CIDH expresa preocupación por denuncias sobre adopciones irregulares y fallos en sistema de cuidado infantil en Costa Rica

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en su informe 2024 la preocupación por las denuncias sobre adopciones irregulares y fallos en el sistema de cuidado infantil en Costa Rica. 

En el documento de 1.313 páginas, la Comisión hizo análisis de los aspectos nacionales que llaman su atención en materia de derechos humanos.

“CIDH observa con preocupación las denuncias de irregularidades en el sistema de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes privados de cuidado familiar. En particular, respecto a la participación personal del Patronato Nacional de la Infancia en un esquema de adopciones irregulares. 

“Asimismo, se reportó el allanamiento de una organización no gubernamental que atendía a 70 niñas, niños y adolescentes, tras una denuncia por ejercicio ilegal y presuntas violaciones de derechos”, señala el informe. 

En este aspecto, la Comisión hace referencia a la detención, en agosto del 2024, de cinco trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como sospechosos del delito de trata de personas con la finalidad de avalar adopciones de manera irregular. 

Los funcionarios investigados en la causa laboraban en las sedes de la entidad ubicadas en Cariari, Pococí; Puerto Jiménez, Puntarenas; Orotina y Santa Ana. 

Además, el informe del CIDH hace referencia a la intervención de las autoridades judiciales realizada en marzo del año anterior en la Fundación Manos Abiertas, sitio que fue investigado por presuntas agresiones a los menores ubicados en la sede; así como el presunto manejo irregular de dinero. 

Estas situaciones registradas en el país son punto de preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien, además, hizo otros señalamientos sobre lo que ocurre en el país. 

Lea: Investigación del PANI contra Fundación Manos Abiertas se cerró el año pasado sin consecuencias, confirma jerarca de institución

Preocupaciones

En el informe de la CIDH y el análisis específico sobre la situación en Costa Rica, la Comisión realiza 29 menciones, donde se abordan temas de paridad de género, elecciones municipales, población indígena, LGBTI, política migratoria, adultos mayores, entre otros. 

En cuanto a las consideraciones generales, “la Comisión reconoce la apertura de Costa Rica al diálogo y escrutinio internacional en derechos humanos, así como su liderazgo regional en esta materia”. 

Pero, además, menciona con preocupación otros aspectos que siguen representando un desafío para el país como, por ejemplo, los temas relacionados con la seguridad. 

“La CIDH observa con preocupación la situación de la seguridad ciudadana y los cuestionamientos a la respuesta estatal, así como los señalamientos de afectaciones a la independencia judicial”, señala el informe al mencionar los datos históricos de homicidios y los cuestionamientos a la política de seguridad de la actual Administración. 

El documento menciona también la preocupación de la Comisión por el aumento en la cantidad de denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, violencia contra la niñez y adolescencia, retroceso en los sistemas de retiro y pensiones, agresiones sexuales contra mujeres, femicidios y obstáculos en los servicios de salud para acceder a métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia. 

Además, señaló en sus páginas aspectos relacionados con los constantes mensajes de ataque del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. 

“En 2024, la CIDH fue informada sobre el alegado hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo contra personas operadoras de justicia que han emitido decisiones que afectan su plan de gobierno o sobre el trabajo de la fiscalía general en el marco de investigaciones por actos de corrupción”, menciona el documento. 

Otro de los aspectos que destacó con preocupación la Comisión al analizar el panorama nacional, fue la intención de las autoridades del Ministerio de Justicia de desarrollar un plan de centros penitenciarios mediante el uso de carpas y denuncias de privados de libertad sobre las limitaciones para acceder al agua potable.

Lea: Fiscal general acusa al presidente Chaves de atacar la división de Poderes y descarta dejar su cargo