Votación se realizará en el Plenario, tentativamente, el próximo 22 de septiembre
05/09/25 | 10:24am
Por mayoría, con dos diputadas a favor y uno en contra, la comisión especial que analizó el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, recomendará al Plenario legislativo el levantamiento del fuero del mandatario para que enfrente el proceso judicial por el caso BCIE donde se le señala del delito de concusión.
Así lo anunciaron este viernes en sesión.
Las diputadas que recomiendan levantar la inmunidad del presidente fueron la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, la jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro.
Por su parte, el diputado oficialista, Daniel Vargas, presentará un informe de minoría donde rechaza la opción del levantamiento de la inmunidad de Chaves.
Esta votación, que definirá si se levanta o no el fuero presidencial, se realizará el próximo lunes 22 de septiembre, al menos así lo acordaron de manera preliminar los jefes de fracción; sin embargo, dicha fecha queda a la espera de obtener la confirmación de Casa Presidencial sobre la disponibilidad que tenga el mandatario de asistir a dicha sesión.
La sesión de este viernes donde se tomó la decisión de avalar, por mayoría, la recomendación al Plenario de pedir el levantamiento de la inmunidad de Chaves, inició con una exposición de conclusiones de los diputados involucrados en el análisis.
La primera en tomar la palabra fue la legisladora del Frente Amplio, quien explicó que la labor de los legisladores a cargo de la comisión consiste en tomar una decisión tras analizar “la seriedad y la consistencia de la acusación” y verificar que no se trata de un caso de persecución político, sino que se está en presencia de un posible delito que puede continuar su proceso de juzgamiento judicial.
Alfaro agregó que no les corresponde analizar la veracidad o no de las declaraciones del testigo de la corona, lo cual corresponde a una labor exclusiva de los jueces y añadió que tras analizar los hechos se puede determinar que sí están frente a una acusación “seria y consistente” que ameritan la formulación de la causa.
Al tomar la palabra el diputado oficialista realizó una serie de cuestionamientos de lo que considera “yerros” de la investigación y en la redacción de la causa.
Vargas señaló las contradicciones del testigo de la corona, Christian Bulgarelli, y agregó que las declaraciones del fiscal general, Carlo Díaz, le generaron “dudas” sobre el conocimiento que tiene el jefe del Ministerio Público sobre el expediente judicial por lo que no avala el levantamiento de la inmunidad del mandatario y el ministro de Cultura.
“He logrado concluir que la acusación no contiene los elementos suficientes que evidencia en causa probable”, dijo el diputado al señalar que no procede pedir al Plenario el levantamiento de la inmunidad de Chaves.
Por su parte, la diputada presidenta de la comisión, dijo que las contradicciones señaladas por Vargas o por la defensa de los imputados (Chaves y Rodríguez) son temas que deberán analizarse en el proceso judicial y no les corresponde a los legisladores entrar a conocer el fondo del expediente.
Álvarez explicó que la comisión especial que analiza el levantamiento de la inmunidad del mandatario corresponde a un tercer filtro del proceso, al tomar en cuenta que el primer filtro fue la misma fiscalía que decidió elevar a juicio el caso y el segundo filtro fue la Corte Plena que avaló avanzar con el proceso.
“Hay suficientes elementos de prueba para justificar el levantamiento del fuero al señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República”, dijo la diputada al agregar que tiene claro que no hay persecución política en el caso.
Previo a la toma de decisión, la comisión especial que analizó el caso realizó tres audiencias.
La primera fue el pasado 8 de agosto con el fiscal general, Carlo Díaz, quien evitó profundizar sobre la investigación al argumentar que tiene imposibilidad legal de hacerlo.
El jefe del Ministerio Público pidió a los legisladores revisar el expediente y las pruebas.
El 22 de agosto, la comisión recibió el presidente Chaves, quien, junto a su abogado, José Miguel Villalobos, expusieron sus razones sobre la causa y mencionaron una serie de inconsistencia, que, a su criterio, tiene la acusación.
El mandatario descartó renunciar a su inmunidad y dijo que la acusación era un “montaje político” y un intento "de golpe de Estado judicial".
Para el 26 de agosto se recibió en comisión al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien es imputado en la causa por hechos que se remontan a su labor como ministro de la Presidencia al inicio de la Administración.
Rodríguez anunció en dicha convocatoria que renunciaba a su inmunidad y que no tenía ningún inconveniente ni preocupación por enfrentar el caso.
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El caso se remonta al inicio de la actual Administración por el uso, presuntamente irregular, de $1 millón donados por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Se trata del expediente 25-000019-0033-PE donde también figura el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, a quien también se aceptó solicitar el levantamiento de su inmunidad.
En el expediente judicial del caso conocido como BCIE se señala que el mandatario y el jerarca de Cultura, que al momento de los hechos era ministro de la Presidencia, cometieron el presunto delito de concusión.
Se menciona que Casa Presidencia contrató la empresa de Christian Bulgarelli para la redacción de los términos de referencia de un contrato que luego terminó ganando.
“Se trata del expediente 25-000019-0033-PE, en el cual, la Fiscalía General investigó la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026”, informó el Ministerio Público al momento de presentar ante la acusación ante la Corte Suprema de Justicia para el trámite de análisis y levantamiento de la inmunidad del mandatario.
“De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, se obligó e indujo al señor Christian Bulgarelli para que le otorgara un beneficio patrimonial indebido, producto de la contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, al co imputado Cruz Saravanja, asesor de campaña electoral y personal, y amigo íntimo del presidente, a quien se le benefició con $32,000.00, derivado del “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, para la compra de una casa. A Cruz se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE.
“Además, de acuerdo con la acusación, previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato”, detalla la Fiscalía.
En este expediente judicial se informó que el publicista y empresario involucrado, quien también es imputado en la causa, Christian Burgarelli, se convierte ahora en el testigo de la corona.
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