Queda en firme orden de demoler 70 estructuras construidas de manera ilegal en frontera norte: familias tienen dos meses
Casas y cuarterías se ubican en área protegida
23/09/25 | 17:03pm
La orden de demolición y desalojo de las estructuras ubicadas en la milla fronteriza al norte del país quedó en firme este lunes y ahora las familias que viven en la zona, área protegida, tienen dos meses para retirarse del lugar.
Así lo resolvió el Juzgado Penal de San Carlos al rechazar la apelación presentada por los habitantes de la zona.
Se trata de 70 estructuras construidas de manera ilegal en la frontera norte, situación que fue denunciada por la Fiscalía Adjunta de San Carlos y la Fiscalía Agrario Ambiental, dado a conocer por AmeliaRueda.com días atrás y que se investiga en el expediente judicial 25-000857-0306-PE por el presunto delito de invasión de área de conservación.
La orden judicial emitida ordena la demolición de las 70 estructuras, casas y cuarterías, ubicadas en Chorrera en Cutris de San Carlos.
“A raíz de dicha medida cautelar, los ocupantes ilegales cuentan con el plazo de dos meses para demoler y retirar los escombros de las obras invasora. Además, la Municipalidad de San Carlos, en asocio del SINAC-ACHAN, tendrá que ejecutar la orden en coordinación con la Fuerza Pública para asegurar el orden y cumplimiento efectivo de la disposición judicial.
“La franja fronteriza es área silvestre protegida y, a su vez, es bien de dominio público desde 1888. Su condición jurídica impide que se pueda titular en manos privadas, sin importar el negocio jurídico o el tiempo que se transcurra desde su invasión inicial”, informó el Ministerio Público.
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Lo dicho por la entidad responde a los argumentos planteados por las familias que habitan en la zona, quienes aseguraron a este medio que desde décadas atrás viven en la milla fronteriza “con el consentimiento del Estado".
"La gestión de este tipo de medidas cautelares muestran el compromiso del Ministerio Público en la protección efectiva y pronta de los bienes jurídicos ambientales, así como los derechos de la colectividad.
“La ejecución de la restitución podría tener un impacto positivo en la lucha contra la minería ilegal en Crucitas, pueblo aledaño al de Chorreras. Si bien la investigación no corresponde a un delito de minería ilegal, este tipo de asentamientos da facilidades a los mineros ilegales para obtener equipo, albergue, alimentación y transporte, lo que incentiva la minería ilegal y finalmente se convierte en un eslabón del fenómeno criminal", agregó la Fiscalía Ambiental.
La investigación por la invasión de terrenos sigue en concurso sin tener aún personas involucradas en la causa.