Extensión de vida útil de buses divide a diputados; Gobierno apoya ampliación de dos años

La potencial ampliación de la vida útil de los autobuses sigue creando un cisma en la Asamblea Legislativa, donde las diferentes fracciones legislativas y el partido del Gobierno tienen posiciones encontradas con respecto a múltiples detalles de la iniciativa.

Durante diciembre hubo presión tanto de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) como del Consejo de Transporte Público (CTP) para que los legisladores dieran luz verde al proyecto de ley para que las autobuseras tengan más tiempo para renovar sus flotillas.

Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que cientas de unidades vencieran el 31 de diciembre de 2022, el CTP ordenó el pasado 3 de enero el retiro de todas las unidades con más de 15 años de antigüedad y su sustitución en un plazo no mayor a tres meses.

La jefa de fracción del partido oficialista Progreso Social Democrático (PSD), Pilar Cisneros, afirmó que su bancada y el Ejecutivo están de acuerdo con "prorrogarles el plazo para que ellos puedan salir de los serios problemas financieros que les dejó la pandemia".

No obstante, aagregó que no apoyan la versión original de la iniciativa que planteaba aumentar la vida útil de 15 a 20 años de forma permanente. La Comisión de Asuntos Económicos ya acordó en diciembre ampliar el plazo tres años una vez, pero hay más mociones pendientes.

"Yo no pierdo la esperanza de que haya un acuerdo", declaró Cisneros. "Hay una situación real, comprobable y comprobada, de que el sector autobusero fue de los más afectados durante la pandemia, entonces nosotros estaríamos de acuerdo", añadió.

La legisladora oficialista considera que puede extenderse dos años, "que fue más o menos la afectación real que tuvieron las empresas de transporte público con la pandemia". Pero incluso se mostró dispuesta a negociar otro plazo con tal de alcanzar un acuerdo.

PUSC apoya; PLP se desmarca

La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) sigue defendiendo el proyecto, pero la versión modificada en Hacendarios para que se amplíe por tres años una única vez. La iniciativa fue presentada por el exdiputado de esa bancada Erwen Masís en 2021.

"Ha existido una gran discusión en el tema", dijo Daniela Roja, jefa de fracción del PUSC. "Lo cierto es que no se puede poner en juego la movilidad de los costarricenses y muchas rutas que podrían ser cerradas si no logramos avanzar con la propuesta", añadió.

Por su parte, la mayoría de diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) se desmarcó de la iniciativa, pues cinco de seis anunciaron que votarán en contra del proyecto "de la forma en que está actualmente planteado", en palabras del jefe de fracción, Eliécer Feinzaig.

"La mayoría de los diputados [del PLP] estamos con la posición de no alargar la vida útil", pues es un proyecto "indiscriminado" que trata a pequeñas empresas y a autobuseras rurales de la misma forma, y "esto no se puede hacer a expensas de la calidad del servicio".

Las jefaturas de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), Nueva República (PNR) y el Frente Amplio (FA) no atendieron consultas sobre este tema antes de la publicación de esta noticia. De estas, la fracción del FA de ha opuesto rotundamente.

A lo interno del PLN hay otras posiciones encontradas. Por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Económicos, la diputada Montserrat Ruíz se mostró de acuerdo en diferenciar a grandes y pequeñas autobuseras, mientras que su compañera Carolina Delgado lo rechazó.

La diputada Olga Morera, de Nueva República e integrante de la comisión que estudia el expediente, votó a favor de ampliar la vida útil por tres años una única vez.