Denuncia del presidente Chaves es infundada, alegan Ramos y directivos de la CCSS ante la Fiscalía

El expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, y los cinco integrantes suspendidos de su junta directiva acudieron este jueves a la Fiscalía para esclarecer los hechos ante las "aseveraciones infundadas" del mandatario Rodrigo Chaves, que dijo que les denunciará por supuestas irregularidades.

El pasado miércoles 7 de septiembre, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, el presidente de la República reveló que el Consejo de Gobierno había acordado suspender a cinco miembros de la junta de la CCSS para abrirles procedimientos administrativos, a la vez que los denunciaría ante la Fiscalía junto con Ramos.

Tanto Chaves como la actual presidenta de la Caja, Marta Esquivel, explicaron que estos directivos suspendidos y Ramos omitieron valoraciones actuariales y criterios técnicos cuando el 8 de septiembre votaron a favor de aplicar un ajuste salarial a los más de 60.000 funcionarios de la institución.

Además, algunos podrían haber incurrido en conflicto de intereses por no recusarse de esa votación pese a tener familiares dentro de la institución, mientras que a su vez el Ejecutivo denunció que se nombró a un gerente administrativo que no cumplía con los requisitos para el cargo. Por todas estas razones, se dijo que acudirían a la Fiscalía.

No obstante, Álvaro Ramos afirmó este jueves que "Casa Presidencial anunció y nunca presentó la denuncia". De todas formas, él y los directivos suspendidos expresaron al fiscal adjunto, Miguel Ramírez —de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción— que buscan aclarar la situación.

Escrito firmado por Álvaro Ramos, cinco directivos de la CCSS suspendidos, y un exintegrante de la junta directiva

"Ante tales aseveraciones infundadas, y con fundamento en el principio de transparencia en la función pública, estamos en la mejor disposición de colaborar con esa Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos denunciados", reza el escrito que presentaron ante el Ministerio Público.

El escrito está firmado por Ramos y los cinco directivos denunciados: Jorge Hernández Castañeda (nombrado por la Uccaep), Carlos Salazar Vargas (designado por el Gobierno), y Martha Rodríguez González, José Luis Loría Chaves y Maritza Jiménez Aguilar, representantes de los trabajadores.

También firma Guillermo Hernández Ramírez, un directivo nombrado por el Gobierno que renunció a la junta directiva el 19 de septiembre, dos días después de la destitución de Álvaro Ramos por parte de Chaves. El presidente cesó a Ramos, precisamente, por estar en desacuerdo con el controvertido ajuste salarial.

Las acusaciones de Chaves y la suspensión de los directivos esta semana han provocado críticas de los sectores sindical y empresarial. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), que designa a tres directivos, dijo que la suspensión "riñe con nuestro marco normativo".

Por su parte, la Unidad Sindical (que integra a varios sindicatos de la CCSS) calificó de "golpe de Estado" la suspensión de los directivos, mientras que la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) tildó de "injerencia política" la medida adoptada por el Consejo de Gobierno.

Este viernes, el Partido Liberación Nacional (PLN) manifestó en un comunicado de prensa que la suspensión de los directivos es "ilegal", argumentando que "deja en un limbo jurídico a la junta directiva y genera un ambiente nocivo para la CCSS".

Hay otros criterios, como el del abogado constitucionalista Rubén Hernández, que considera que, como el Consejo de Gobierno formalmente designa a los integrantes de la junta directiva de la CCSS (previa elección de los sectores), este también tiene potestad de disciplinar.

La junta directiva debía reunirse este jueves por la tarde pero la sesión se suspendió por falta de quórum. Será este viernes sobre las 11:00 a.m. que los directivos vuelvan a reunirse.