Poder Judicial enfrenta asedio político y criminal en medio de desconfianza ciudadana, señala Estado de la Justicia
Expertos califican como “inéditos” y “peligrosos” los ataques del Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial
11/06/25 | 09:37am
El Poder Judicial enfrenta un asedio político y criminal sin precedentes, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana sobre su labor. Así lo advierte el quinto Informe Estado de la Justicia, presentado este miércoles.
Los expertos a cargo del análisis califican estos ataques como una amenaza directa al sistema judicial, cuyo objetivo sería desprestigiarlo para debilitar sus funciones esenciales: la protección de derechos ciudadanos, el control de la gestión pública y el combate al crimen organizado que ha llevado al país a enfrentar la peor ola de violencia en su historia, según concluye el informe elaborado por el Programa Estado de la Nación.
Desde el Ejecutivo
En el informe del Estado de la Justicia califican como “inéditos” y “peligrosos” los ataques que vienen desde el Poder Ejecutivo y específicamente de la propia figura del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
“Esas arremetidas constituyen una anomalía en la historia política reciente de Costa Rica, pues entre los años 1900 y 2022 no se registraron ataques a la integridad del Poder Judicial como ocurre en la actualidad en detrimento de la calidad del sistema democrático”, señala el documento.
La Coordinadora del Informe Estado de la Justicia, Evelyn Villarreal, dijo a AmeliaRueda.com que los ataques desde el Ejecutivo se incrementan cuando desde el Poder Judicial se toma alguna decisión que involucre al Gobierno.
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Evelyn Villarreal - Coordinadora del Informe Estado de la Justicia
Lo que ocurre entre ambos poderes, dice el informe, genera una polarización y perjudica el avance del país en la lucha conjunta entre poderes para buscar soluciones a los problemas que enfrenta, siendo la inseguridad, el de mayor preocupación de los ciudadanos.
“Desde 2023 el Poder Ejecutivo ataca al Poder Judicial al emplear su “poder del megáfono” como se le llama en la teoría a la capacidad que tienen los actores de poder político para difundir narrativas sobre la situación del país, caracterizar a sus adversarios y definir el estado de la gestión gubernamental en términos propagandísticos.
“Estos ataques registrados contra el sistema judicial en Costa Rica no son únicos en el contexto internacional. En decenas de países, gobernantes democráticamente electos han procurado someter al Poder Judicial para concentrar poder político y librarse del sistema de pesos y contrapesos de la democracia”, se menciona, al agregar que, de acuerdo con el análisis, luego de las menciones en contra de la Asamblea Legislativa y los diputados, es el Poder Judicial el segundo actor con más menciones en las conferencias de prensa y actividades realizadas por el Ejecutivo.
En la información se menciona que lo que ocurre en Costa Rica se ha observado en otros países como Venezuela, Nicaragua, El Salvador, México y Guatemala.
Desde la criminalidad
El informe también hace mención a los ataques que el Poder Judicial ha recibido desde la criminalidad al hacer referencia a los ataques de grupos criminales contra sus instalaciones e incluso contra su personal.
Se destaca en el este aspecto el ataque a balazos contra el subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora, quien falleció días después por las heridas provocadas; así como otros incidentes registrados.
“Se mencionan los incidentes como los disparos con armas pesadas contra las oficinas de Batán y Pococí y el asesinato de un hombre en Limón frente al edificio de los tribunales cuando iba a presentarse como testigo, así como al menos tres personas funcionarias del Poder Judicial que en el período bajo análisis fueron víctimas de atentados”, menciona.
Desconfianza
El Poder Judicial enfrenta dicho panorama de ataques en medio de un clima de desconfianza por parte de la ciudadanía, así lo revelan incluso las cifras analizadas.
De acuerdo con los datos mencionados un 53.9% de la población manifiesta tener algún grado de desconfianza sobre el sistema (judicial).
Además, existen porcentajes que revelan consideraciones más críticas.
“Más de dos tercios de la población (69%) expresan críticas sobre el desempeño del sistema de justicia. De este grupo, la mitad considera corruptos a los jueces y las juezas y un 71,9% de las personas encuestadas considera que se no castiga a los culpables de delitos, según un análisis con perfiles de valoración del Poder Judicial basados en la encuesta CIEP-UCR de septiembre del año 2024”.
Pese a esto, destacan que a nivel general se resalta la independencia del sistema y agregan que su valoración depende de “vaivenes coyunturales”.