Recorte presupuestario dejará sin municiones al OIJ para 2027: “¿Será que vamos a tener que usar piedras contra el crimen organizado?”, cuestiona director
Autoridades del Poder Judicial analizaron impacto en continuidad del servicio con reducciones y bloqueo de recursos propuestos por Hacienda
07/09/26 | 17:18pm
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala que el recorte y bloqueo presupuestario previsto para el presupuesto del 2027 los dejará sin municiones.
“¿Vamos a tener que usar piedras contra el crimen organizado? Porque vamos a quedar una limitación de munición muy importante”, cuestionó el director a.i. de la policía judicial, Michael Soto.
Esta será una de las afectaciones que tendrá el OIJ con el impacto al presupuesto del próximo año que propone el Ministerio de Hacienda para el Poder Judicial donde se reducen los recursos en ¢10.500, pero además se bloquean ¢28.844 millones.
Esto genera “alta preocupación y angustia” y “golpea muy fuerte” al OIJ, así lo explicó Soto ante los magistrados de la Corte Plena que en la sesión de este lunes analizaron cómo afectará la continuidad del servicio esta reducción del presupuesto y limitación al uso de recursos.
En el caso del OIJ, su director lamentó que se quiera afectar su trabajo pese a que este 2026 ha sido uno de los “años más exitosos, “donde literalmente nuestros muchachos han dejado la sangre en la calle”.
El recorte al presupuesto afecta la compra de municiones para el 2027, adquisición de armas, chalecos antibalas, uniformes, desarrollo de software y repuestos para la reparación de vehículos.
También se pone en riesgo el uso de los sistemas de radios de comunicaciones, investigaciones, autopsias, seguridad de la información y de las investigaciones judiciales.
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Incluso, de concretarse la imposibilidad de hacer uso de las plazas vacantes, el OIJ se quedaría sin director y subdirector, ya que actualmente dichos cargos se ocupan de manera interina, plazas que quedarían congeladas.
“La rigidez nos va a matar, literalmente, nos va a hacer poner un candado.
“Estas dos normas están diseñadas para que no podamos ejecutar”, dijo Soto al hacer referencia a la norma 9 y 10 que impuso Hacienda de manera exclusiva al presupuesto del Poder Judicial y establece bloqueo de recursos y la imposibilidad de hacer mover recursos de una partida a otra.
“Es bastante grave”
Las autoridades de cada una de las dependencias del Poder Judicial explicaron ante Corte Plena la afectación que sufrirán en su funcionamiento con la propuesta de presupuesto presentada por Hacienda y las reglas que impone para el uso de los recursos.
El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que se provocará una “afectación directa y en cadena”, lo cual “es bastante grave” porque afectará el avance de las investigaciones y provocará que, por ejemplo, los casos se queden varados.
“El escenario que se proyecto es de calamidad, es de caos, es que no lo puedo ver con un calificativo menor que ese, va a reinar el caos en el 2027”, dijo el fiscal general al señalar que se dará “un cierre técnico del Poder Judicial”.
A criterio de Díaz, lo que ocurre con el presupuesto del 2027 responde a la materialización del anuncio del cierre del Poder Judicial que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció el pasado 25 de julio en el acto oficial de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya.
El fiscal mencionó que la intención del Gobierno es parte de un “proyecto político marcado”, con un “fin autoritario” que pretende llevarnos “a una dictadura”.
Díaz expuso que, con la reducción del presupuesto, bloqueo de plazas vacantes y recursos se pretende debilitar al Poder Judicial para alimentar la narrativa de la supuesta ineficiencia de la entidad.
Al citar ejemplos de afectación directa que tendrá el Ministerio Público, señaló que ante la falta de recursos deberán cerrar oficinas, una de estas será la de Cóbano, lo que obligará a las personas a tener que ir hasta Puntarenas a interponer una denuncia.
También se reducirán 25 plazas de la fiscalía de narcotráfico y 33 del parea encargada de investigar delitos sexuales. Además, se podría generar el cierre de la jurisdicción de delincuencia organizada.
La Defensa Pública también reveló su impacto, y su director, Juan Carlos Pérez, explicó que, de materializarse el recorte y bloqueo de recursos, se tendrán que cerrar las oficinas de atención de Jacó, Garabito, Batán, Puerto Jiménez, Tarrazú, Quepos y La Fortuna de San Carlos.
“Nos pone a las puertas de un cierre técnico de la Defensa Pública, particularmente en pocos días, del Poder Judicial”, dijo el funcionario al hacer referencia a que los recursos se requieren desde el inicio del año para poder dar continuidad a los pagos, por ejemplo, de alquileres de oficinas.
Otro de los programas que se verán afectado es el protección y atención a víctimas y testigos.
“Catastrófico”
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, explicó que la afectación a los servicios viene por la implementación de normas que “no son ordinarias” para el uso de los recursos, lo que los obliga a tener recursos bloqueados hasta cumplir condiciones previas, las cuales tardarían hasta seis meses en cumplir por plazos propios de la Administración y porque dependen de la Contraloría General de la República y de la Asamblea Legislativa.
“La liberación de los recursos no obedece a criterios técnicos de necesidad, operativa sino a tiempos administrativos externos y voluntad política”, dijo Romero.
Al bloqueo se suma la prohibición impuesta de trasladar recursos entre partidas.
“Esto nos va a generar, sin lugar a dudas, una parálisis que, asociado al bloqueo, pues tengo que señalarlo esto desde el punto de vista de la ejecución de los recursos es catastrófico para el Poder Judicial, así tengo que decirlo”, agregó.
Entre los impactos específicos, la funcionaria mencionó la imposibilidad de avanzar con el proyecto de construcción de los Tribunales y Morgue de Buenos Aires.
A esto se suma la imposibilidad de dar mantenimiento a los edificios que funcionan actualmente y no poder hacer reparaciones en instalaciones eléctricos o elevadores, por ejemplo.
“Esto incide prácticamente en un cierre técnico porque si no podemos estar atendiendo las edificaciones con estos contratos básicos de mantenimiento nos exponemos a órdenes sanitarias y en consecuencia el cierre de nuestras instalaciones”, manifestó.
Uno de los departamentos con mayor impacto será el de tecnología, donde el Poder Judicial se quedaría sin recursos para darle continuidad a programas informáticos como la conexión de Teams, correo electrónico, teletrabajo, antivirus básico, conexión con Migración, entre otros.
En cuanto al bloqueo de plazas vacantes (que se utilizan actualmente con nombramientos interinos), esto impactará 2.463 puestos.
Ante los señalamientos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, dijo que ya se trabaja en medidas legales para intentar revertir la intención de Hacienda y reconoció que, de concretarse el recorte y bloqueo presupuestario, “se produciría prácticamente un cierre técnico del Poder Judicial, es una afectación en su funcionamiento”.