Presidenta de la Corte alegó “impacto catastrófico” y “vicios procedimentales” al pedir frenar votación de presupuesto 2027
Magistrado Fernando Cruz acogió gestión y ordenó a diputados no votar expediente en segundo debate
09/11/26 | 18:01pm
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, advirtió ante la Sala Constitucional que las normas de ejecución presupuestaria incorporadas en proyecto de presupuesto nacional de 2027 tendrían un “impacto catastrófico” en los servicios que brinda esa institución.
Así lo argumentó la magistrada en la solicitud de medida cautelar urgentísima planteada este lunes y que fue acogida por el presidente interino del Tribunal Constitucional, Fernando Cruz, quien ordenó a los diputados no votar el expediente del presupuesto 2027 en segundo debate antes del 29 de noviembre y con esto dar el espacio que se requiere para que se resuelven las consultas constitucionales pendientes.
La gestión presentada por Vargas señala que la Asamblea Legislativa intentaba avanzar con la aprobación en segundo debate del expediente pese a las advertencias realizadas sobre la existencia de consultas de constitucionalidad pendientes.
Estas gestiones cuestionan los procedimientos seguidos en comisión y el impacto que las normas presupuestarias tendrán en el Poder Judicial.
Pese a estos trámites pendientes, el Congreso tenía agendada la votación del presupuesto en segundo debate este martes 10 de noviembre, lo cual ahora deberá descartar.
A criterio de la presidenta de la Corte, la posibilidad de querer votar el presupuesto sin conocer el resultado de las consultas constitucionales frustra la finalidad del proceso y generaría que los fallos dejen de ser un mecanismo de verificación oportuna para convertirse en un “pronunciamiento extemporáneo e incapaz de evitar la entrada en vigencia de vicios procedimentales o sustanciales de rango constitucional”.
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La presidenta de la Corte enfatizó en la afectación que genera al Poder Judicial las normas presupuestarias 9, 10, 11 y 12, las cuales “inciden directamente de manera negativa, directa y gravísima en la organización y funcionamiento del Poder Judicial al bloquear recursos y congelar plazas”.
Otro de los cuestionamientos es que el Directorio Legislativo habría omitido realizar una consulta preceptiva y considerar que la aprobación del presupuesto requiere 38 votos.
Paralización
La magistrada presidenta de la Corte detalló en su gestión ante la Sala Constitucional la afectación que la aprobación del presupuesto 2027 provocaría en el Poder Judicial, al tener recursos bloqueados, impedimento de traslado de recursos entre partidas y la imposibilidad de utilizar plazas vacantes.
“En consecuencia, lo anterior, implicará la paralización parcial del Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2027, si se aprueba el proyecto de ley de presupuesto en segundo debate, sin tener aún emitido el dictamen de la Sala Constitucional sobre la consulta de constitucionalidad”, manifestó Vargas en su solicitud de medida cautelar urgentísima, según la la resolución dictada por Cruz.
En el documento se menciona que, de avanzar el expediente de presupuesto, el Poder Judicial tendrá que despedir a 2.400 personas, se pone en riesgo los servicios, licencias informáticas, se tendrán que aplicar cierres de despachos e incluso no se tendrá dinero para comprar chalecos antibalas a los agentes del Organismo de Investigación Judicial.
“Evidencia la existencia clara del impacto catastrófico que tendrían las normas de ejecución presupuestaria que serían aprobadas en segundo debate para con el Poder Judicial, la administración de justicia y el sistema democrático en general.
“Lo anterior, por cuanto implicarían un sometimiento del Poder Judicial a la mera voluntad de un órgano político de la Asamblea Legislativa y una paralización significativa de servicios para toda la población usuaria, entre la que se encuentran personas vulnerables, niños y niñas y generando riesgos importantes en la seguridad nacional”, menciona Vargas.
La magistrada agrega que las normas presupuestarias provocarían: asfixia y parálisis operativa, afectación a la continuidad de los servicios públicos y la democracia, lesión grave al mismo sistema democrático y de equilibro entre Poderes y representarían una consumación de la lesión constitucional.