En tres meses de gracia, autobuseros cambiaron solo un tercio de unidades con vida útil vencida

A pesar de que el Consejo de Transporte Público (CTP) emitió en enero un ultimátum para que fueran sustituidas todas las unidades de autobús que cumplieron su vida útil el año pasado, las empresas solo cambiaron el 33% de la flotilla que debían cambiar.

El último informe del CTP sobre la vida útil de los buses muestra que hay 182 unidades del año 2007 aún inscritas ante el órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En enero, cuando se lanzó el ultimátum de tres meses, eran 270 los buses con más de 15 años.

La Ley 7.600, de igualdad de derechos para personas con discapacidad, establece que ningún bus de transporte público puede circular si fue fabricado hace más de 15 años. En 2022 hubo intentos para cambiar dicha ley y ampliar la vida útil, pero no han rendido frutos.

El CTP publicó en La Gaceta del 18 de enero de 2023 una notificación a todos los operadores de bus con unidades de más de 15 años, advirtiendo de que debían sustituir esas unidades en un "plazo improrrogable de tres meses", y que las mismas no podían circular durante ese periodo.

No cumplieron 60 empresas. Estas autobuseras tienen 918 unidades asignadas a sus rutas concesionadas, por lo que un 20% de la flotilla que representan en conjunto está fuera de la vida útil. En principio, sus unidades de más de 15 años no deben circular ni estar inscritas.

Las empresas que más buses de 2007 mantienen inscritos ante el CTP son Busetas Heredianas S.A. (con 20 unidades fuera de vida útil), Cooperativa de Transporte de Usuarios y de Servicios Múltiples de Atenas R.L. (con ocho unidades de 15 años), y Transtusa S.A. (con siete unidades que incumplen el plazo de ley).

Este medio revisó los registros del CTP a mediados de marzo y halló que, en ese entonces, las empresas habían retirado un 23% de los buses que debían retirar antes del 19 de abril. Es decir, en el último mes solo se retiró un 10% más, sin conseguirse la desincripción de todas las unidades caducadas.

Aunque estos autobuses aparezcan inscritos ante el CTP, no pueden brindar servicio de transporte público y la Policía de Tránsito tiene la competencia para sacarlos de circulación si incumplen con la ley.

Congreso aún no se decide

El proyecto de ley para ampliar la vida útil de los buses ha variado muchas veces en los últimos meses. Inicialmente, el texto planteaba cambiar la ley 7.600 para establecer una vida útil de 20 años y no de 15, como actualmente, pero ya esa opción no es viable en el Congreso.

La última moción aprobada en la Comisión de Asuntos Económicos —que estudia la iniciativa— fue presentada por el Frente Amplio (FA) y aprobada por la mayoría de diputados de ese foro, y establece una ampliación de solo un año a buses operados por cooperativas y pequeñas y medianas empresas.

Eso sucedió el pasado 21 de marzo y, desde entonces, poco más ha pasado en torno a ese proyecto de ley. En 2022, la Cámara Nacional de Transportistas (Canatrans) aseguró que mantener la ley como está llevaría al cierre de muchas rutas y empresas del sector, y pidió ampliar la vida útil a 20 años.