Presidente interino de la Sala IV ordena al Congreso frenar votación en segundo debate del presupuesto 2027
Fernando Cruz acogió solicitud de medida cautelar que presentó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas
09/11/26 | 16:54pm
El magistrado, Fernando Cruz, en calidad de presidente interino de la Sala Constitucional, emitió este lunes 9 de noviembre una medida cautelar urgentísima de acatamiento obligatorio para los diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes se les ordena no votar esta semana en segundo debate el presupuesto de la República 2027.
La orden responde a una solicitud planteada de manera directa por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, quien expuso que dicho trámite avanza en el Congreso pese a consultas de constitucionalidad pendientes de resolver.
El presupuesto de la República se aprobó en primer debate el jueves anterior y se tenía prevista la votación para su segundo debate este lunes, lo cual ahora deberá esperar.
Las consultas pendientes de resolver tienen relación con el impacto que tendrán en el Poder Judicial las normas de ejecución presupuestarias incluidas de manera exclusiva para dicha entidad y afectaría su funcionamiento, según han manifestado las autoridades.
“… ante la dimensión de la situación planteada y la afectación que de ello se aduce para el normal funcionamiento de las competencias otorgadas constitucionalmente al Poder Judicial en su conjunto; considerando, junto con ello, el equilibro de Poderes y el respeto a las esferas competenciales otorgadas por la Constitución Política a cada uno de ellos; y teniendo presente el respeto al principio de supremacía constitucional, cuya defensa se reclama en este procedimiento de control preventivo de constitucionalidad de las leyes, lo que corresponde es acoger la solicitud de medida cautelar urgentísima solicitada por la Corte Suprema de Justicia, lo que, en el caso bajo estudio, implica que el Plenario de la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de dar segundo debate al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.754, antes del 29 de noviembre de 2026”, manifestó el magistrado Cruz a cargo del expediente en análisis.
Esperar dicho plazo, fecha máxima de aprobación establecido por ley, permitiría resolver el expediente en trámite.
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Solicitud
La decisión del magistrado Cruz responde a una gestión que realizó de manera directa la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, quien informó sobre la urgencia de tomar una decisión antes de que el presupuesto se aprobará en segundo debate, lo cual se tenía previsto para esta semana.
“Quería informarles a las personas magistradas que esta presidencia interpuso una solicitud de medida cautelar ante la Sala Constitucional justamente con relación al presupuesto del año 2027, a efectos de que se pronuncia con la urgencia que corresponde y valore la imposición de una medida cautelar frente a la probable o posible aprobación en segundo debate del proyecto en cuestión, entonces lo que quería era informarle a la Corte de esta acción”, dijo Vargas en Corte Plena.
La preocupación por el tema presupuestario también fue parte de las preocupaciones que la magistrada expuso ante la presidenta de la República, Laura Fernández, con quien se reunió este lunes en Casa Presidencial.
En dicho encuentro, Vargas pidió soltar "las amarras" que le intentan poner al Poder Judicial en el presupuesto del 2027 y que afectará la gestión y el servicio que brindan.
De acuerdo con ambas jerarcas, desde el Poder Ejecutivo se tendrá la anuencia para hacer la revisión que corresponde.
“Hay toda la buena voluntad de mi parte de colaborarle al Poder Judicial en la revisión de esas normas presupuestarias que indicó doña Patricia que se están incorporando en el presupuesto nacional”, señaló la mandataria al explicar que la intención es garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y que no tienen la intención de que las normas sean vistas como “una camisa de fuerza”.
Además, informaron que se agendará una reunión entre los equipos técnicos de ambos Poderes para analizar el tema. Incluso, la magistrada presidenta manifestó que dicho encuentro se podría realizar este martes.
Normas de ejecución
La preocupación de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y de todos los magistrados, se da porque el Poder Ejecutivo incluyó normas de ejecución exclusivas para el presupuesto 2027 del Poder Judicial, las cuales establecen una serie de requisitos previos a la posibilidad de hacer uso efectivo de los recursos, lo que pondría en riesgo la continuidad del servicio, según han manifestado las autoridades judiciales.
Por ejemplo, una de las normas bloquea el uso de ¢29.840 millones hasta tanto el Poder Judicial presente informes auditados sobre el uso del fideicomiso inmobiliario del 2015, reciba la certificación de la Contraloría General de la República del cumplimiento de disposiciones de auditoría, presente los informes ante la comisión de control, ingreso y gasto público y recibir la aprobación, la cual también deberá pasar a Plenario.
A criterio de las autoridades judiciales cumplir con estos requisitos se podría llevar la mitad del año y provocaría un impacto directo en el servicio e incluso cierre de oficinas.
Por esta razón, la nueva presidenta del Poder Judicial anuncia nuevas medidas de oposición.