Se pidió desestimar caso BCT porque ayuda de justicia panameña es inviable, explica fiscal adjunta

La solicitud de desestimación de la causa por supuesto fraude fiscal contra el Banco BCT por parte del Ministerio Público responde a la inviabilidad de cooperación por parte de la justicia panameña para esclarecer el caso, explicó este miércoles la fiscal adjunta de delitos económicos y tributarios, Criss González, tras declaraciones del presidente Rodrigo Chaves.

El mandatario, en conferencia de prensa desde el Instituto Nacional de Seguros (INS), transmitió suspicacias sobre que González solicitara el pasado 2 de enero que se desestime el caso, cuando estaba presuntamente de vacaciones, y sobre su supuesta relación laboral con el dueño del BCT, Leonel Baruch, cuando este fue ministro de Hacienda, entre 1999 y 2001.

"Felicidades", dijo Chaves a González por medio de las cámaras, porque "se fue el día feriado a pedir la desestimación, cuando la Fiscalía y el juez estaban de vacaciones". Además, mencionó que la hoy fiscal adjunta trabajó en Hacienda "casi tres años", lo que "debió haberla obligado a inhibirse de ver este caso", pero "no lo hizo"; "interesante, ¿verdad?".

Sobre la razón por la que se pidió la desestimación de la causa, el presidente tanto dijo que "todavía no hemos sabido cuál es la base investigativa" como que González "dice" que "le negaron una prueba en Panamá". "No hemos visto si hay un escrito, si ha habido procesos consulares; nada", insistió.

La fiscal adjunta respondió a estos cuestionamientos en un comunicado de prensa enviado la noche de este miércoles, apenas horas después de la conferencia de Chaves. En el escrito, explica que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló en octubre de 2022 que "para realizar la pericia contable" era necesario un "trámite de asistencia internacional".

Según dijo el ministro Nogui Acosta en una conferencia el 19 de enero, un banco privado —cuyo nombre fue confirmado posteriormente por la Fiscalía— utilizó un presunto esquema de defraudación entre 2008 y 2015 que involucraba a una empresa en Panamá. Hacienda estimó el fraude fiscal en ₡11.000 millones, pero la Fiscalía solicitó desestimar el caso.

Según la fiscal a cargo de la investigación, el OIJ señaló el requerimiento de que se recabara prueba en Panamá. González relató que la oficina del Ministerio Público panameño encargada de relaciones internacionales indicó vía correo electrónico a su homóloga costarricense que los delitos contra el Tesoro Nacional o la defraudación fiscal se tipificaron en ese país en 2019.

La lectura de la fiscal adjunta es que esto implica que la asistencia penal internacional "no resultaba viable" al no haber estado sancionados penalmente en Panamá los delitos que se persiguen en Costa Rica cuando estos supuestamente se cometieron (entre 2008 y 2015, según Hacienda). "Estaba ausente la doble incriminación requerida", afirmó González.

"Por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada", concluyó sobre ese extremo. La fiscal adjunta coincidió con Chaves cuando el presidente dijo que "el caso no está desestimado", pues también entiende que eso debe decidirlo un juzgado y que igualmente puede reabrirse.

A ojos del Gobierno, el caso sigue activo. De hecho, el ministro de Justicia, Gerald Campos, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que se apersone en el caso y que recabe pruebas en Panamá. La PGR respondió que ya se había apersonado seis días antes y que la Fiscalía entregó documentos incompletos para justificar la solicitud de desestimación.

No estaba de vacaciones

Criss González Ugalde también dio explicaciones sobre por qué pidió que se desechara la causa contra el BCT el lunes 2 de enero, cuando según el mandatario Chaves debía estar de vacaciones. A este respecto, respondió que un documento del Consejo Superior del Poder Judicial determinó que la fiscal adjunta de delitos económicos y tributarios trabajaba ese día.

Si bien el sector público estaba de vacaciones en ese momento, a González aparentemente le tocó cubrir el turno de la semana del 2 al 6 de enero de 2023, toda vez que su despacho era uno de los que "debía abrir durante el periodo de cierre colectivo", según su comunicado, que también alega que la selección de casos a analizar en esos días fue de terceros.

La fiscal adjunta también informó que trabajó en la dirección jurídica del Ministerio de Hacienda desde enero de 1999, y que su "jefa directa" era la directora de esa oficina, Dagmar Hering, y que eran sus asignaciones las que llevaba a cabo; además, dice que solicitó un permiso y que estuvo fuera de Hacienda en 2000 y 2001. Baruch fue ministro entre 1998 y 2001.

"No tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él", aseguró González, horas después de que el presidente Chaves le preguntara —indirectamente, en conferencia de prensa— "por qué no se apartó de la causa", alegando que su "entendimiento de la moral en la función pública" es que debió hacerlo.

González no se refirió en el comunicado a otros señalamientos del mandatario, como que fuera capaz de resolver el caso "en 55 días" cuando sus "colegas amigos tributarios, de los bufetes que se dedican a dar consejo, asesoría a gente que está en las mismas acusaciones que en este megacaso", le han dicho que "tardan años en solicitar la desestimación".

El presidente también se preguntó si antes de solicitar que de desestime el caso la fiscal adjunta "entrevistó" a "algún funcionario de Hacienda", a lo que se replicó de inmediato: "Aparentemente, no; todavía no ha contestado".