Corte de cabello, posiciones corporales y difusión de fotos y videos sin consentimiento: principales reclamos ante Sala IV tras apertura del Cacco
Magistrados han recibido 27 gestiones relacionadas con el régimen de alta contención y la entrada en operación del Cacco
08/11/26 | 08:14am
Un total de 27 gestiones se han presentado ante la Sala Constitucional de manera reciente y con relación al régimen carcelario y la entrada en operación del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco).
Del total de expedientes, 16 son recursos de amparo y 11 corresponden a un hábeas corpus, según información brindada por el Tribunal Constitucional ante consulta de AmeliaRueda.com.
De los 27 expedientes registrados, 11 recursos ya fueron cursados, es decir, admitidos para análisis; otros dos ya fueron declarados sin lugar y tres fueron rechazados de plano.
Entre los principales reclamos que llegan hasta los magistrados se menciona: el corte de cabellos a los privados de libertad enviados al Cacco, las posiciones corporales que se implementan durante los procedimientos y la difusión de fotos y videos por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz sin el consentimiento de las personas encarceladas.
“Los asuntos plantean cuestionamientos relacionados con los traslados de personas privadas de libertad a los regímenes de alta contención y al CACCO, así como con los criterios técnicos y procedimientos utilizados para adoptar esas decisiones.
“También se presentan reclamos sobre las condiciones de reclusión, la atención médica, la comunicación con familiares, el acceso a la defensa y las actuaciones realizadas durante los operativos de traslado e ingreso al centro”, señala la Sala Constitucional en referencia a los expedientes presentados.
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En cuanto a la difusión de fotos y videos, las personas recurrentes señalan que la exposición pública de los privados de libertad va en contra de derechos como la dignidad, la intimidad, imagen e integridad personal.
En detalle
Entre los expedientes cursados se encuentra el reclamo presentado a favor de dos privados de libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de julio en Puntarenas, que fueron enviados al Cacco por orden del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, tras una requisa realizada en dicho centro penal.
Lo ocurrido durante dicha requisa se dio a conocer por medio de las redes sociales del Ministerio de Justicia donde publicaron un video en el cual se observaba al jerarca de la cartera gritar a los privados de libertad.
En este recurso también se alega que “las personas fueron esposadas, colocadas boca abajo en el suelo e increpadas frente a otras personas privadas de libertad”. Se agrega el reclamo por la difusión de dichas imágenes.
También se cursaron expedientes relacionados con atrasos en la resolución de quejas, reclamos por trato intimidatorio y amenazas de traslado al Cacco, traslados irregulares entre centros penales, supuestas agresiones físicas, grabaciones sin consentimiento, entre otros.
“La recurrente, esposa del tutelado, señala que se enteró del traslado mediante noticias y videos difundidos públicamente, sin que ninguna autoridad penitenciaria le comunicara previamente la decisión”, se menciona en uno de los expedientes cursado.
“El recurrente cuestiona las posturas de sometimiento en las que aparecen algunas personas privadas de libertad durante su ingreso al centro, la intervención física de los oficiales y la difusión pública de fotografías y videos de esos procedimientos”, señala otro de los reclamos cursados.
En estudio
Once expedientes presentados ante la Sala Constitucional relacionados con el régimen de alta contención aún se mantienen en estudio, es decir, en proceso de admisibilidad.
Estas gestiones reiteran los reclamos de presunto trato degradante en el Cacco y traslados sin criterios técnicos o amenazas de traslado.
“La parte recurrente sostiene que la condena penal no demuestra, por sí sola, que la persona tenga vínculos con el crimen organizado, ni que deba permanecer en un centro de alta contención”, menciona uno de los expedientes en estudio.
En otra gestión también se pide la intervención de los magistrados ante la falta de puertas, mamparas o barreras en los servicios sanitarios del Cacco, al argumentar que en las imágenes difundidas se observa la falta de esta infraestructura.
A criterio del recurrente, quien se identificó como un abogado defensor de cuatro privados de libertad, esta situación no permite el resguardo de la intimidad de quienes utilizan dichos servicios sanitarios.
“… el traslado expondría a los tutelados a una observación permanente durante sus necesidades fisiológicas y actividades de higiene personal, lo que podría afectar sus derechos a la intimidad, la dignidad y la integridad personal”, manifiesta.
En el reclamo que tiene relación con la medida de corte de cabello y barba se pide aclarar si los reos fueron sometidos para avalar dicha medida y además pide que Justicia anonimice las publicaciones que realiza.
En otro expediente donde se realiza el mismo reclamo, se pide a los magistrados que ordenen suspender los cortes de cabello o barba no consentidos y las “posturas corporales humillantes y de sometimiento”.
Sin avance
Entre los 27 expedientes presentados de manera reciente ante la Sala Constitucional para analizar situaciones del régimen carcelario que se aplica en este momento, hay dos que ya fueron declarados sin lugar y tres más que se rechazaron de plano.
Los expedientes declarados sin lugar tenían relación con traslados al Cacco y exposición de los privados de libertad a amenazas contra la vida e integridad física.
Por su parte los tres rechazos de plano pretendían evitar el traslado de privados de libertad al Cacco e incluso paralizar su entrada en funcionamiento.
“La gestión cuestionaba posibles altas temperaturas en los módulos, falta de privacidad en los servicios sanitarios y las duchas… así como riesgos derivados de la ubicación conjunta de personas pertenecientes a distintos grupos delictivos”, describe uno de los expedientes con rechazo de plano.
En otra de las gestiones también se intentó reclamar por las restricciones de visitas y llamados a los privados de libertad del Cacco, supuestas limitaciones a la atención médica y psicológica y falta de programas de educación y reinserción social.
También se agregó que la persona recurrente tenía una gran preocupación por la eventual aplicación de un modelo carcelario en el país similar al que tiene El Salvador.
El tercer recurso de amparo rechazado de plano lo presentó el fiscal general, Carlo Díaz, quien mostró por ese medio su oposición al planteamiento del Gobierno para llevar estudiantes de “barrios peligrosos” a conocer el Cacco.
La Sala IV rechazó de plano dicha gestión al calificarla de “prematura” y concluir que no existía ningún plan concreto sobre el tema.
En las 27 gestiones presentadas y de las cuales 22 siguen activas (11 cursadas y 11 en estudio) se reitera como autoridad recurrida, principalmente, el Ministerio de Justicia y Paz y su jerarca, Gabriel Aguilar; Adaptación Social, el CAI Jorge Arturo Montero Castro, La Reforma; la presidenta de la República, Laura Fernández; e incluso el Ministerio de la Presidencia.