El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) declaró estar "imposibilitado" para investigar hechos delictivos de maltrato animal, tal y como lo establece la Ley de Bienestar de los Animales, que entró a regir el 26 de junio de 2017.

Así consta en el oficio 1289-DG-2018, que remitió el director de ese cuerpo policial, Walter Espinoza, a la fiscala general, Emilia Navas, quien finalmente trasladó esa preocupación al Consejo Superior del Poder Judicial el pasado 4 de diciembre.

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"Este órgano se encuentra en la obligación de atender las denuncias, pero no contamos con ningún tipo de recurso óptimo (material ni humano) para la atención de estos casos. El personal no cuenta con capacitación básica, en materia veterinaria, ni investigación forense en animales", dice el oficio, el cual fue analizado por el Consejo Superior en la sesión del 13 de diciembre anterior.

Según Espinoza, desde que la ley entró en vigencia han buscado aplicarla mediante acuerdos con otras instituciones, ya que “el legislador no contempló ningún tipo de presupuesto adicional, a pesar de todo lo que una ley de esta naturaleza implica para el Poder Judicial”.

El jerarca policial detalló que se trató de llegar a un acuerdo con personeros de la Universidad Nacional, pero se tuvo que descartar por razones presupuestarias. También con el Servicio de Salud Animal, institución con la que se elaboró un protocolo de atención de casos, pero la colaboración que les pueden dar allí es mínima y no viene a solucionar el problema, pues inicialmente les podían ayudar con las autopsias y ahora no.

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"No contamos entonces, en este momento, con ninguna posibilidad para atender diligencias de importancia en la atención de denuncias por maltrato animal, en ningún sentido por falta de disposición, si no por una contundente falta de conocimiento en el área por parte de nuestros funcionarios y profesionales, por falta de recursos materiales de todo tipo y claramente, falta de capacitación necesaria. Para solventar lo anterior, por nuestra cuenta hemos intentado encontrar soluciones viables y eficaces, sin que hayamos podido concluir estos intentos con buen término", añadió

Reclamo

En el oficio que dirigió Espinoza a la fiscala general, dice que el OIJ “ha hecho todo lo necesario para encontrar soluciones”, pero “se mantiene en una absoluta situación de imposibilidad para atender esta legislación.Hemos indicado a los órganos superiores la situación, sin que se haya acogido el tema con la seriedad debida y se implementen soluciones integrales”.

Por esa razón, el director del OIJ solicitó a Navas elevar “la grave situación”no solo a las autoridades del Poder Judicial, sino también las gubernamentales.

Consultada sobre el tema, Emilia Navas indicó, a través de la oficina de prensa, que el próximo 25 de febrero ella se reunirá con personal de la Fiscalía General, el OIJ, el Departamento de Planificación del Poder Judicial, y la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, con el fin de encontrar una solución.

De acuerdo con el acta 108-2018 del Consejo Superior, se ordenó a las direcciones del OIJ y Fiscalía elaborar un estudio en forma conjunta, sobre las necesidades reales de la institución, para hacerle frente a la aplicación de la citada ley.

ameliarueda.com

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