Más de ¢377 millones en efectivo, 29 vehículos y una embarcación fueron decomisados en operativo para desarticular red de lavado de dinero mediante lotería
Grupo criminal tenía 200 puntos de venta de lotería legal e ilegal en la zona norte del país y Alajuelita
18/07/25 | 12:24pm
El dinero en efectivo decomisado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el caso Tómbola asciende a los ¢378 millones de colones (¢362.7 millones y $32.468).
Se trata del operativo realizado este jueves que permitió desarticular una red de lavado de dinero mediante la venta de lotería legal e ilegal, grupo organizado que logró ubicar más de 200 puntos de venta en la zona norte y Alajuelita.
Además del dinero decomisado en efectivo, el OIJ reportó el decomiso de 29 vehículos, cuatro maquinarias pesadas y una embarcación.
En total, se realizaron 24 allanamientos donde también se ubicaron seis armas de fuego (un rifle, tres fusiles y dos pistolas), 12 teléfonos celulares, 14 computadoras, joyas y 141 botellas de licor (45 de whiskey y 96 de ron).
En los puntos intervenidos también se ubicaron artículos reportados como robados, entre ellos 34 bolsas de leche en polvo y 19 pantallas.
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Los operativos realizados permitieron la detención de ocho personas vinculadas con el grupo organizado y, además, durante la intervención se reportó la muerte de dos personas (miembros de la organización), en medio de un enfrentamiento al momento de detener al líder de a banda criminal.
Investigación
La investigación contra esta organización inició en el 2021 tras recibir información confidencial, aunque se prevé que la actividad del grupo pudo iniciar años atrás, alrededor del 2016.
“Se logra establecer que este grupo, conformado por una estructura de aparentemente 18 personas, se dedicaba a legitimar dinero a través de diferentes medios. Dentro de esos medios teníamos que habían logrado obtener hasta cerca de 200 puntos de venta de lotería en la zona norte del país, estos puestos se ubicaban principalmente en Guatuso, San Carlos, Ciudad Quesada, Fortuna y Los Chiles", explicó el subdirector del OIj, Vladimir Muñóz.
En el OIJ determinaron que este grupo criminal tenía la colaboración de tres funcionarios públicos que facilitaron la organización de la estructura y las acciones para la legitimación de capitales.
Uno de los funcionarios involucrados con la banda criminal y que facilitó la colocación de puestos de venta de lotería es parte de la Junta de Protección Social (JPS).
Ante esto, la entidad emitió un comunicado de prensa asegurando que está colaborando con las autoridades judiciales para el avance de la investigación y sentar las responsabilidades que sean necesarias.