Área de Conservación advirtió al Sinac en marzo sobre “riesgos” por alta visitación a Manuel Antonio

El 16 de marzo, casi dos meses antes de que la Sala Constitucional ordenara reducir la capacidad de carga del Parque Nacional Manuel Antonio, los responsables del Área de Conservación Pacífico Central alertaron al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) sobre los riesgos que presenta la alta visitación al recinto.

Así consta en el oficio SINAC-ACOPAC-D-140-2023, del cual tiene copia este medio y que fue remitido como prueba al Tribunal Constitucional en respuesta a un recurso de amparo por el alto ingreso de visitantes al parque. El documento fue firmado por el director regional del Área de Conservación, Jeffrey Hernández, y la directora de Áreas Silvestres Protegidas, Lilliana Rubí.

El oficio fue dirigido al director ejecutivo del Sinac, Rafael Gutiérrez, y señalaba que los firmantes pretendían "manifestar nuestra preocupación dadas las decisiones que se han estado tomando en la alta jerarquía del Ministerio de Ambiente y Energía en torno a la gestión del Parque Nacional Manuel Antonio".

Los autores del documento se mostraron "obedientes de las órdenes que nos son giradas por nuestros superiores", pero consideraron "valioso, oportuno y de suma importancia hacer ver a nuestra jefatura inmediata […] los riesgos a los cuales se expone a la administración, la infraestructura y los funcionarios".

A su parecer, se tomaron decisiones "apegadas a las demandas de un solo sector" al aumentar la capacidad del parque a 3.000 personas, lo que según Hernández y Rubí "no necesariamente obedece" al valor público, la misión y la visión del Sinac, que tiene como baluarte la conservación, pues es parte incluso de su nombre.

Captura de pantalla del oficio enviado al director del Sinac sobre "riesgos" en Manuel Antonio

Decisiones como ampliar la capacidad del parque deberían ir "de la mano de la buena y sana técnica, con fundamentos que sustenten que dicha carga […] puede ser sostenida y sustentada, no solo en aras de prestar un buen servicio a los visitantes, sino igualmente en el manejo […] de ese recurso natural", añade el oficio.

Entre asuntos de "alto riesgo" percibidos por los firmantes destacó que en diciembre pasado se había fijado una capacidad máxima de 1.120 visitantes diarios, pero la misma estaba siendo superada en un 267,9% sin que fueran visibles "todos los elementos necesarios" para incrementarla.

Además, dijeron los responsables del Área de Conservación, el parque solo tenía diez funcionarios a marzo para la atención de visitantes, quienes no habían sido contratados para ese fin, por lo que se necesitaban al menos ocho funcionarios de planta más, pues la limitación de personal afecta otros procesos.

Con respecto a la infraestructura, alertaron al Sinac de que "el parque no se encuentra en las condiciones operativas para la recepción de una cantidad mayor a la que se viene aplicando desde agosto de 2021", pues uno de sus senderos "más emblemáticos" está cerrado y había pocos baños, entre otros problemas.

Todo esto, sin contar que el aumento del aforo "supone un riesgo inminente de deterioro a las condiciones ambientales y de sostenibilidad del sector habilitado para visitantes". Su mensaje en este sentido fue que había que cuidar la fauna del lugar pues esa es, precisamente, la razón de su atractivo turístico.

Tocando otros temas como el desgaste del personal, Hernández y Rubí acabaron su oficio pidiendo al director del Sinac que "se valoren los riesgos a los cuales se está exponiendo la administración en la toma de este tipo de decisiones, las que sin lugar a dudas deben siempre estar fundamentadas en la técnica".

Consecuencias

Este oficio fue citado por Hernández en su respuesta a la Sala IV sobre el recurso de amparo mencionado anteriormente. El director regional del Área de Conservación solicitó a los magistrados declarar sin lugar el recurso pues se habían iniciado acciones para prevenir problemas, pero el tribunal terminó decidiendo lo contrario.

Una de las razones de la Sala para declarar con lugar el recurso y ordenar una reducción de la capacidad de carga del Parque Nacional Manuel Antonio fue que, en su respuesta, Hernández confirmó que la visitación estaba alcanzando las 3.000 personas diarias, cuando lo recomendable era 1.120 visitantes por día.

Después del fallo, el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, anunciaron una investigación a tres funcionarios del Sinac para determinar si hicieron caso omiso de la orden de que todas las respuestas a procesos judiciales se manejaran desde un departamento legal central. Los nombres de los funcionarios no fueron revelados.

Además, el Gobierno informó de que decretará la intervención del Parque Nacional Manuel Antonio, alegando que existe una "grave crisis organizativa" y que es necesario poner en marcha una serie de acciones para "rehabilitar" a la mayor brevedad posible la visitación al recinto.