
La Cámara Nacional de Agricultura acusa al Gobierno de "poner nuestra seguridad alimentaria en manos de unos muy pocos importadores" de arroz
Alessandro Solís
07/07/22 | 16:15pm
La llamada 'ruta del arroz' emprendida por el Gobierno de Rodrigo Chaves metería a la industria nacional en cuidados intensivos, según la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), que denunció este jueves que las medidas implementadas para supuestamente bajar el precio de este grano se han tomado sin criterios técnicos y sin considerar la opinión de los productores y empresarios locales.
Las medidas anunciadas "provocarán un daño irreversible haciendo que en un corto tiempo desaparezcan la producción e industrialización de la granza" y "atentan contra los encadenamientos productivos y más de 33.000 empleos asociados con esta actividad en 27 cantones arroceros de todo el país", aseguró la organización.
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Así reacciona este sector de productores arroceros a la bajada del arancel a la importación de este cereal que, según un decreto que el Gobierno envió a consulta y que anunció este miércoles en conferencia de prensa, pasará de un 36% a un 5% o menos. Chaves también ha anunciado otras acciones para eliminar el precio mínimo del arroz y permitir la fortificación del grano a quien pueda hacerla.
Conarroz defiende los aranceles como mecanismos de protección de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y cita otros sectores que tienen estos impuestos, como lo son el de embutidos, el azucarero y el porcino, por mencionar algunos. "Es importante para cualquier sector sensible agropecuario que la aplicación de estos aranceles siga en funcionamiento con el fin de protegerlos de mercados internacionales altamente distorsionados", dice la organización.
Estas preocupaciones se suman a las de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) que este miércoles expresó su inquietud ante la decisión de disminuir los aranceles de importación. "Esta decisión debió efectuarse tomando en cuenta los argumentos técnicos del sector arrocero nacional y las repercusiones que tendrá sobre los más de 33.000 empleos directos e indirectos que, según Conarroz, provee esta importante actividad productiva, principalmente en las zonas rurales del país".
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Según Rigoberto Vega, presidente de la CNAA, es "irrazonable" que Costa Rica ponga "nuestra seguridad alimentaria en manos de unos muy pocos importadores que buscan hacer su negocio a costa de arrasar con nuestro sector agropecuario e invocando impropiamente a un consumidor que no representan". "Desaparecer la producción nacional y depender de los vaivenes y fluctuaciones de los mercados internacionales en materia alimenticia no lo creemos el mejor camino", añadió Vega.
Para la CNAA, estas decisiones se han adoptado sin basarse "en la técnica" ni considerar "los beneficios socioeconómicos que tiene esta actividad para el país".
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