Tras expresar “buena voluntad” para revisarlas, Fernández defiende normas presupuestarias para el Poder Judicial
Mandataria expresó anuencia de diálogo sobre el tema frente a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia
11/11/26 | 15:26pm
La presidenta de la República, Laura Fernández, defendió este miércoles la permanencia de las normas de ejecución presupuestaria impuestas al Poder Judicial en el proyecto de presupuesto nacional de 2027, pese a que el lunes anterior manifestó su disposición a revisar esas disposiciones.
Las declaraciones de la mandataria se dieron dos días después de su primer encuentro con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, tras la designación de la magistrada al frente del Poder Judicial.
El lunes, Fernández expresó su anuencia a revisar las normas e incluso se comprometió a impulsar una reunión entre los equipos técnicos de la Presidencia y la Corte. Sin embargo, este miércoles manifestó su respaldo a las disposiciones y dijo esperar que se mantengan.
La presidenta se refirió al tema al ser consultada sobre las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional, que ordenaron frenar la discusión y aprobación en segundo debate del presupuesto nacional de 2027, mientras se resuelven las consultas de constitucionalidad planteadas contra las normas de ejecución presupuestaria y los recortes al Fondo Especial de Educación Superior (FEES).
Fernández justificó su posición al señalar que las disposiciones buscan fortalecer los controles sobre el uso de los recursos públicos. Para ello, hizo referencia a los resultados de los últimos dos informes de liquidación presupuestaria de la Contraloría General de la República (CGR) relacionados con el Poder Judicial, que, según afirmó, tuvieron una calificación negativa.
“A raíz de informes de improbación de los ejercicios de liquidación presupuestaria, yo celebro, agradezco, aplaudo y espero que se logre sostener la decisión de incluir normas presupuestarias. ¿Para qué? Para que la Asamblea Legislativa tenga herramientas para mejorar el control de la eficiencia en el uso de los fondos públicos que el pueblo de Costa Rica deposita en las manos del Poder Judicial.
“Esa ha sido siempre la intención del Ministerio de Hacienda, esa ha sido la intención también de la comisión de asuntos hacendarios de la Asamblea Legislativa y esas son las famosas normas presupuestarias que ahora fueron presentadas ante un recurso de amparo por parte de la Corte. Parece que la Corte pues no quiere someterse a mayores controles en el uso de los fondos públicos lo cual mí, por supuesto, me preocupa muchísimo”, manifestó la mandataria.
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¿Voluntad de revisión?
Lo dicho por la presidenta de la República este miércoles pone en duda la posibilidad de que realmente se pueda dar un espacio de revisión de dichas normas de ejecución, tal y como lo manifestó Fernández el lunes anterior donde incluso se comprometió a impulsar una reunión entre los equipos técnicos de la Presidencia y la Corte.
La posición de la mandataria expresada el lunes anterior respondió a la petición pública que hizo la presidenta de la Corte para que les “suelten las amarras”, al hacer referencia a las normas de ejecución del presupuesto 2027.
“Hay toda la buena voluntad de mi parte de colaborarle al Poder Judicial en la revisión de esas normas presupuestarias que indicó doña Patricia que se están incorporando en el presupuesto nacional”, respondió Fernández al agregar que desde el Poder Ejecutivo no tienen la intención de que las normas sean vistas como “una camisa de fuerza”.
"Vamos a propiciar un encuentro ya de naturaleza técnica con los equipos de doña Patricia, con los equipos míos, para ayudar en la interpretación de estas normas o si es del caso, también, hacer alguna explicación más pormenorizada de cómo deben interpretarse para que jamás le generen una afectación a la operatividad diaria del Poder Judicial. Siempre lo he dicho, hablando se entiende la gente, y creo que hoy dimos un paso muy importante hacia una hoja de trabajo en equipo”, comentó la mandataria.
Consultada sobre el tema, la presidenta de la República señaló que durante la reunión con Vargas no se le comentó ni fue un tema de conversación lo relacionado con el recurso de amparo presentado por la Corte y la solicitud de medidas cautelares.
Las normas de ejecución presupuestarias que generan la polémica corresponden a normas incluidas de manera exclusiva al Poder Judicial y que establecen una serie de requisitos previos a la posibilidad de hacer uso efectivo de los recursos, lo que pondría en riesgo la continuidad del servicio, según han manifestado las autoridades judiciales.
Sobre el tema y las medidas cautelares urgentísimas acogidas por dos magistrados de la Sala Constitucional, también fue consultado el ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, quien calificó lo ocurrido como “una dictadura judicial” y crítico que desde el Poder Judicial se emitiera una orden al Poder Legislativo.