“Trato cruel y degradante” denuncia ONG sobre requisa en La Reforma liderada por ministro; OIJ y fiscalía investigan lo ocurrido
Justicia señala que se trató de un “operativo rutinario”
12/10/26 | 09:54am
En medio de diversos señalamientos por presuntas agresiones a privados de libertad durante un operativo de requisa realizado el pasado viernes en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Castro, conocido como La Reforma, la ONG Asociación Ayudando a los Privados de Libertad mostró fotografías de lo ocurrido en dicho centro penal.
La denuncia señala que las autoridades mantuvieron a los reos durante tres horas acostados boca abajo en el pavimento.
Para el presidente de la ONG, Rafael Ángel García, Lo registrado el pasado viernes en La Reforma representó un acto contrario a la ley y por esa razón piden explicaciones al Ministerio de Justicia, entidad que rechaza los señalamientos.
“El ministro dijo que en ningún momento se le había dado un trato cruel y degradante (a los privados de libertad) durante la requisa que él dirigió en este lugar y vemos en las fotografías cómo privados de libertad recibieron un trato cruel y degradante obligándolos durante tres horas estar boca abajo, con la cara en el pavimento sin importar si estuviera seco o estuviera mojado, esto es un trato cruel y degradante”, manifestó García.
En dicha organización piden el pronunciamiento de las autoridades al hacer referencia de que se trata de la segunda oportunidad donde se cuestionan actos de este tipo, al hacer referencia a la visita que días atrás realizó el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, a la cárcel de Puntarenas.
“Ya vimos lo que pasó en la cárcel 26 de julio, cómo el ministro humillaba y le gritaba a los privados de libertad, y el peor error que cometió fue haberlo publicado en la página del Ministerio de Justicia y ahora no lo publicaron, pero nosotros obtuvimos las fotografías de lo que ocurrió el viernes”, agregó el presidente de la asociación, quien además manifestó que presentaron todas las denuncias que corresponden.
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Los señalamientos realizados este fin de semana por la requisa del pasado viernes ya es parte de una investigación que lidera la Fiscalía General, por estar involucrado un miembro del Poder Ejecutivo.
Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), policía judicial que ya realizó las primeras diligencias para la investigación del caso.
“Bajo dirección funcional con el Ministerio Público, se está haciendo la investigación. Es importante indicar que el OIJ está investigando bajo dirección funcional del fiscal general, esto por tratarse de un miembro de los Supremos Poderes”, informaron en el OIJ.
Niegan acciones
Ante los señalamientos sobre posibles agresiones a privados de libertad, el Ministerio de Justicia negó haber realizado dichos actos y afirmó que lo ocurrido el viernes anterior en uno de los módulos de La Reforma se trató de un “operativo rutinario”.
Las autoridades argumentaron que dicha intervención permitió decomisar armas en las celdas y que los cuestionamientos responden a la “tensión” que provoca en la población privada de libertad la cercana apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), nueva mega cárcel que entrará en funcionamiento el próximo miércoles 14 de octubre.
“Es rotundamente falso que hubiese agresiones o maltratos en el operativo realizado en el centro penitenciario La Reforma.
“Se trató de un operativo rutinario, junto con el Ministerio de Seguridad Pública, con el uso de escáneres móviles para detectar objetos prohibidos, con el resultado de una gran cantidad de armas punzocortantes decomisadas”, dijo el ministro de Justicia al señalar que todo lo dicho sobre posibles agresiones o trato degradante corresponde a denuncias sin fundamento y malintencionadas.
Aguilar se refirió además a la denuncia abierta en su contra y dijo “que no le sorprende”, ya en este momento suma ocho denuncias, cinco de ellas por presunto abuso de autoridad, lo cual achaca a un actuar en su contra por parte del fiscal general, Carlo Díaz.
Por su parte, la Dirección General de Adaptación Social también se pronunció ante los señalamientos y sus autoridades negaron haber realizado actuaciones “arbitrarias, agresiones físicas, golpes, traslados injustificados o prácticas que puedan constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.