10 rutas de bus quedarían inhabilitadas por superar todas sus unidades el máximo de vida útil

Una decena de rutas de bus público quedarían legalmente inhabilitadas a la medianoche del próximo 31 de diciembre porque todas las unidades que las alimentan alcanzarán el máximo de vida útil estipulado por ley, según datos del Consejo de Transporte Público (CTP) con corte al 23 de diciembre de 2022.

Se trata de rutas en su mayoría hacia zonas rurales, cuyos operadores tienen registrados ante el CTP autobuses fabricados en 2007 o antes. Es decir, son unidades que cumplirán los 15 años que pone como tope la ley 7.600, un instrumento que blinda la igualdad de derechos para las personas con discapacidad.

Según los datos más recientes del CTP analizados por AmeliaRueda.com, 274 buses no deberían de poder circular a partir del 1 de enero de 2023 por ser del año 2007. En torno a 80 rutas tendrían afectación por este motivo, pero en su gran mayoría se trata de trayectos para los que hay disponibilidad de más buses que sí pueden circular.

No obstante, el caso concreto de diez rutas (servidas por 16 unidades) es más complejo, pues se trata de los únicos buses que esas empresas han registrado ante el CTP para poder ofrecer esos servicios. Ocho de estas rutas están fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y, de esas, la mayoría operan en Turrialba y ramales.

Sin más buses

Tomemos como ejemplo la ruta que transporta a pasajeros entre Brasil de Santa Ana y el Coyol de Alajuela, y viceversa. Operada por la empresa Hermanos Bonilla S.A., esta línea de bus solo tiene asignada una única unidad que cumplirá 15 años esta semana, según refleja una base de datos colgada en la página del CTP.

Caso similar sufre la empresa Servicios Urbanos de Oreamuno S.A., que opera la ruta entre Cartago centro, Santa Rosa de Oreamuno y San Pablo, y viceversa. Esta ruta tiene tres buses, todos de 2007, que la ley vigente no permite utilizar dentro de una concesión de transporte público, por lo que la continuidad del servicio es incierta.

Esos son los dos casos de esta situación que se dan actualmente en la GAM, pero fuera del casco urbano la problemática es más arraigada. Fuera de los límites del Valle Central son ocho las rutas que enfrentan este mismo problema, de las cuales tres operan entre Turrialba y varias comunidades cercanas.

Esas tres rutas están todas concesionadas a la empresa Madriz y Mata S.A., que —al igual que el CTP y todas las demás autobuseras mencionadas en este artículo— no pudo ser contactada antes de la publicación de este artículo. Estas son, además, las únicas tres rutas que tiene asignada esta empresa, que no tiene un solo bus de menos de 15 años.

Esto inhabilitaría las tres unidades de Madriz y Mata S.A. que dan servicio a la ruta Turrialba-Grano de Oro y viceversa, las dos que transportan a pasajeros entre Turrialba y Colorado, y la que lleva a personas de Turrialba a Nochebuena y viceversa. Dada la falta de respuesta de la empresa y del CTP, se desconoce qué pasará con esas rutas.

Otra ruta que quedaría inhabilitada sería la que va de Santa Cruz a Bernabela, pasando por Arado y San Juan, en Guanacaste. Responsabilidad de la empresa Folklórica Playa Potrero S.A., la ruta tiene asignadas dos unidades de 2007 y una de 2005, de forma que tampoco tendría posibilidad de hacer los viajes al no tener otros buses disponibles.

Las rutas de San Rafael de Guatuso—Monico, Pavón—Las Nubes, Río Frío—Puerto Viejo de Sarapiquí y La Fortuna—Sonafluca, todas en las provincias de Alajuela y Heredia, tampoco tendrían unidades habilitadas para circular a partir del próximo domingo, pues solo operan con un bus cada una y todos esos buses ya cumplen 15 años.

"Paro técnico"

En una conferencia de prensa celebrada el pasado 19 de diciembre, la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) urgió a los diputados aprobar un proyecto de ley para dar un periodo de gracia a los autobuseros para cambiar las unidades de más de 15 años de edad, alegando que han tenido dificultades económicas desde que inició la pandemia.

En ese entonces, Canatrans estimaba que "más de 290 unidades" dejarían de circular el 1 de enero de 2023, por lo que "el servicio de transporte público corre el riesgo de caer en un paro técnico y esta es una situación muy grave porque en este momento ya tenemos más de 95 comunidades sin servicio", en palabras de la directora ejecutiva, Silvia Bolaños.

Bolaños dio por bueno que los usuarios de algunas rutas sufrirán "afectación" a partir del 1 de enero de 2023 de no aprobarse el mencionado proyecto de ley, que no avanzó en el Congreso antes de las vacaciones del sector público, que iniciaron este pasado lunes 26 de diciembre. Así las cosas, la ley que fija el límite de antigüedad sigue incólume.

Antes de la salida a vacaciones, el 23 de diciembre, la junta directiva del CTP acordó hacer "un llamado respetuoso" a los diputados para aprobar la ampliación de la vida útil de los buses "y de esta forma garantizar la continuidad del servicio de autobuses de ruta regular" y "evitar graves afectaciones al servicio y a los usuarios".