Caso BCT regresa a Fiscalía; Juzgado Penal de Hacienda rechaza solicitud de desestimación

Debido a que el Juzgado Penal de Hacienda rechazó la solicitud de desestimación del caso BCT planteada por el Ministerio Público, la investigación ahora debe volver a la Fiscalía, que tiene que decidir si vuelve a solicitar que se desestime o si presenta una acusación.

Así lo confirmó este miércoles la oficina de prensa del Poder Judicial a este medio. En una primera respuesta, el Poder Judicial señaló que "la persona juzgadora asignada para el estudio del caso dispuso su remisión ante el Ministerio Público para lo de su cargo (disconformidad)".

Dicha respuesta se acreditó al Juzgado Penal de Hacienda, mientras que la oficina de prensa explicó que, "al ser un caso en investigación, no tenemos acceso a resoluciones o documentos por disponerlo así el numeral 295 del Código Procesal Penal".

Tras una segunda pregunta, en aras de obtener una respuesta más clara, la oficina de prensa del Poder Judicial indicó lo siguiente: "El caso se devolvió al Ministerio Público para que sea la Fiscalía la que decida qué hacer con el caso".

El citado juzgado se basa el artículo 302 del Código Procesal Penal para justificar el reenvío del caso al Ministerio Público por "disconformidad", que significa que el tribunal considera procedente la apertura de un juicio pese a la solicitud de desestimación de la Fiscalía.

En ese caso, el tribunal "le remitirá nuevamente las actuaciones al fiscal, por auto fundado, para que modifique su petición en el plazo máximo de cinco días", reza el texto de ese numeral del Código Procesal Penal.

"Si el fiscal ratifica su solicitud y el tribunal mantiene su posición, se enviarán las actuaciones al Fiscal General o al fiscal superior que él haya designado, para que peticione nuevamente o ratifique lo planteado por el fiscal inferior", añade el artículo 302.

"Cuando el Ministerio Público reitere su solicitud, el juez deberá resolver conforme a lo peticionado, sin perjuicio de la impugnación de la decisión por la víctima", dice también el citado epígrafe del Código Procesal Penal.

Antecedentes

Tras la denuncia planteada por el Ministerio de Hacienda por el supuesto fraude fiscal por ₡11.000 millones que aparentemente implica al Banco BCT —propiedad de Leonel Baruch—, la Fiscalía pidió el 2 de enero la desestimación del caso alegando imposibilidad para recabar pruebas y obtener cooperación por parte de autoridades panameñas.

Cabe recordar que la presunta trama denunciada por Hacienda señalaba que un banco privado habría utilizado una empresa en Panamá para defraudar al fisco costarricense con el impago de ₡11.000 millones en impuestos.

La fiscal adjunta de delitos económicos, Criss González, a la que se asignó el caso, solicitó el segundo día del año la desestimación del caso porque los hechos investigados tuvieron lugar entre 2008 y 2015, años en los que Panamá no tenía legislación sobre estos asuntos, por lo que no podía continuar con la investigación.

La Fiscalía habría comunicado oficialmente la solicitud de desestimación el 9 de enero, diez días antes de Hacienda hiciera una conferencia de prensa para anunciar "megacasos" de corrupción, entre ellos el del banco privado cuyo nombre no fue difundido explícitamente por el Ministerio, sino por la Fiscalía.

En conferencia de prensa el 25 de enero, el presidente Rodrigo Chaves respaldó la actuación de Hacienda y cargó contra la fiscal adjunta, a la que acusó de tener un conflicto de intereses por haber trabajado para Hacienda cuando Baruch fue ministro, y a quién cuestionó por haber pedido la desestimación mientras estaba supuestamente de vacaciones, señalamientos que ella rechaza.

Posteriormente, el departamento de Inspección Judicial del Poder Judicial inició una investigación sobre las declaraciones del presidente, aclarando que no se investigaba a la fiscal adjunta sino que se intentaba arrojar luz sobre la veracidad de las acusaciones vertidas por el mandatario.

Ese fin de semana, en el programa Estado Nacional, transmitido el 29 de enero, el fiscal general, Carlo Díaz, anunció que había pedido a González separarse del caso. El 1 de febrero, en un derecho de respuesta remitido a Telenoticias, la fiscal adjunta afirmó que fue ella quien había solicitado la inhibición, no el fiscal general.

Tras todos estos acontecimientos, este miércoles se dio a conocer que el Juzgado Penal de Hacienda remitió el caso nuevamente a la Fiscalía; es decir, rechazó la solicitud de desestimación planteada originalmente por González, obligando al Ministerio Público a volver a ver el caso.