Sin entrar en el fondo del tema, Procuraduría respondió al Gobierno consulta sobre eliminar seguridad policial en casas de expresidentes
PGR manifiesta al Poder Ejecutivo que sí tiene la potestad de derogar decretos
03/06/25 | 19:05pm
Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, la Procuraduría General de la República (PGR) respondió al Gobierno la consulta formulada el pasado 30 de abril sobre la posible eliminación del decreto ejecutivo que asigna oficiales de la Fuerza Pública para la custodia de expresidentes y ex primeras damas.
Como informó AmeliaRueda.com, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, elevó la consulta a la PGR al considerar que este servicio representa un uso de recursos y personal que debería estar destinado a atender a la ciudadanía en general.
La respuesta a las consultas de Zamora llegó el pasado 26 de mayo mediante el oficio PGR-C-097-2025; la Procuraduría respondió al jerarca de Seguridad en un documento de 13 páginas el resultado de su análisis, aclarando que no se referirán al tema en específico, sino a la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de eliminar decretos.
“Desde ya manifestamos que la consulta será analizada únicamente desde una perspectiva general, y se limitará a analizar la viabilidad jurídica de derogar un decreto ejecutivo mediante de otro decreto ejecutivo, ya que cualquier consideración relativa al uso o gestión de recursos públicos excede el ámbito de competencia de esta Procuraduría, por cuanto dicha materia se encuentra reservada constitucional y legalmente a la Contraloría General de la República.
“Asimismo, debe señalarse que no le compete a esta Procuraduría pronunciarse sobre la pertinencia, oportunidad y conveniencia de promover o emitir nuevas disposiciones reglamentarias sobre un tema específico, toda vez que ello implicaría sustituir el ámbito de competencia de la Administración activa y el ejercicio de la potestad reglamentaria que, conforme al artículo 140, inciso 3 de la Constitución Política, corresponde al Poder Ejecutivo”, menciona el documento.
Decreto
Tras aclarar los alcances del análisis realizado, en la PGR se apartan de opinar sobre la posibilidad de quitar o no la seguridad policial a las casas de los expresidentes y ex primeras damas y concluyen que el Gobierno sí puede derogar un decreto ejecutivo por medio de otro documento.
Anuncio
Sin embargo, mencionan aspectos que se deben respetar en el proceso.
“Cabe señalar, finalmente, que la derogación de un decreto (al igual que ocurriría con cualquier otra disposición general, como un reglamento o una ley) lo es sin perjuicio de los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de la disposición derogada.
“De manera tal que aun cuando el acto derogatorio no lo indique así expresamente, la derogación debe entenderse sujeta al principio de irretroactividad derivado del artículo 34 de la Constitución Política”, agrega el documento al concluir la potestad reglamentaria que tiene el Ejecutivo de derogar o modificar un decreto por medio de otro (decreto) siempre y cuando se respete lo establecido en la ley como lo son los “derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de la disposición que se llegue a derogar”.
Costo
De acuerdo con dato de Seguridad, dados a conocer por el despacho del ministro en el oficio MSP-DM-799-2025, enviado al periodista Erich Picado y que circuló en redes sociales, actualmente se tienen puestos de seguridad ubicados en las casas de los expresidentes:
- Óscar Arias Sánchez
- Rafael Ángel Calderón Fournier
- Miguel Ángel Rodríguez Echeverría
- Abel Pacheco de la Espriella
Agrega en la información que también se brinda vigilancia y seguridad en las casas de las señoras:
- Karen Olsen Beck (cónyuge de José Figueres Ferrer)
- Josette Atmann Borbón (ex cónyuge de José María Figueres Olsen)
De acuerdo con el reporte del MSP, el costo por la cobertura de los seis puestos de seguridad en los inmuebles privados es de más de ¢32 millones al mes (datos del 2024), al tomar en cuenta el salario de los 30 oficiales que cada mes se destinan para el cumplimiento de este decreto y la vigilancia en las casas de expresidentes y ex primeras damas.