Ministro de Seguridad solicitó criterio jurídico al procurador general
06/05/25 | 13:20pm
El Gobierno de la República, por medio del Ministerio de Seguridad Pública, plantea la posibilidad de derogar el decreto ejecutivo que asigna personal policial de la Fuerza Pública en las casas de los expresidentes de la República y ex primeras damas.
Mediante el oficio MSP-DM-2025, del cual AmeliaRueda.com tiene copia, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, solicitó el criterio de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el tema.
En dicho documento de dos páginas, se expone ante el Procurador General, Iván Vincenti, la consulta:
“… la posibilidad de derogar, mediante Decreto Ejecutivo, el Decreto Ejecutivo N.º 31208-MSP del 31 de marzo de 2003, publicado en La Gaceta N.º 118 del 20 de junio de 2003: “Reglamento del Servicio de Vigilancia y Seguridad para los Señores Presidentes de la República de Costa Rica”, el cual fue posteriormente reformado por el Decreto Ejecutivo N.º 31958 del 20 de octubre de 2003, que reforma el artículo 7º del Decreto Ejecutivo N.º 31208-MSP, autorizándose el uso del servicio a las ex primeras damas de la República”.
En la justificación, el ministro de Seguridad plantea que el servicio que se brinda no cuenta con una normativa que lo regule, representa un gasto de recursos y disposición de personal.
Zamora manifestó que los recursos que se utilizan en el servicio de cuido de estas personas debería orientarse a la vigilancia y seguridad de la ciudadanía en general.
En el desarrollo de la consulta a la PGR, el ministro de Seguridad señaló que las personas que hoy tienen seguridad por parte de la Fuerza Pública tienen la posibilidad de acceder a un servicio de protección privada, el cual ya se encuentra debidamente regulado en el país, a diferencia de hace 22 años cuando se emitió el decreto ejecutivo.
“Estas leyes permiten a cualquier ciudadano contratar protección personal o para sus propiedades, y en caso de ser amenazado, interponer una denuncia para recibir la protección adecuada, lo que refleja una evolución en el ámbito jurídico y social del país”, menciona el documento al hacer referencia a las leyes que regulan la contratación de este tipo de servicios (seguridad privada).
“Es decir, hoy en día, existe legislación general y especial que permite a cualquier ciudadano, en igualdad de condiciones, acceder a servicios de seguridad personalizada, ya sea por razones legales o mediante contratación privada, conforme al artículo 33 de la Constitución, que establece la igualdad de todas las personas ante la ley sin discriminación”, agrega.
En el documento, el ministro de Seguridad hace referencia al criterio de la Asesoría Jurídica del MSP, el cual determinó que, tomando en cuenta los factores expuestos, sí es posible derogar el decreto ejecutivo en cuestión, el cual establece la vigilancia y seguridad para expresidentes y ex primeras damas.
“No obstante, a esta representación le asiste la duda si es procedente la derogatoria de dicho Decreto Ejecutivo, tomando en cuenta que la promulgación del decreto y su reforma, respondió a una consideración de la Contraloría General de la República”, señala el jerarca de Seguridad al concluir la consulta, la cual fue enviada a la PGR el pasado 30 de abril y aún está en análisis.
Así lo confirmó la Procuraduría a AmeliaRueda.com y también el ministro de Seguridad, quien aseguró estar a la espera de la respuesta para “proceder conforme a derecho”.
Sobre este tema, desde el despacho del ministro de Seguridad, Mario Zamora, se emitió la semana anterior un oficio donde se daban a conocer los montos que representa para el Estado el mantener la presencia de oficiales de Fuerza Pública en las casas de los expresidentes y ex primeras damas.
El oficio MSP-DM-799-2025, enviado al periodista Erich Picado y que circuló en redes sociales, menciona que actualmente se tienen puestos de seguridad ubicados en las casas de los expresidentes:
Óscar Arias Sánchez
Rafael Ángel Calderón Fournier
Miguel Ángel Rodríguez Echeverría
Abel Pacheco de la Espriella
Agrega en la información que también se brinda vigilancia y seguridad en las casas de las señoras:
Karen Olsen Beck (cónyuge de José Figueres Ferrer)
Josette Atmann Borbón (ex cónyuge de José María Figueres Olsen)
De acuerdo con el reporte del MSP, el costo por la cobertura de los seis puestos de seguridad en los inmuebles privados es de más de ¢32 millones al mes (datos del 2024), al tomar en cuenta el salario de los 30 oficiales que cada mes se destinan para el cumplimiento de este decreto y la vigilancia en las casas de expresidentes y ex primeras damas.
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