápidamente se retractó.
La ruptura con organizaciones privadas de larga data de colaboración institucional, como la Fundación Omar Dengo y Cinde, ha marcado esta última etapa de su primer año de Gobierno, lo que ha dejado más reclamos de sectores. Aunado a ello, Reporteros sin Fronteras bajó la calificación de libertad de prensa del país tras su primer año de gestión, marcado por roces con los medios.
Han sido decenas de conflictos abiertos. El presidente suele señalar que, cuando se toman medidas como las que él toma, siempre hay ganadores y perdedores, y cuando ha hablado sobre estos enfrentamientos con distintos sectores, ha usado la carta de que sus críticos son los "perdedores" de determinadas políticas públicas, pero que él vino a tomar las decisiones que otros habían postergado.
Entre el recurso de "ganadores y perdedores" y la construcción de un personaje presidencial que no se sienta a negociar con "filibusteros", el conflicto se ha asentado en el primero de los cuatro años de Chaves en Zapote. Su nuevo ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, quien como jefe de despacho fue su mano derecha estos 12 meses, dice que ahora empieza una nueva era.
El futuro del nivel de las tensiones está aún por escribirse, pero si por la víspera se saca el día es probable que el mandatario siga abriendo frentes bajo el argumento de que está limpiando la casa "ordeñada" a la que llegó cuando asumió la Presidencia, y lo hace teniendo aún el respaldo de una mayoría de la población, incluso de personas que no votaron por él cuando se enfrentó a Figueres y que ahora aplauden su gestión.
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