Fiscal anticorrupción supervisa caso BCT tras inhibitoria de fiscal adjunta: Ministerio Público

El fiscal subrogante, Miguel Ángel Ramírez, que dirige la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, supervisa y dirige el expediente del caso BCT tras la inhibitoria de la fiscal adjunta, Criss González, quien había solicitado desestimar la investigación el pasado 2 de enero, informó este miércoles el Ministerio Público.

El Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó a finales de enero la petición de desestimación planteada por González, por lo que el 1 de febrero remitió de vuelta el expediente a la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios.

En esos días, el Ministerio Público realizó un cambio relevante. El fiscal general, Carlo Díaz, anunció en un programa televisivo transmitido el 29 de enero que había pedido a la fiscal adjunta que se separara del caso, y ella dijo dos días después que fue por decisión propia.

Al margen de quién hizo qué, la Fiscalía confirmó ahora que González ya no supervisa el expediente y que en su lugar ha entrado Ramírez. El caso está siendo analizado por "personal fiscal especializado" que estudia la información y el material probatorio enviado por Hacienda.

El fiscal subrogante es quien releva al fiscal general en caso de incapacidad, inhibitoria, vacaciones o viaje fuera del país.

De momento, el Ministerio Público "está analizando el contenido de la resolución para, posteriormente, continuar con el proceso de investigación en caso de que fuere pertinente, siempre apegados al principio de legalidad y objetividad", reza el comunicado.

Esta actuación se lleva a cabo después de que el juzgado remitiera nuevamente el caso a la Fiscalía, alegando disconformidad, que según el Código Procesal Penal es cuando un tribunal considera pertinente abrir un juicio pese a la solicitud de desestimación del Ministerio Público.

El caso surgió tras una denuncia anónima, según el Ministerio de Hacienda, que indicaba que un banco privado costarricense habría incurrido en una trama con empresas en Panamá para evadir el pago de ₡11.000 millones en impuestos.

Tras una conferencia de prensa de Hacienda el 19 de enero, la Fiscalía confirmó esa tarde que se trataba de una causa contra la corporación BCT y su principal accionista, Leonel Baruch. El día siguiente, aclaró que el caso se encontraba "con solicitud de desestimación".

Las críticas del presidente Rodrigo Chaves a González por haber solicitado que se desestimara el caso motivaron una investigación interna del Poder Judicial para determinar si, como dijo el mandatario, hubo conflicto de intereses en su actuación como fiscal responsable de la causa.

Esta sucesión de eventos vino acompañada de la inhibitoria de González, así como de una solicitud del Gobierno a la Procuraduría para que actúe como fiscal en el caso. A eso se suma ahora la reapertura del expediente en el Ministerio Público.

Chaves calificó este miércoles el caso como "muy complejo" y repitió sus cuestionamientos a González por haber pedido la desestimación del caso con mucha "celeridad" y "premura". "Pensábamos que la investigación se debió haber hecho con muchísimo más esfuerzo", dijo.

"Creo que el Ministerio Público también va a hacer lo que corresponde, sin prisas, sin carreras extrañas, y sobre todo con la profundidad y rigurosidad que casos de esta naturaleza ameritan", manifestó el mandatario tras el rechazo a la solicitud de desestimación.

"Vamos a estar muy vigilantes desde el lado del Poder Ejecutivo", zanjó. "Me alegra que el proceso continúe. No estoy prejuiciando qué va a ocurrir, pero sí me hubiera entristecido muchísimo que aquí hubiera acabado esto", añadió.

Por su parte, Baruch envió un comunicado este miércoles señalando que confía en el sistema judicial. "Apoyaré al Ministerio Público facilitándole toda la información y documentación que requiera, para resolver cuanto antes esta investigación", dijo.