
Contraloría reitera a ministro que dieron un permiso de manera ilegal
21/11/25 | 16:32pm
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) evadió su potestad sancionatoria y responsabilidad, otorgada por ley, para proteger la infraestructura y la seguridad vial, así lo señala la Contraloría General de la República (CGR) en su oficio DFOE-SOS-0729, donde rechazó el recurso de revocatoria presentado por el MOPT sobre la orden de dar marcha atrás a los permisos para la colocación de publicidad en postes del tendido eléctrico.
La orden además señala un plazo establecido al 15 de diciembre para que se retiren los banners publicitarios de los postes.
En la misma línea, la CGR también rechazó el recurso presentado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), entidad que promovió y firmó el acuerdo con la empresa Publiex para el uso de los postes con fines de negocio.
Desde el MOPT, el ministro Efraím Zeledón manifestó al ente contralor que avalaron el permiso de colocación de la publicidad en postes del tendido eléctrico tomando en cuenta que existe la excepción del uso del espacio por interés público, esto al tomar en cuenta que generaba ingresos adicionales a la CNFL “para mejorar sus servicios”.
“Por lo tanto, no se trataría de un mero interés comercial privado, sino de un interés institucional directo de la CNFL, vinculado a la satisfacción del interés público, lo que sustentaría reglamentariamente el permiso temporal”, manifestó el MOPT al agregar que no tienen la competencia para el retiro de los banners, ya que su función se limitó a dar el permiso.
Ante esto, la CGR emitió su análisis asegurando que las entidades intentaron desconocer la jerarquía normativa y confundieron lo que representa el interés público irrespetando la legalidad.
Una vez más, la Contraloría señaló los artículos que se incumplieron con dichos permisos y acuerdo comercial, entre ellos lo establecido en la Ley de Construcciones y la Ley de Tránsito donde la prohibición para colocar publicidad en postes es expresa y específica.
“Estas prohibiciones a nivel legal procuran evitar distracciones y obstáculos en la conducción y transporte en vías públicas, precisamente para salvaguardar la seguridad vial, siendo coherente y obligatorio para todo ente público acatar y hacer cumplir tal objetivo, el cual ha sido ratificado por la propia Sala Constitucional”, dijo la CGR.
La Contraloría reiteró en el oficio notificado a las autoridades este viernes que si bien la CNFL intentó argumentar un interés económico para avanzar con el convenio contrario a la ley, el MOPT no debía dejar de lado su responsabilidad de resguardar el derecho de vía.
“El MOPT, como ente administrador del derecho de vía, es la autoridad superior para determinar el uso que la CNFL puede darle a sus postes en ese espacio. Por lo tanto, el permiso otorgado contravino la jerarquía normativa desde su origen, siendo un acto ilegítimo”, señala el ente contralor.
Además, se hacer énfasis en la potestad sancionatorio que tiene dicha cartera (MOPT) al no limitar su labor a la emisión de permisos, sino que también debe velar por proteger y controlar el espacio a su cargo, es decir, el derecho de vía, la infraestructura vial y la seguridad pública.
Así se establece en el artículo 7 del Reglamento de Derechos de Vía y Publicidad Exterior.
“… otorga al Ministerio la facultad sancionatoria y de ejecución directa para proteger la infraestructura y la seguridad vial en vías públicas, lo cual le brinda la potestad para ordenar el retiro o la demolición de cualquier estructura, instalación o elemento que se encuentre dentro del derecho de vía o que afecte la visibilidad y operación de la red vial nacional, si este carece del permiso reglamentario o contraviene las normativas técnicas.
“Por consiguiente, el Ministerio tiene la ineludible obligación de ejercer plenamente su potestad de policía administrativa. Esto implica que, ante la detección de cualquier elemento o estructura levantada sin la debida autorización que invada o comprometa el espacio bajo su custodia y administración (el derecho de vía), el MOPT está legalmente facultado y compelido a proceder de acuerdo con lo que establece el ordenamiento jurídico. La potestad de ordenar el retiro es una función correctiva esencial, que garantiza la plena observancia de la normativa de tránsito y de infraestructura”, señaló la Contraloría.
Al rechazarse este viernes el recurso de revocatoria, ahora queda pendiente resolver desde el despacho de la contralora general el recurso de apelación en subsidio presentado también por el MOPT sobre el tema.
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