Si bien las autobuseras tienen tres meses para cambiar sus unidades de más de 15 años, estas no pueden prestar servicio de transporte público durante ese periodo
18/01/23 | 16:53pm
El miércoles 19 de abril vencerá el plazo de tres meses que el Consejo de Transporte Público (CTP) otorgó a las autobuseras para que sustituyan aquellas unidades fuera de vida útil, según consta en una notificación publicada este miércoles en La Gaceta.
El CTP adelantó el pasado 3 de enero que había enviado dicha prevención a las empresas del sector, pero la misma no entró en rigor sino hasta su publicación en el diario oficial. El plazo de tres meses se cuenta a partir de mañana, 19 de enero.
La notificación obliga a todos los concesionarios y permisionarios de rutas regulares de transporte público a "sustituir la o las unidades que al amparo del artículo 46 bis de la Ley 7.600 se encuentran fuera de vida útil".
Ese artículo de la Ley 7.600 establece que los buses no podrán superar una antigüedad de 15 años. En la Asamblea Legislativa actualmente se discute una potencial ampliación de la vida útil de los buses, pero está enfrascada en la Comisión de Asuntos Económicos.
El CTP recordó a las autobuseras que, si bien tienen tres meses para cambiar estas unidades, las mismas no pueden prestar servicio de transporte público durante ese periodo. La Policía de Tránsito avisó que, de lo contrario, las retirará de circulación.
Durante los últimos tres meses de 2022, las empresas de transporte público sacaron de los registros del CTP 107 buses que tenían más de 15 años de antigüedad; algunos habían alcanzado el tope de vida útil en los años 2020 y 2021 y seguían registrados ante el ente.
No obstante, según los últimos documentos remitidos por el CTP a este medio, todavía están inscritos 274 buses de más de 15 años. En ese registro hay unidades tan viejas como 2001. El CTP aún no ha respondido preguntas de este medio al respecto.
El CTP y la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) apoyan la iniciativa legislativa para aumentar la vida útil de los buses. Las fracciones del Congreso actualmente debaten sobre si hacer una ampliación única de dos años para que puedan cambiar flotillas.
Los autobuseros también reclaman mecanismos de financiamiento para adquirir nuevas unidades, alegando que el descenso en el uso del transporte público desde la pandemia de la covid-19 ha provocado una caída de ingresos.
Distintos sectores —desde usuarios hasta personas con discapacidad— han criticado que los autobuseros sabían desde antes de la pandemia que debían cambiar los buses, y señalan que las tarifas incluyen montos por depreciación para renovar las flotillas.
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