Expresidentes Pacheco y Calderón reprochan consulta legal del Gobierno para retirar policías de sus casas; Arias y Rodríguez evitan referirse

Los expresidentes de la República, Abel Pacheco (2002-2006) y Rafael Ángel Calderón Fournier (1990 – 1994) reprochan la consulta legal que realiza el Gobierno, por medio del ministro de Seguridad, para el retiro de vigilancia de sus casas. 

Consultados por AmeliaRueda.com, ambos exmandatarios mostraron asombro ante la consulta que realizó el jerarca de Seguridad, Mario Zamora, ante la Procuraduría General de la República (PGR). 

El documento enviado a la PGR el pasado 30 de abril plantea la posibilidad de derogar el decreto ejecutivo del año 2003 que reglamentó la asignación de oficiales de Fuerza Pública para la vigilancia de los expresidentes y ex primeras damas. 

En el argumento se menciona que el recurso humano de dicho cuerpo policial debería ser utilizado en el resguardo de toda la ciudadanía y agrega que actualmente existe legislación suficiente para que las personas que así lo deseen, paguen por protección privada. 

Reacciones

El expresidente Rafael Ángel Calderón manifestó estar “asombrado” ante la pretensión del Gobierno y la consulta a la PGR. 

Aseguró que en otros países del mundo la seguridad y apoyo que se brinda a los expresidentes es mucho mayor. 

“Es de lo único que el Estado me brinda en mi condición de expresidente ya por 30 años, me sorprende, simplemente me sorprende, veremos qué dice la Procuraduría. 

“En muchos lugares del mundo a los expresidentes les tienen más gente y todo más bien, un staff que ayuda en todas las ocupaciones que uno tiene y en representaciones que uno tiene. Aquí lo único que nos han dado es una seguridad a la vivienda y es todo el personal que nos han brindado… me sorprende, simplemente le digo, me sorprende y veremos qué dice la Procuraduría”, enfatizó Calderón. 

En la misma sintonía, Abel Pacheco también mostró su asombro sobre la consulta y la posibilidad de retirarles la vigilancia en sus viviendas. 

“Nosotros con todo gusto colaboramos y pagamos el agua y la electricidad de la casetilla para evitarle gastos al Estado y creo que un derecho adquirido es un derecho adquirido. Si los derechos adquiridos se pueden quitar, este país ya no es una democracia. 

“Nosotros tenemos una protección mínima… creo que merecida. Yo tengo 92 años, si me quitan la seguridad me liquido; espero haberle cumplido a mi país a cabalidad”, manifestó Pacheco al asegurar que no está de acuerdo con el planteamiento y que confía en la legalidad de los derechos adquiridos. 

Consultados sobre el mismo tema, por medio de sus encargadas de prensa, los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez (1998 – 2002) y Óscar Arias (1986 -1990 / 2006 – 2010) manifestaron que preferían no referirse al tema. 

Lea: Gobierno consulta a Procuraduría si puede derogar decreto que asigna seguridad policial en casas de expresidentes y ex primeras damas

Consulta legal

AmeliaRueda.com dio a conocer este martes que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, consultó ante la Procuraduría si es posible derogar el decreto ejecutivo del 2003 que reglamenta el servicio de vigilancia y seguridad que brinda el Estado a los expresidentes de la República ex primeras damas. 

En el oficio Zamora resalta que el servicio que se brinda no cuenta con una normativa que lo regule, representa un gasto de recursos y disposición de personal.

“… la prestación del servicio a los expresidentes y ex primeras damas de la República, conlleva una disposición de personal y de otros recursos, implicándose un gasto cuantioso para brindar seguridad policial particularizada a las casas de habitación de los señores expresidentes y las señoras exprimeras damas, conforme la reglamentación dicha; constituyendo ello, un uso particular de los recursos del Estado que son de todos los ciudadanos, para brindar una atención particular de cuido de las casas de determinadas personas”, menciona el jerarca. 

En otro oficio emitido desde el despacho del ministro se mencionó que actualmente se brinda presencia policial en la casa de cuatro expresidentes de la República y dos ex primeras damas, lo cual requiere una asignación permanente de 30 funcionarios que por mes representan un pago de salarios superior a los ¢32 millones.