Poder Judicial advierte de “posibles cierres de despachos y oficinas” por disminución presupuestaria para 2027
Advierten de falta de recursos para mantener pago de alquileres
07/09/26 | 12:32pm
El Poder Judicial advierte de “posibles cierres de despachos y oficinas” debido a la disminución presupuestaria que tendrán para el próximo año.
En sesión de Corte Plena, se realizó este lunes un análisis del impacto que tendrá el funcionario de la entidad al tomar en cuenta la propuesta del Ministerio de Hacienda con respecto al presupuesto nacional 2027, donde se decide reducir en ¢10.500 millones el presupuesto del Poder Judicial, pero además se bloquea el uso de ¢28.844 millones.
Esto representa una afectación al presupuesto de más de ¢40.300, lo que representa una reducción de los ingresos del 7,5% en comparación con los recursos disponibles para este 2026.
Así lo explicó ante los magistrados de la Corte Plena el director de Planificación del Poder Judicial, Allan Pow, quien alertó que los datos revelan que la entidad una afectación en los gastos de inversión, infraestructura y tecnología.
Por ejemplo, para el próximo año no se tendrán recursos para sustituir un solo vehículo de la flota vehicular y se generan reducciones en gasto corriente “del cual dependen los gastos ineludibles para la operación mínima de los servicios judicial: remuneraciones servicios públicos, limpieza, seguridad y tecnología”.
Los montos del presupuesto 2027 representa un “riesgo importante” para la continuidad del servicio del Poder Judicial el próximo año, dijo Pow.
El presupuesto del Poder Judicial aprobado para el 2027 es de ¢530.000 millones.
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Hallazgos
El director de Planificación dijo que además del recorte presupuestario realizado, el hecho de congelar el uso de ¢28.844 millones hace prever que se trata de recursos que no se podrán utilizar al menos durante el primer semestre del año.
“No se especifica el criterio técnico de este bloqueo por parte del Ministerio de Hacienda”, dijo el funcionario al señalar que de acuerdo con la restricción aplicada, el Poder Judicial podría hacer uso de dichos recursos hasta cumplir ciertos requisitos que deberán pasar por la Contraloría General de la República (CGR), la comisión de ingreso y gasto pública de la Asamblea Legislativa y, además, por el Plenario.
También se les señala la restricción de utilizar las 2.463 plazas vacantes que tienen, lo que representa el 17% de la planilla.
Con este impacto al presupuesto el director de Planificación advierte de afectación en el pago de alquileres, compra de armas y chalecos antibalas, retraso en proyecto de construcciones y remodelación, deterioro progresivo de las edificaciones, dificultad para mantener las instalaciones arrendadas y de reubicar dependencias.
“Esto significa posibles cierres de despachos y oficinas judiciales, sobre todo las que se encuentran ubicadas bajo el contrato de alquileres.
“Esta reducción del presupuesto del Poder Judicial significa una afectación directa a la ciudadanía, trasladando costos del servicio de administración de justicia a las personas usuarias y muchas de ellas en condición de vulnerabilidad”, dijo Pow.
En el análisis realizada se agregan riesgo en la continuidad de diversos servicios, como audiencias y juicios virtuales, firma y notificación electrónica de sentencias, afectación en la persecución penal y en la continuidad del servicio en general, razón por la cual se recomienda a la Corte Plena gestionar los mecanismos necesarios en defensa del presupuesto.