Notifican a directivos de la CCSS sobre suspensión acordada por el Consejo de Gobierno

Después de dos convocatorias sin quórum la semana pasada, la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sesionó este lunes y finalmente funcionarias de Casa Presidencial notificaron a cuatro de sus integrantes sobre la suspensión de sus labores acordada la semana anterior por el Consejo de Gobierno.

Después de que el mandatario Rodrigo Chaves y la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, anunciaran la apertura de un procedimiento contra cinco directivos de la institución y la consecuente suspensión mientras se aclaran los hechos, el Consejo de Gobierno debía notificarles para proceder con la designación de sus relevos.

No obstante, las sesiones del jueves y el viernes 8 y 9 de diciembre fueron canceladas por falta de quórum. Mientras tanto, los cinco directivos suspendidos se pusieron a las órdenes de la Fiscalía el día 8, toda vez que Chaves y Esquivel habían anunciado el día anterior que les denunciarían penalmente, sin que se haya puesto la denuncia aún.

Martha Rodríguez, representante de los trabajadores en la junta, explicó que exclusivamente les comunicaron la suspensión pero no el traslado de cargos, y aseguró que "esto es un juicio político" contra directores que "no hemos cometido ningún delito". José Luis Loría, su compañero, añadió que "al Gobierno no le alcanzan las competencias para tomar la decisión que tomó".

Rodríguez señaló que se les notificó a ella y a Loría, así como a Carlos Salazar (representante del Gobierno) y a Jorge Hernández Castañeda (representante de la Uccaep), pero que no se pudo notificar de la suspensión a la también representante sindical Maritza Jiménez.

Ahora, que la junta directiva de la CCSS se quedó solo con cuatro de sus cinco integrantes, Rodríguez y Loría manifestaron que existen dudas sobre cómo proceder, pues las designaciones de los sectores son vinculantes y el Consejo de Gobierno solo debe autorizarlas, por lo que se desconoce cómo será el procedimiento para nombrar sustitutos, si fuera el caso.

Antecedente

Entre otros asuntos, los cinco directivos señalados, así como un exintegrante de la junta directiva nombrado por el Consejo de Gobierno y el expresidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos, fueron acusados por el Gobierno de ignorar criterios técnicos y actuariales en el momento de aprobar un aumento salarial el pasado septiembre.

Ese ajuste salarial se empezó a pagar este mes de diciembre y es retroactivo a 2020, pues se había congelado por el inicio de la pandemia del coronavirus. El presidente Chaves luchó contra su aplicación durante más de dos meses, incluso destituyendo a Ramos, pero a finales de noviembre reconoció que iba a tener que pagarse.

No obstante, tras admitir que el aumento salarial ya era un "derecho adquirido" de los funcionarios de la CCSS, el presidente y la jerarca de la institución expusieron el pasado miércoles 7 de diciembre una serie de supuestas irregularidades en el seno de la junta directiva, reavivando las tensiones con el órgano y con Ramos.

Parte del argumento del Gobierno es que, además de aparentemente haber ignorado criterios técnicos contrarios a aplicar el ajuste salarial, los directivos incurrieron en conflicto de intereses por no haberse recusado de esa votación a pesar de tener familiares trabajando dentro de la institución.

En un escrito entregado a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Ramos y los directivos señalados califican de "infundadas" las acusaciones de Chaves y Esquivel, y se ponen a las órdenes del Ministerio Público para colaborar para "el esclarecimiento de los hechos".

Después de que sindicatos tildaran de "golpe de Estado" y que la Uccaep reprochara el actuar del Gobierno, la presidenta ejecutiva de la CCSS manifestó que la suspensión de los directivos y la investigación y denuncia no son actos de "intervencionismo" del Poder Ejecutivo en la institución autónoma.