Por primera vez en su historia, Sala IV dictó medidas cautelares en consultas sobre constitucionalidad del presupuesto

Las resoluciones impiden, por ahora, que el Plenario avance con la discusión y aprobación definitiva del presupuesto en segundo debate, como estaba previsto en la agenda legislativa.

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Primera resolución

La primera resolución la emitió a la 1:03 p.m. de este lunes 9 de noviembre el presidente interino de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, quien acogió la solicitud de medida cautelar urgentísima solicitada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, quien argumentó que el presupuesto 2027 incorporó normas de ejecución que tendrían un impacto “catastrófico” para el funcionamiento de dicha entidad y sus dependencias. 

La magistrada además señaló que el trámite tiene “vicios procedimentales” y se argumentan los procesos seguidos en comisión. 

A criterio de la presidenta de la Corte, la posibilidad de querer votar el presupuesto sin conocer el resultado de las consultas constitucionales frustra la finalidad del proceso y generaría que los fallos dejen de ser un mecanismo de verificación oportuna para convertirse en un “pronunciamiento extemporáneo e incapaz de evitar la entrada en vigencia de vicios procedimentales o sustanciales de rango constitucional”. 

Ante esto, el magistrado Cruz acogió la solicitud y ordenó a la Asamblea Legislativa no aprobar el presupuesto 2027 en segundo debate antes del 29 de noviembre. La medida cautelar se notificó al Congreso a las 4:28 p.m.

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Segunda resolución

La segunda resolución se emitió horas después y se trató de una medida cautelar emitida a las 6 p.m. de este lunes por la magistrada de la Sala Constitucional, Ingrid Hess, la cual se enfoca en la misma línea (paralizar el proceso de aprobación), pero acogiendo un reclamo distinto. 

En este caso, el expediente en análisis fue presentado por diversos diputados de oposición, entre ellos los jefes de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), Álvaro Ramírez y José María Villalta, respectivamente. 

En la consulta de constitucionalidad en trámite con solicitud de medida cautelar urgentísima tiene relación con la rebaja de recursos de ¢8.048 millones que plantea el presupuesto 2027 al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Los legisladores también alegaron vicios en el procedimiento al haber aprobado mociones de distribución de los recursos y dar las audiencias que corresponden en comisión. 

“… se constata que ciertamente este proyecto ya se encuentra convocado para su discusión en segundo debate. Así las cosas, ante la dimensión de la situación planteada y teniendo presente el respeto al principio de supremacía constitucional, cuya defensa se reclama en este procedimiento de control preventivo de constitucionalidad de las leyes, lo que corresponde es acoger la solicitud de medida cautelar urgentísima solicitada por los consultantes, lo que, en el caso bajo estudio, implica que el Plenario de la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de discutir y aprobar en segundo debate al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.754, antes del 29 de noviembre de 2026”, resolvió la magistrada Hess. 

Ambas resoluciones son de carácter individual, es decir, la emiten los magistrados a cargo de cada consulta y aún se tiene pendiente la resolución por el fondo y del pleno del tribunal constitucional.

Otros casos

Las consultas de constitucionalidad previas a la aprobación de los proyectos de presupuesto de la República no son gestiones ajenas para los magistrados, desde la creación de la Sala IV se han recibido 46 trámites, así lo registran los datos históricos del tribunal constitucional solicitados por AmeliaRueda.com. 

Lo que sí resultó diferente en esta oportunidad es que se tuvieran que emitir medidas cautelares para obligar a los diputados a esperar que estas consultas se resuelvan. 

De acuerdo con el reporte, del total de consultas planteadas a la fecha (46) un total de 25 se terminaron declarando con lugar, 10 sin lugar, cinco gestiones fueron rechazadas de plano, dos registran que se resolvieron parcialmente con lugar y una más se declaró inevacuable. 

A estos registros se suma tres consultas pendientes de responder porque tiene relación con el expediente de presupuesto activo en este momento en el Congreso para su ejecución en el 2027. 

Entre las consultas recibidas en el pasado se ha cuestionado ante la Sala Constitucional la incorporados de decretos que pretendían modificar la entrega de recursos, así como normas de autorización para la incorporación de presupuesto. Esto ha generado que se declaren inconstitucionales diversos artículos y transferencias incorporadas en el proceso. 

Se han analizado, además, aspectos relacionados con las contribuciones del Estado al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), instituciones privadas sin fines de lucro, financiamiento de gasto ordinarios con bonos, falta de firmas en mociones, transferencias a municipalidades, vicios en el procedimiento, entre otros. 

Los años en los que se recibieron la mayor cantidad de consultas de constitucionalidad relacionadas con presupuesto en la historia de la Sala IV fueron 2004 (5), 1999 (4), 2015 (4) y 2000 (3), 2007 (3), 2013 (3) y 2026 (3). En otros años se registran uno o dos trámites e incluso se registran años en los que no se recibieron consultas de este tipo. 

En el caso de las tres gestiones presentadas este año aún se encuentran pendientes de resolver.