Exministro de Justicia califica como “ocurrencia” plan para uso de cárceles tipo carpas; mientras ministro Gerald Campos señala que es “una solución”

De forma contrastante se refirieron Exleine Sánchez, ex viceministro de Justicia y Paz, y Gerald Campos, ministro de dicha cartera, respecto de la instalación de estructuras tipo "carpas" en el sistema penitenciario, en comparecencia este martes ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

En el caso de Sánchez, quien fue destituido el pasado 11 de julio, afirmó que tal idea es una "ocurrencia que no puede presentarse en un país que tutela derechos fundamentales", indicando, además que se carece de estudios científicos que garanticen el bienestar no solo de las personas reclusas, sino de los policías penitenciarios y otros trabajadores de estos centros.

"Cuando se actúa por crisis y no por políticas públicas, aparecen soluciones que pretenden aplazar problema a corto plazo. El país requiere de políticas públicas que trasciendan 20 años, no a cuatro", expresó el exfuncionario.

Sánchez explicó que el tema se abordó en el despacho del ministro por primera vez el pasado 7 de marzo, como una propuesta para paliar el hacinamiento carcelario que enfrenta el país, encuentro en el que surgieron las primeras dudas de viabilidad asociadas con temas de derechos humanos, seguridad y sostenibilidad de la inversión.

Posteriormente, el 10 de julio, un día antes de su salida del gabinete, el exministro afirma haber transmitido a su jefe inmediato la necesidad de "llevar los mejores insumos al señor Presidente para tomar las decisiones más adecuadas".

Solución efectiva

En posterior audiencia, Gerald Campos defendió el proyecto como una solución viable, segura y transparente para los diferentes involucrados.

"Estamos contemplando medidas de seguridad. No vamos a ser irresponsables. Vamos a ubicar privados de libertad con delitos menores, comportamiento adecuado, a punto de cumplir su pena", indicó Campos, quien admitió que al principio tuvo algunas dudas sobre la efectividad de este modelo.

Además, el jerarca califico esta medida como necesaria para poder arrancar con remodelaciones urgentes en al menos siete centros penitenciarios a los que se les daría prioridad dadas las órdenes sanitarias emitidas, así como medidas correctivas ordenadas por jueces de ejecución de la pena.

Consultado por los legisladores con relación al presupuesto, Campos defendió que se tuvo por estimado tras un cálculo de promedio y montos referenciales, a pesar de no contar aún con los informes técnicos, que espera le sean remitidos a finales de agosto para autorizar los procesos de contratación.

En este último apartado, el responsable de Justicia aceptó que solo se ha reunido con personeros de la empresa española ARPA, a pesar de que, según dijo, hay otros eventuales oferentes que han sido remitidos con algunos de sus subordinados, lo cual fue calificado por algunos legisladores como una cierta "predilección" ante el eventual concesionario europeo.