Fiscalía investiga a dos ministros y un viceministro por presunto delito de prevaricato al anular licitación de inspección técnica vehicular
Jerarcas participaron de la Junta Directiva del Cosevi para dejar en firme la decisión que el presidente Chaves había anunciado un mes antes
21/08/25 | 05:35am
Tras recibir una denuncia, la Fiscalía General inició un proceso de investigación contra dos ministros y un viceministro quienes fueron los responsables de dejar en firme la decisión de anular por completo todo el proceso de licitación y precalificación para la contratación de dos empresas que brinden el servicio de inspección técnica vehicular en el país.
Se trata de la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Munive, así como el ministro de Educación, Leonardo Sánchez y el viceministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Ávila.
Estos tres funcionarios fueron los encargados, el pasado 2 de julio, de participar de la Junta Directiva del Consejo de Seguridad (Cosevi) y dejar en firme la decisión de desechar todo el proceso que se había iniciado tres años atrás, decisión que (sin haberse tomado oficialmente) anunció un mes antes, en conferencia de prensa (el 4 de junio), el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro del MOPT, Efraím Zeledón.
“La fiscalía general confirmó que recibió una denuncia por los hechos, la cual se encuentra en investigación, dentro del expediente 25-000097-0033-PE, por el supuesto delito de prevaricato.
“Las personas denunciadas son de apellidos Ávila, Sánchez y Munive”, informó el Ministerio Público ante la consulta de AmeliaRueda.com.
La decisión de empezar de cero implica que la empresa Dekra–que había quedado fuera de la precalificación y de los nuevos contratos del servicio–continuará operando bajo la figura de permiso de uso en precario hasta que el Gobierno logre iniciar, avanzar y concretar un nuevo proceso de licitación.
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Sesión de Cosevi
La sesión ordinaria 0025-2025 de la Junta Directiva del Cosevi en la que se tomó la decisión de anular todo el proceso de licitación que dejaba por fuera a la empresa Dekra, actual operador del servicio, tuvo diversas particularidades.
La convocatoria se realizó en Casa Presidencial, así consta en el acta de dicha sesión, esto pese a que regularmente se sesiona desde las oficinas del Cosevi en La Uruca.
Además, la sesión contó con la presencia de los ministros de Salud y Educación, lo cual no es usual, ya que ambos jerarcas tienen representantes definidos de cada ministerio en dicha Junta.
“El Lic. Carlos Ávila Arquín, presidente de la Junta Directiva como delegado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, indica que la sesión se está realizando de manera presencial desde el Despacho de la Segunda Vicepresidencia de la República en Zapote.
“Esta decisión se tomó para facilitar la participación de los señores ministros que deben asistir al Consejo de Gobierno en esta misma fecha. Participan presencialmente el propio Lic. Carlos Ávila Arquín, la Dra. Mary Munive Angermüller, Ministra en representación del Ministerio de Salud y el Lic. Leonardo Sánchez Hernández, Ministro en representación del Ministerio de Educación Pública”, menciona el acta.
En dicha sesión, según consta en el acta, se tuvo la presentación directa de la ministra de Salud sobre las razones por las que se tomaba la decisión de anular el proceso, argumentando posible conflicto de interés al determinar que el representante de una de las empresas que precalificaron en el proceso (Applus) esta compuesta por 14 empresas, entre ellas, Riteve, la cual se determinó que tenía relación familiar con una compañía autobusera (Tuasa), lo cual representaría una prohibición legal para ser adjudicados.
Ante esto, se tendría como resultado del proceso que solo una empresa sería adjudicada (Tüv Rheinland), lo que impediría cumplir con el objetivo de abrir el mercado y generar competencia a favor de los usuarios.
“La Dra. Mary Munive Angermüller indica, que su intervención tiene como propósito presentar una línea cronológica sobre el tema en discusión, así como justificar que se ha realizado una valoración exhaustiva por parte de los miembros del Consejo, respecto a la propuesta relacionada con la revisión técnica vehicular.
“La Dra. Mary Munive Angermüller señala, que se han realizado distintos abordajes para contar con el contexto necesario y una comprensión profunda de lo que implica la decisión a tomar. Con esta cronología se pretende evidenciar que se ha destinado el tiempo suficiente para analizar la temática y asegurar que todos los miembros cuenten con el conocimiento adecuado sobre el tema”, menciona el acta.
Tras la exposición de la jerarca, los tres miembros del Poder Ejecutivo, únicos miembros presentes en la sesión, tomaron la decisión de dar marcha atrás en el plan de licitación y apertura del servicio de la inspección técnica vehicular. Por esta decisión, anunciada de previo por el presidente, ahora los jerarcas son investigados en la vía penal.