290 buses no podrán circular el 1 de enero sin ampliación de vida útil, asegura Canatrans

Por cumplir los 15 años de antigüedad máxima que establece la ley, 290 autobuses no podrán circular a partir del 1 de enero de 2023 si los diputados no autorizan ampliar la vida útil de las unidades, advirtió este lunes la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) en una conferencia de prensa convocada con carácter urgente.

Algunas de las rutas que podrían quedar sin servicio serían en comunidades de Turrialba, "varias zonas" del Gran Área Metropolitana como Guadalupe, Escazú, Santa Ana, Hatillos y Heredia, y en general se verían afectaciones en "todo el país", señalaron representantes de la organización.

La Asamblea Legislativa tiene hasta esta semana para tomar una decisión, pero se han puesto más de 100 mociones contra el proyecto de 22.530, que pretende ampliar por una única de vez la vida útil de los buses de los actuales 15 años a 20 años; es decir, otorgar un periodo de gracia de cinco años a las empresas afectadas.

Canatrans, que dice representar al 80% del sector, criticó al partido Frente Amplio (FA) por poner las mociones. "Este es un tema que se ha tergiversado desde un punto de vista de pensamiento político", señaló la directora ejecutiva de la organización, Silvia Bolaños, que rechazó que la medida afecte a personas con discapacidad.

"Hemos presentado mociones para que este aplique solo a pequeñas empresas y se les brinde un apoyo económico para cambiar las unidades", dijo el pasado 14 de diciembre el diputado del FA, Antonio Ortega, ante las críticas por supuestamente entorpecer el proyecto de ley.

La ley 7.600, de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, establece en su artículo 46 bis que la vida útil de los autobuses no podrá superar los 15 años. Si bien el sector promovió una iniciativa para modificar dicho artículo, actualmente la iniciativa prevé solo una única ampliación por cinco años.

Actualmente hay "más de 95 comunidades sin servicio" porque las unidades que brindaban servicio en esos lugares superaron los 15 años de edad, afirmó Bolaños. A su parecer, se ha llevado el debate hacia la calidad del servicio y no hacia la prioridad, que debería ser la continuidad del servicio para "más de un millón de costarricenses".

"Este proyecto no afecta en nada temas de accesibilidad. Hay una confusión que se ha querido generar", transmitió la directora ejecutiva de Canatrans. Por su parte, el presidente de la organización, Carlos López, manifestó que, si estas empresas deben cambiar las unidades, las tarifas subirían, mientras que por el contrario no.

El argumento de los autobuseros es que las empresas tienen estados financieros negativos debido a la afectación de la pandemia de la covid-19, por lo que no pueden acceder a créditos con buenas condiciones para renovar sus flotillas de buses, de forma que este periodo les permitiría recuperarse para en el futuro cambiar las unidades.

Ante la "preocupación" de que un 6% de la flotilla nacional (que es de 4.800 buses) tenga que dejar de operar a inicios de año, Canatrans convocó a una conferencia de prensa en el auditorio del Consejo de Transporte Público (CTP) para advertir de que, si no hay voluntad política, "vamos a tener una situación complicada en el país", dijo Bolaños.

Precisamente, el pasado miércoles la junta directiva del CTP tomó un acuerdo unánime para comunicarle a todos los empresarios que tienen buses con vida útil pronto a vencer que a partir del 31 de diciembre a la medianoche tienen que "paralizar" esas unidades, informó Gilbert Ureña, representante de los taxistas en la junta directiva de ese órgano.

Estas 290 unidades que vencen el 31 de diciembre se suman a "más de 300 unidades" que ya alcanzaron su vida útil en 2020 y 2021, dijo Bolaños, que defendió que es necesario ampliarla porque el sector tiene actualmente un 30% menos de usuarios que antes de la pandemia, por lo que muchas empresas no pueden invertir en buses nuevos.

"Este proyecto de ley no significa que las 4.800 unidades tienen un problema de vencimiento de vida útil", explicó la directora ejecutiva de Canatrans, que cree que el Estado debe dar buenas condiciones de crédito a estas empresas a la vez que amplía su fecha de caducidad para ayudar al sector a recuperarse.