“No hay marcha atrás”, dice viceministro de Justicia sobre nuevos controles y medidas en cárceles

Limitar el ingreso de alimentos y acceso a llamadas telefónicas; así como reducir las opciones de visita familiar y conyugal, son parte de las nuevas medidas que se aplican desde hace una semana a los privados de libertad ubicados en el módulo de máxima contención, conocido también como máxima seguridad. 

Además, la cantidad de reos en este espacio pasó de 80 a 1.000.

Esta situación genera el malestar de algunos privados de libertad, sus familias y representantes legales, quienes denuncian que las medidas se están aplicando sin sustento técnico y desde el lunes anterior, incluso, se reporta que algunos de los reos están en huelga de hambre. 

Ante esto, el viceministro de Justicia, Juan Carlos Arias, anunció que las medidas seguirán y que “no hay marcha atrás” al plan que tiene como finalidad evitar que personas con condenas en firme “sigan delinquiendo desde la cárcel”. 

El funcionario aseguró que las restricciones se toman al conocer que este grupo de privados de libertad ahora ubicados en máxima contención, siguen siendo miembros de grupos criminales y aprovechan las llamadas, visitas familiares y conyugales para seguir dando órdenes a su estructura criminal. 

“No estamos hablando de ponerle medidas de restricción a toda la población privada de libertad; los privados de libertad que están cumpliendo sentencia únicamente y siguen cometiendo delitos desde la cárcel, estos están bien con todos sus derechos y vamos a ver si les ofrecemos mejores espacios y mejores condiciones. 

“Este proceso de clasificarlos y poner a aquellos que sí siguen cometiendo delitos y que instrumentalizan con el cuento de los derechos humanos, resulta que esa banderita que sacan es porque detrás vienen con un punzón a amenazar a otro privado de libertad y amenazar a sus familias para extorsionarlas. Son a estas personas en específico a las que nosotros les estamos poniendo control, es esta continuidad delictiva la que queremos evitar”, dijo Arias en el programa Nuestra Voz. 

El viceministro aseguró que sí existen estudios técnicos que respaldan el traslado de cada uno de los reos y que las medidas se seguirán aplicando porque es necesario interrumpir la comunicación que tiene los privados de libertad con las bandas criminales. 

“Esta situación no va a dar marcha atrás. Las personas que nosotros estamos clasificando, lo estamos haciendo desde una base técnica y científica, con antecedentes y está documentado sobre quiénes y qué es lo que ocurre en la visita íntima, para qué usan estos privados de libertad las encomiendas que es sólo para hacerle daño a otros y eso está documentado.

“Vamos hacia un despeñadero… hay que enderezar esto”, agregó Arias al explicar que existe una mesa técnica a cargo de las decisiones y que las medidas son necesarias para atacar el crimen organizado y lograr reducir la cantidad de homicidios que muchas veces se ordenan o coordinan desde los centros penitenciarios. 

Juan Carlos Arias - Viceministro de Justicia

Para el viceministro las medidas tomadas con las correctas, vienen a acabar con la “alcahuetería” y van a seguir adelante con el plan “porque es lo que el país necesita y lo que se tiene que hacer”. 

Polémica

El cambio en las medidas a los reos de máxima seguridad se anunció el miércoles anterior y entre ellas se incluye la posibilidad de que los privados de libertad de dicho módulo solo puedan recibir una visita familiar al mes y no cada semana; y la visita conyugal dejará de ser cada 15 días y ahora es cada dos meses con el nuevo requisito de que deben demostrar el vínculo sentimental entre las partes. 

Además, el ingreso de encomiendas se redujo a una al mes y solo con artículos de primera necesidad; anteriormente se podían recibir a diario. 

Por otra parte, el ingreso de alimentos al día se redujo de siete tazas de comida al día a dos y la posibilidad de hacer llamadas telefónicas se restringió a una vez a la semana y sólo durante 10 minutos; anteriormente el acceso a los teléfonos públicos del centro penal era libre. 

Para el abogado penalista, Rafael Rodríguez, las medidas que se aplican han violado los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, más aún tomando en cuenta que no se dan explicaciones técnicas sobre su traslado a este módulo de máxima contención. 

A la fecha, se han presentado cuatro recursos de amparo en contra de las medidas. 

“Si se les hace un centro de alta contención porque una persona tiene que estar con medidas diferentes, que se haga, pero que no se vulneren los derechos de las demás personas que no están dentro de esos criterios técnicos. 

“Nosotros no estamos pidiendo alcahueterías, estamos pidiendo que se respeten los derechos y que se hagan las cosas como tienen que hacerse, un estudio técnico que no se ha hecho”, dijo Rodríguez al agregar que existen casos de privados de libertad trasladados a este modulo en silla de ruedas, enfermos y que están a tres años de cumplir la condena, lo que representa un retroceso en su proceso de reinserción. 

El abogado asegura que la lista de reos trasladados y con las nuevas medidas no fue realizada con sustentos técnico y que, por el contrario, hay privados de libertad llamados “jefes de módulos” que siguen en otras áreas con las mejores condiciones. 

Por otra parte, el abogado penalista Juan José Acuña, defiende las acciones del ministerio y asegura que responden a una aplicación adecuada de la ley. 

“Los que están en las cárceles son personas que ya irrumpieron el orden social, entonces, hay que poner orden. 

“El Ministerio de Justicia lo único que está haciendo es lo que por ley le corresponde, venir y arreglar todo el caos de Administraciones anteriores que lo tenían a la libre. A los únicos que les va a perjudicar estas medidas es a los que no sólo ya fueron castigados por delinquir, sino que ahora dentro de la cárcel todavía están delinquiendo; a ese que quiere seguir operando y dirigiendo bandas de sicariato, de narcotráfico desde la cárcel, a ese es el que le están diciendo aquí hay un freno”, dijo Acuña. 

En Justicia aseguran que con el apoyo de la Fuerza Pública mantienen el control del módulo ampliado de máxima contención y agregan que mantendrán operativos de vigilancia tanto dentro como fuera de las cárceles.