Tras críticas de Chaves, Inspección Judicial investiga si hubo conflicto de intereses en caso BCT

Tras las críticas proferidas este miércoles por el presidente Rodrigo Chaves contra la Fiscalía, el departamento de Inspección Judicial abrió este jueves de oficio una investigación disciplinaria sobre el manejo del caso BCT en el Ministerio Público, informó el Poder Judicial.

"Se confirma que la Inspección Judicial abrió hoy de oficio la investigación disciplinaria número 23-000216-031-DI, para investigar lo sucedido en torno a las declaraciones de ayer del Presidente de la República sobre el Ministerio Público", reza un escueto comunicado.

El Poder Judicial después envió un comunicado más amplio, en el que precisa que "el objeto de la investigación es sobre el presunto conflicto de interés expuesto ayer en esa conferencia de prensa como se indica", pues eso aseguró el mandatario.

La oficina de prensa del Poder Judicial explicó a este medio que no se trata de una investigación contra el fiscal general, Carlo Díaz, o contra la fiscal adjunta de delitos económicos y tributarios, Criss González, quien pidió desestimar el caso por supuesto fraude fiscal.

En cambio, se trata de tomar las manifestaciones del mandatario Chaves en la conferencia de prensa e indagar si en el proceso que llevó a González a solicitar la desestimación del caso hubo alguna irregularidad o alguna actuación que amerite una sanción disciplinaria.

Las declaraciones a las que alude el Poder Judicial fueron transmitidas en la conferencia de prensa de este miércoles desde el Instituto Nacional de Seguros (INS), cuando al gobernante le preguntaron sobre el caso BCT denunciado la semana pasada por Hacienda.

Después de que Hacienda informara de que había enviado a la Fiscalía una denuncia contra un banco privado por la supuesta defraudación de ₡11.000 millones, el Ministerio Público anunció que desde inicios de año había solicitado desestimar el caso.

Chaves cuestionó la actuación de la fiscal adjunta, Criss González, pues solicitó la desestimación el 2 de enero, "en sus vacaciones". No obstante, la funcionaria judicial se defendió diciendo que no estaba de vacaciones en esa fecha.

El mandatario también sembró dudas sobre la rapidez con la que González pidió desestimar el caso, porque sus "amigos" que trabajan en bufetes que defienden a empresas acusadas de estos delitos le han dicho que usualmente "tardan años en solicitar la desestimación".

Cuestionó Chaves la "base investigativa" de la solicitud de González, toda vez que su argumento para pedir la desestimación es que "le negaron una prueba en Panamá", según el mandatario, que aseguró que no se conoce un escrito al respecto.

La fiscal adjunta confirmó este miércoles, tras las declaraciones de Chaves, que la oficina de relaciones internacionales de la Fiscalía panameña acusó inviabilidad de remitir pruebas sobre el caso BCT pues esos delitos no estaban tipificados en ese país cuando presuntamente se cometieron.

De igual forma, el mandatario dijo que había un "claro conflicto de intereses" por parte de González, toda vez que supuestamente trabajó para Leonel Baruch —dueño de BCT— cuando este fue ministro de Hacienda, entre 1999 y 2001.

No obstante, González se defendió de este extremo alegando que su jefa directa fue Dagmar Hering, directora jurídica de Hacienda, y que "no tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él".

El presidente aseguró que González debió haberse apartado de la causa y también reprochó que, a su entender, antes de su solicitud de desestimación del caso, no había entrevistado a ningún funcionario de Hacienda para obtener más información.

Según Chaves, este caso va a "retratar muy claramente la ruta del nuevo fiscal [general de la República], don Carlo, con quien he conversado". "Yo tengo fe de que don Carlo, el nuevo fiscal, es una persona que tiene el corazón en el lugar correcto, pero nosotros no vamos a confiar únicamente en la Fiscalía para estos casos", añadió.

Para el presidente es altamente cuestionable que no se hayan presentado "elementos investigatorios [sic]" que justifiquen "una respuesta relámpago de una fiscal en casos que llevan años, en días feriados, sin haberse inhibido por un clarísimo conflicto de intereses".

Por esta razón, el Poder Ejecutivo solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que se apersone en el caso, casi una semana después de que esa institución ya se hubiera apersonado en el mismo.