
Se acumularon en un solo expediente
05/09/26 | 08:26am
La Sala Constitucional acogió para estudio tres acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra del decreto presidencial que establece secreto de Estado toda la materia relacionada con seguridad.
Las tres gestiones fueron cursadas y se acumularon en un solo expediente, según confirmó el Tribunal Constitucional por medio de su oficina de prensa.
Entre las acciones cursadas se incluye la gestión presentada por los diputados de las fracciones de oposición de la Asamblea Legislativa.
Todos los trámites se oponen al decreto No. 45870, firmado por la presidenta de la República, Laura Fernández, el cual fue publicado el pasado 10 de agosto en el diario oficial La Gaceta y declara secreto de Estado y de acceso restringido la información, documentos, archivos e informes vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo denominado “Fuerza Élite” y otras coordinaciones sobre seguridad y defensa que dirija la Presidencia.
Con la decisión de la Sala IV de dar curso a las tres acciones, ahora inicia el proceso de estudio dentro del cual se le debe dar audiencia a las partes.
Del total de gestiones presentadas en contra del decreto, aún queda una acción de inconstitucionalidad en estudio de admisibilidad.
Las acciones de inconstitucionalidad cursadas corresponden a los expedientes 26-30117-0007-CO, 26-029780-0007-CO y 26-29672-0007-CO.
En las gestiones se alega afectación a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas, libertad de expresión y el principio de reserva de ley.
También se cuestionan aspectos relacionados con:
En el caso específico de la acción de inconstitucional que presentaron los diputados de oposición, se cuestiona “que el decreto establezca una reserva de alcance indeterminado e indiscriminado sobre la información de estos órganos, incluyendo presupuestos, gastos, contrataciones públicas y la existencia misma y competencias de la "Fuerza Élite", la cual carece de creación por ley formal”.
Agregan en su gestión que las restricciones implementadas vulneran el control de la hacienda pública, la rendición de cuentas, el debido proceso y el acceso a la información pública.
En el caso de los recursos de amparo presentados en contra del decreto presidencial que declara secreto de Estado la materia de seguridad, la Sala Constitucional ya decidió rechazarlos de plano.
En el expediente 26-029527-0007-CO las personas recurrentes señalaron que el decreto vulnera el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el control ciudadano.
En el reclamo argumentaban que la decisión del Gobierno vulneraba diversos artículos de la Constitución Política, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
“Solicitan que se declare con lugar el recurso, se suspendan los efectos del decreto y se ordene entregar versiones públicas de la información, manteniendo reservados únicamente aquellos datos cuya divulgación implique un riesgo real para la seguridad nacional”, pedían en el trámite.
Los otros dos recursos de amparo rechazados de plano son los expedientes 26-29318-0007-CO y 26-28940-0007-CO, en los cuales se argumentaba que lo establecido en el decreto limita el acceso a información de interés público y la fiscalización sobre el uso de recursos públicos; ambos pedían la suspensión inmediata de los efectos del decreto y la posterior anulación.
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