Fernández decreta “Secreto de Estado” información de Consejo de Seguridad Pública, Fuerza Élite, DIS y otras coordinaciones de seguridad
Funcionarios públicos y privados que participen en reuniones “están obligados a guardar absoluta confidencialidad y privacidad de los asuntos que ahí se discutan”. Sujetos privados deberán firmar “obligatoriamente una cláusula de sometimiento al Secreto de Estado”
10/08/26 | 07:47am
La presidenta de la República, Laura Fernández, declaró como “Secreto de Estado” y de acceso restringido la información, documentos, archivos e informes vinculados con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo denominado “Fuerza Élite” y otras coordinaciones sobre seguridad y defensa que dirija la Presidencia.
Así consta en el decreto N.° 45870, firmado por la presidenta de la República, Laura Fernández, el cual fue publicado este lunes en el diario oficial La Gaceta.
La declaratoria rige desde este lunes y también alcanza sesiones, reuniones, grabaciones, planes y acuerdos de esas instancias, así como información sobre operaciones policiales, mecanismos de inteligencia, estructuras de mando, protocolos de intervención, capacidades operativas y planes de respuesta. Además, incluye expedientes administrativos y procedimientos de contratación pública, como estudios previos, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y fases de ejecución relacionados con esas instancias.
“En ese sentido, el Estado de Costa Rica enfrenta la necesidad de combatir estructuras criminales cada vez más complejas y organizadas, mediante una planificación estratégica basada en inteligencia, coordinación operativa y toma de decisiones oportunas, obligándolo a reaccionar de manera rápida y eficiente ante situaciones que ponen en riesgo la paz social y el bienestar de la población”, señala el decreto.
El grupo denominado “Fuerza Élite” reúne todos los lunes a los jefes policiales del país con la presidenta. A partir de este lunes, toda la información discutida en esos encuentros quedará bajo la categoría de “Secreto de Estado”.
En estas reuniones participan los ministros de Seguridad Pública y de Justicia y Paz, así como altos mandos de las diferentes fuerzas policiales y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). También intervienen asesores de distintas áreas.
Según el decreto, la intención es resguardar información relacionada con planes de seguridad, estructuras de mando, mecanismos tecnológicos, coordinación interinstitucional y estrategias de acción, entre otros aspectos.
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La presidenta argumenta que la divulgación de esta información podría comprometer operaciones en curso o futuras, poner en riesgo la vida e integridad física de funcionarios públicos y terceros, afectar compromisos de cooperación internacional en materia de seguridad y reducir la eficacia de las operaciones.
También advierte que la divulgación podría revelar metodologías de análisis, resultados de acciones realizadas, planificación de operativos, estrategias, mecanismos de control interno y supervisión, protocolos de evaluación de confiabilidad, así como mecanismos para evaluar riesgos y detectar infiltraciones o actos de corrupción.
“Todo ello podría permitir a organizaciones criminales nacionales y transnacionales generar amenazas contra la seguridad pública al identificar vulnerabilidades institucionales y desarrollar estrategias para evadir los controles establecidos por el Estado”, señala el decreto, firmado por la presidenta Fernández y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos.
Secreto de Estado
El decreto firmado contempla seis artículos que establecen lo que rige a partir de este lunes y manifiesta que la decisión se toma para no entorpecer o poner en riesgo el trabajo que realizan las autoridades judiciales y policiales en la lucha contra la criminalidad, así como no “poner en riesgo la vida de las personas funcionarias”.
El documento señala los informes, documentos archivos o información que son declarados “Secreto de Estado” y tienen relación con el trabajo operativo.
Además, se advierte de sanciones para quienes incumplan lo establecido en el decreto.
“Quienes participen en el Consejo, la DIS y “Fuerza Élite” y la persona con quien la Presidencia coordine directamente planes en materia de seguridad, están obligados a guardar absoluta confidencialidad y privacidad de los asuntos que ahí se discutan, y que de forma directa o indirecta puedan percibir y conocer con ocasión y a consecuencia de su participación.
“Quien incurra en el incumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, se le aplicará los procedimientos y las sanciones correspondientes al quebrantamiento de Secreto de Estado, establecidos en la legislación nacional, así como la resolución contractual de pleno y sin responsabilidad para la Administración Pública, cuando corresponda. Esta obligación persistirá de forma indefinida, independientemente de si su relación con el Estado, cualquiera que sea, haya finalizado”, explica el decreto.
Las nuevas disposiciones aplican para todos los funcionarios involucrados en materia de seguridad, tanto a ministros, jefes policiales, personal de apoyo, asesores y consultores. Incluso, agregan en la lista a sujetos privados “que presten servicios técnicos, profesionales y administrativos, remunerados o no. En este último supuesto, los sujetos privados deberán firmar obligatoriamente una cláusula de sometimiento al Secreto de Estado”.
Todas las personas mencionadas en el decreto tendrán prohibido revelar o reproducir la información que forma parte del “Secreto de Estado”.