Suspensión de directivos de la CCSS "riñe" con la institucionalidad, reprocha la Uccaep al Gobierno

La suspensión de cinco miembros de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha provocado un choque entre el Gobierno y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), que reprocha que la medida "riñe con nuestro marco normativo".

El mandatario Rodrigo Chaves y la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, anunciaron este miércoles, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, que el Consejo de Gobierno acordó abrir procedimientos administrativos a cinco directivos de la institución a raíz de denuncias varias presentadas en su contra.

Presidencia eludió brindar el nombre de los directivos investigados, a los que también se decidió suspender "con goce de dieta" mientras se llevan a cabo los procedimientos administrativos, lo que en efecto deja a la junta directiva de la CCSS coja, con solo cuatro integrantes en activo, incluyendo a la presidenta ejecutiva.

La Uccaep, que designa a tres de los integrantes de la junta de la Caja, envió un comunicado interno a sus afiliados —del que este medio tiene copia— en el que expresa su "oposición" al acuerdo del Consejo de Gobierno, pues asegura que no se ha seguido el debido proceso ni hay una sentencia en firme contra los afectados.

Los representantes de los sectores en la junta directiva de la CCSS "son inamovibles", asegura la organización patronal, que cita la Ley Constitutiva de la institución para recordar que los directivos solo pueden removerse cuando "llegue a declararse en su contra alguna responsabilidad legal", entre otros motivos.

La Uccaep prometió que "defenderá el buen actuar de sus representantes en las distintas instituciones del Estado ante cualquier amenaza que riña contra el principio de legalidad", toda vez que el Estado puede suspender a sus representantes pero no a los de los sectores laboral y patronal.

"Nuestra solicitud al señor presidente será para que corrija lo anunciado de forma inmediata, en aras de no paralizar la toma de decisiones en la junta directiva de la institución más importante para el país", concluye la organización en su circular interna, titulada 'Uccaep demandará respeto a la institucionalidad democrática'.

Chaves y Esquivel explicaron que el Gobierno denunciará a los cinco directivos ante la Fiscalía, al igual que al expresidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos, por supuesto conflicto de intereses con una serie de decisiones adoptadas en los últimos meses, especialmente el aumento salarial a más de 60.000 funcionarios.

Ese ajuste salarial de ₡7.500 y retroactivo hasta 2020 fue aprobado por la junta directiva el 8 de septiembre pasado, lo que precipitó la destitución de Ramos al frente de la institución y el nombramiento de Esquivel en el cargo. Tras múltiples intentos por frenar el incremento, la CCSS anunció en noviembre que lo pagará.

Según Esquivel, se denunciará a Ramos por haber omitido una valoración actuarial, unos criterios técnicos y la política salarial de la institución para apoyar dicho ajuste. Además, los otros directivos investigados habrían incurrido en conflicto de intereses por votar un aumento salarial que habría beneficiado a sus familiares.