Entra a regir pena de hasta 4 años de prisión para quienes ingresen celulares a cárceles

Desde esta semana está en vigor la ley que sanciona con penas de hasta cuatro años de prisión a quienes intenten ingresar celulares, chips, dispositivos electrónicos u otros medios similares a los centros penitenciarios del país.

La iniciativa fue presentada ante la Asamblea Legislativa en enero de 2024, aprobada el pasado 24 de abril y firmada por el Poder Ejecutivo el 30 de ese mismo mes. Su publicación oficial en el Alcance No. 58 del diario La Gaceta marcó su entrada en vigencia.

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Nuevas penas

La “Ley para sancionar penalmente a las personas que introduzcan ilegalmente teléfonos celulares, satelitales u otros medios de comunicación o electrónicos en los centros penitenciarios de Costa Rica” establece un único artículo donde se menciona que se agregará en el artículo 257 del Código Penal el siguiente texto:

“Se impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión a quien, sin estar autorizado legal o reglamentariamente para ello, posea, introduzca, facilite o procure, por cualquier medio, el ingreso a un establecimiento penitenciario de modalidad cerrada, de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos de comunicación, sus componentes tecnológicos, así como tarjetas sim, que posibiliten la comunicación. 

“La pena será aumentada en un tercio, cuando las conductas descritas previamente sean cometidas por un funcionario público, proveedores de bienes o servicios en establecimientos penitenciarios de régimen cerrado, abogados en el ejercicio de su actividad profesional o cualquier otra persona que posea una autorización especial de ingreso, actuando sin la debida habilitación o autorización conforme a la normativa vigente”. 

Con la publicación de la ley, la nueva medida empieza a regir y con esto las autoridades esperan reducir por completo los intentos de ingreso de aparatos electrónicos a las cárceles del país. 

El ministro de Justicia, Gerald Campos, manifestó al momento de la presentación del proyecto que ésta era una “ley necesaria para el sistema penitenciario” y agregó que con su aplicación se podrá “dejar en cero” el registro de ingreso de celulares a los centros penitenciarios. 

“Es sabido por nosotros que la introducción de estos celulares puede ayudar a la comisión de hechos delictivos y no queremos que esto se siga dando”, agregó el jerarca. 

Control policial

El ministro de Justicia manifestó que la Policía Penitenciaria mantiene un monitoreo y control permanente para incautar todos los aparatos electrónicos que han ingresado de manera ilegal a las cárceles y que están en manos de los privados de libertad. 

De acuerdo con los datos en 34 meses desde el inicio de la “Operación Policial Sostenida” se han incautado cerca de 7.500 teléfonos celulares, más de 10.000 chips para celular y 13.300 artículos electrónicos. 

A la fecha, las acciones de vigilancia en las cárceles del país han aumentado, así como las requisas permanentes en celdas y personas visitantes. Incluso, actualmente se aplican controles más estrictos principalmente en el módulo ampliado de máxima seguridad o máxima contención donde se pasó de tener 80 privados de libertad a más de 1.400. 

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Decomisos

Las acciones de control y decomisos se mantienen a diario en los centros penitenciarios, incidencia que se espera reducir con la entrada en vigencia de la ley que castiga con cárcel el ingreso de los aparatos electrónicos a los centros penitenciarios. 

El último reporte emitido por el Ministerio de Justicia tras acciones permanentes de la Policía Penitenciaria, sólo durante la semana del 5 al 11 de mayo se realizaron más de 80 intervenciones en las cárceles del país. 

Durante estas acciones se logró el decomiso de 16 celulares y 65 artículos electrónicos. 

Además, se registra el decomiso de 4.1 kilogramos de droga, 242 armas blancas y 118 litros de bebidas etílicas. 

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