BCIE: administración Chaves solicitó licitación de servicios de comunicación que ganó empresa de publicista Christian Bulgarelli

En 2022, el Gobierno de Rodrigo Chaves solicitó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) lanzar una licitación pública internacional para contratar servicios de comunicación, la cual fue adjudicada a la empresa RMC La Productora S.A., de la que el publicista Christian Bulgarelli Rojas es presidente.

La información fue confirmada este martes a AmeliaRueda.com por el jefe país del BCIE en Costa Rica, Álvaro José Alfaro Gutiérrez. Fueron las autoridades del Ejecutivo quienes "nos solicitan hacer el concurso", que se enmarca en "una cooperación que otorgamos al Gobierno de la República", dijo Alfaro.

Se desconocen detalles de la licitación. Se solicitó el documento respectivo a la entidad centroamericana, pero no ha habido respuesta. La página del BCIE indica que se adjudicó el 7 de noviembre de 2022 por un monto de $299.570, pero la sección de procesos de adquisición no muestra información sobre ese concurso.

En dos documentos oficiales, Bulgarelli ha sido identificado como "asesor" presidencial. Pero, según dijo el Gobierno a este medio el 16 de agosto, fue en calidad de "contratista" del BCIE —y no de asesor interno o externo— que el empresario realizó al menos 59 visitas a Casa Presidencial durante el primer año de la administración.

El jefe de la misión del BCIE en Costa Rica evitó responder si una "consultoría" —como la que se contrató a RMC La Productora S.A.— puede considerarse también una "asesoría". "Yo no tengo por qué emitir mi juicio de valor para esos temas personales", dijo Alfaro este martes en un pasillo de la Asamblea Legislativa.

La empresa de Bulgarelli —quien es un reconocido productor audiovisual que ha hecho carrera en el sector de la publicidad— también ha obtenido contratos en el último año con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

En el caso del Sinart fue una contratación directa para que RMC La Productora S.A. ofreciera servicios audiovisuales por demanda. El contrato fue gestado mientras regía la Ley de Contratación Administrativa, que impedía a asesores externos o internos del presidente de la República ofertar en procedimientos de contratación.

El presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí Chacón, informó a este medio el 16 de agosto de que solicitó una investigación interna de ese contrato para averiguar si el procedimiento cumplió con "todas las obligaciones".

"Cooperación"

El jefe país del BCIE manifestó este martes que el contrato a RMC La Productora para brindar servicios de consultoría sobre estrategia en comunicación "está enmarcado en una cooperación que otorgamos al Gobierno de la República", y que se abrió un concurso con base en términos de referencia definidos por el Ejecutivo.

"Ellos [el Gobierno] lo que hacen es darnos los términos de referencia de la licitación que quieren que nosotros hagamos, y nosotros hacemos esa licitación con base en eso", explicó Alfaro, que destacó que, pese a que se han contratado estrategias de comunicación en otras administraciones costarricenses, esta fue la primera que se hizo mediante concurso público.

El BCIE cataloga esta como una "cooperación no reembolsable" que emitió al Gobierno de la República, y el representante de la entidad en el país aseguró que estos fondos no son "discrecionales", sino que para obtenerlos se debe "cumplir con nuestra política de adquisiciones, transparencia y competitividad".

"No es que el Gobierno puede determinar unilateralmente hacia qué tiene que ser, sino tiene que cumplir cada uno de los objetivos que está planteado y que autorizó el directorio para utilizar los recursos", añadió Alfaro, que negó haber participado en reuniones con Bulgarelli o empleados de su empresa para hablar sobre este contrato o trabajos relacionados al mismo.

Sobre los criterios que se toman en cuenta para este tipo de procedimientos, Alfaro dijo que "todas las empresas tienen que cumplir los parámetros de transparencia, libre competencia y por así decirlo tienen que cumplir todas las reglas de lavado de activos, financiamiento contra el terrorismo, que son estándares dentro del banco".