Antigüedad de buses no solo afecta a personas con discapacidad: voces opuestas a ampliar vida útil

Pese a que es la ley 7.600 —de igualdad para personas con discapacidad— la que establece la vida útil de los buses, no es solo a esta población a la que afecta la antigüedad de las unidades de este transporte colectivo, según varios sectores opuestos a ampliar la cantidad de años para que puedan circular.

AmeliaRueda.com contactó con representantes de personas con discapacidad, adultos mayores, consumidores y asociaciones de desarrollo para recabar sus posiciones sobre la antigüedad de los buses, y uno de los mensajes más comunes fue que esto afecta a todos los usuarios de transporte público.

"Son buses demasiado viejos como para arriesgar la vida, no solo de las personas con discapacidad, sino de todos los usuarios", manifestó Maritza Parini, presidenta de la Federación Costarricense de Organizaciones de Personas con Discapacidad (Fecodis), quien dijo estar en desacuerdo con la iniciativa legislativa que pretende ampliar la vida útil de las unidades.

El propio Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) —un ente gubernamental adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)— ya se había manifestado en contra del proyecto de ley en diciembre, cuando dijo que afectaría a personas con discapacidad y a todos los usuarios de buses.

Ampliar la vida útil de los autobuses no es una medida "proporcional ni razonable" para el Conapdis, pues las empresas del sector "han tenido un plazo amplio" para cumplir con esta obligación y cuando aceptaron la concesión se comprometieron a cumplir con los requerimientos de accesibilidad.

"Bastante tiempo se les ha dado ya a los autobuseros, principalmente a las empresas en este caso, y no han cumplido con la ley", dijo en ese mismo sentido Parini. Asimismo, la presidenta de Fecodis criticó que "cada vez están desmantelando más los derechos de las personas con discapacidad".

Estas organizaciones también han reprochado que no se les ha consultado sobre este proyecto de ley, pese a que lo que se busca es reformar la ley 7.600. Esto "representa una violación directa" a los derechos de la población con discapacidad y "una posible inconstitucionalidad", dijo Conapdis.

Adultos mayores

La Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco) se sumó a las críticas del Conapdis porque "las personas adultas mayores tienen derecho, igual que cualquier otro ciudadano, a poder disponer de medios de transporte que sean seguros", en palabras del gerente general de la organización, Fabián Trejos.

"Nos parece que tal medida no es conveniente y, sobre todo, que el sector ha tenido mucho tiempo para poder realizar los ajustes y pareciera que, como todo en este país, dejaron que llegara la fecha límite", comentó Trejos, que también señaló que a Ageco no se le consultó sobre la iniciativa legislativa.

Zulema Villalta, quien fuera presidenta de la junta del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), manifestó que ampliar la vida útil de las unidades "no es la solución" y que puede pasar lo mismo que pasó con los taxis, "que empezaron a pedir más y más años" sin que eso resolviera el problema.

"La solución es perseguir una tarifa justa, estar muy atentos a los movimientos oficiales en cuanto a la fijación de tarifas con modelos que han sido muy cuestionados por cuanto en apariencia no cubren todos los costos operativos, y buscar otras alternativas para no desmejorar la calidad del servicio", dijo Villalta.

La expresidenta de la junta del Conapam también es de la opinión de que esta medida no solamente afectaría a la población adulta mayor, sino a todas las personas usuarias del transporte público a nivel nacional. "El tema de la calidad del servicio es integral y va más allá de la estructura de un autobús", concluyó.

Usuarios y consumidores

Marcos Carazo, de la Organización de Defensa Efectiva de Consumidores y Usuarios de Costa Rica, relató que "tenemos posiciones encontradas" porque, si bien apoyan ampliar la vida útil una única vez para salir de la crisis, también consideran que la calidad del servicio ha sido paupérrima siempre.

"Ahora los empresarios siempre manifiestan que no tienen las utilidades de siempre, pero el servicio ha sido deficiente siempre", afirmó Carazo. "Sin embargo, sí me parece importante pero que sea temporal, para salir de la crisis", añadió sobre la posibilidad de elevar el tope de antigüedad de los buses.

"¿Quién sigue siendo el maltratado? El usuario, que paga por el mismo servicio que a veces es más que deficiente", continuó el representante de consumidores y usuarios, que incluso se abrió a la posibilidad de que la ampliación de la vida útil no sea generalizada sino que se determine "en casos muy particulares".

Ese es también el parecer del presidente de Asociación de Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate, quien el pasado julio fue designado por el Gobierno de Rodrigo Chaves como el representante de los usuarios en la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP), ente rector del asunto.

Consumidores de Costa Rica considera que "la vida útil debería determinarse técnicamente, de tal forma que se garantice la seguridad, comodidad y accesibilidad de los usuarios", explicó Ulate, que cree que debe definirse en función de las rutas, su utilización y las características de los buses.

En ese sentido, Ulate defendió que el proyecto de ley para ampliar la vida útil podría ayudar a definir los parámetros técnicos para poner coto a la antigüedad de los buses. Por ello, pidió que "el proyecto indique que la vida útil debe establecerse de manera técnica acorde al avance de la tecnología".

Zonas rurales

La vigencia de las unidades de transporte público "ha impactado y está impactando la posibilidad de que muchos ciudadanos y ciudadanas no tengan oportunidad de movilizarse ya sea a cumplir con su trabajo, citas médicas, traslado a centros educativos y todo lo que impacta no tener transporte".

Esa es la posición que transmitió Daniel Quesada, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco), quien mostró preocupación por las afectaciones que pueden darse en las zonas rurales si se pierden muchas unidades y algunas rutas dejan de tener operadores en activo.

Conadeco sugiere que una posible solución sería que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a través del CTP, otorgue algunas rutas a asociaciones de desarrollo para evitar que los vecinos de zonas rurales y recónditas se queden sin servicio de transporte público.

El proyecto de ley para ampliar la vida útil de los buses sigue en discusión en el Congreso, donde regresó a la Comisión de Asuntos Económicos a finales de diciembre para atender mociones presentadas por el Frente Amplio (FA). Los diputados no pudieron devolverlo al plenario antes de sus vacaciones.

Mientras la iniciativa legislativa no avanza ni se define qué sucederá con la antigüedad de los buses, el CTP recordó a los concesionarios de transporte público que las unidades de 15 años o más no pueden circular por lo que deben retirarlas de las calles. Además, dio tres meses a las empresas para sustituirlas.