Oficialismo rechaza moción que buscaba liberar ¢29.840 millones del presupuesto 2027 para el Poder Judicial
Diputados de oposición califican de atípica, irregular e inconstitucional la norma 9, incluida de manera exclusiva para el presupuesto del Poder Judicial
16/10/26 | 12:07pm
El oficialismo rechazó este viernes en la comisión de asuntos hacendarios, la primera moción presentada en contra del presupuesto 2027, moción que pretendía eliminar la norma 9 incluida de manera exclusiva para el Poder Judicial y que provoca un bloqueo a dicha entidad para el uso de ¢29.840 millones.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar, presentó la moción que buscaba eliminar dicha norma, la cual calificó de anómala e inconstitucional.
Se trata de un requisito incluido, por primera vez y de manera exclusiva, para el presupuesto del Poder Judicial donde se establece un bloqueo o congelamiento de ¢29.840 millones, los cuales se pueden utilizar hasta tanto la institución cumpla con diversos procesos:
- Presentar informes auditados sobre el uso del fideicomiso inmobiliario del 2015
- Recibir la certificación de la Contraloría General de la República del cumplimiento de disposiciones de auditoría
- Presentar los informes ante la comisión de control, ingreso y gasto público y recibir la aprobación, la cual también deberá pasar a Plenario
- Gestionar el desbloqueo de los recursos ante el Ministerio de Hacienda
“¿Por qué hablamos de un congelamiento? Porque efectivamente deben pasar por un proceso donde no hay plazos y eso no va a permitir optimizar los recursos para que sean ejecutados de manera oportuna.
“No hay certeza de cuándo terminará el bloqueo, el Poder Judicial estima que siguiendo los pasos que la norma exige, los fondos no se liberarían antes de mediados de 2027”, explicó Aguilar.
La legisladora verdiblanca explicó que el bloqueo establecido representa un impacto al 5,6% del presupuesto total del Poder Judicial y afecta de manera directa y, principalmente lo relacionado con mantenimiento de oficinas, tecnología, comunicación, entre otros.
Este impedimento de uso de los recursos desde el inicio del 2027 provocaría, según advirtieron las autoridades del Poder Judicial, cierre de oficinas, atención a víctimas y testigos, apertura de nuevas sedes e incluso, los procesos de notificación de juicios.
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Aguilar dijo que la norma 9 representa una “sanción anticipada” y se trata de una decisión técnica y no política: “es una norma atípica y por eso, inconstitucional”.
Apoyo
A los señalamientos realizados por Aguilar se sumó el apoyo de los diputados de su fracción y de la legisladora del Frente Amplio, María Eugenia Román.
“Estas normas de ejecución presupuestaria atípicas e inconstitucionales afectan groseramente el ejercicio y el funcionamiento y organización del Poder Judicial, limita su trabajo y limita que puedan cumplir con todas sus metas en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Mientras el Poder Ejecutivo exige al Poder Judicial que cumpla con sus funciones, le recorta recursos para que no pueda realizar su trabajo”, dijo Román.
Por su parte, el verdiblanco, Salvador Padilla, calificó la norma y la intención de bloquear el uso de recursos sólo a un Poder de la República de “revancha, castigo, el ataque, la ofensiva del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial”.
Tras los señalamientos, la moción fue rechazada con el voto de los seis diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentes en la comisión: Cindy Murillo, Daniel Siezar, Gerald Bogantes, Grethel Ávila, Kattia Ulate y Nogui Acosta.
Los votos a favor no fueron suficientes y se recibieron por parte de los liberacionistas, Diana Murillo, Ángela Aguilar y Salvador Padilla, y los legisladores del FA, María Eugenia Román y Antonio Trejos.
La decisión forma parte del inicio del proceso de votación de las mociones presentadas al presupuesto 2027: 137 en total.
La segunda moción rechazada también fue presentada por la diputada Aguilar y pretendía eliminar la norma 10 incluida de manera exclusiva al Poder Judicial y a la Defensoría de los Habitantes y que impide a dichas entidad trasladar recursos entre subpartidas, como se realiza de manera regular.
Para el ejercicio presupuestario del próximo año el Poder Ejecutivo estableció que dichas entidades deberán solicitar una aprobación de un expediente legislativo.
“En términos simples lo que hoy se resuelve con una decisión administrativa interna mañana exigirá una ley”, dijo la verdiblanca al defender su moción y cuestionar que se trate de una medida que sólo se aplicará a dos entidades.
Esta moción No. 2 también fue rechazada por mayoría, con los votos del oficialismo.