“Nosotros sabemos que estamos dentro de la milla fronteriza, pero con consentimiento del Estado”, responden familias ante intento de desalojo

Son más de 70 familias las que actualmente habitan en la milla fronteriza al norte del país y que por orden judicial serán desalojadas de este espacio; sin embargo, los afectados se niegan a dejar la zona y aunque reconocen que están en un área protegida, aseguran que han estado durante décadas en el lugar “con el consentimiento del Estado”. 

Así lo asegura el líder comunal de la zona conocida como Chorreras, Mario Cambronero, quien asegura que la orden de desalojo y demolición de todas las construcciones realizadas afectará a cerca de 300 personas. 

Cambronero conversó con AmeliaRueda.com y niega que todas las familias se dediquen a la minería ilegal, como lo aseguró a este medio la semana anterior el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambienta, Luis Diego Hernández. 

“Nosotros somos un pueblo pobre, probablemente si haya gente de aquí que vaya a las minas, pero no somos todos como lo dice el fiscal y tampoco tenemos relación con grupos criminales o de narcotráfico”, dijo el líder comunal. 

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Desalojo

La disputa por la liberación del espacio de la milla fronteriza inició meses atrás y ahora están a la espera de que se resuelva la apelación que las familias afectadas presentaron contra la orden de desalojo y demolición. 

Cambronero asegura que tienen claro que se ubican en una zona protegida, pero agrega que el Estado conoce de la situación e incluso la avaló, años atrás. 

“Nosotros si sabemos que estamos dentro del patrimonio del Estado, pero, con consentimiento del Estado”, dijo el representante de la comunidad al explicar que años atrás el antiguo Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) les daba arriendo y hasta les cobraba un canon simbólico de ¢300 por el uso del terreno: “nos llamaron a nosotros poseedores y ahora nos quieren quitar”, dijo. 

Mario Cambronero – líder comunal 

Para Cambronero toda la milla fronteriza, no solo el pueblo que actualmente quieren desalojar, está habitado y por eso reclama por qué sólo se ordena demoler las estructuras de ese espacio (Chorreras). 

“Durante todo este tiempo la gente ha habitado el corredor fronterizo, es decir, que se le ha dado oportunidad para que este ahí, que viva ahí y haga sus actividades sin hacer mucho daño al ambiente y ahora resulta que por un tema de minería que no han podido controlar quienes destruir nuestras viviendas y nuestras actividades. 

“El fiscal nos mete a todos en un mismo saco y nuestra apelación es para que ellos hagan una investigación y si hay alguien que está en esa línea (de minería o grupos criminales) que tenga que responder, pero no somos todos, pero, ellos nos meten en un solo paquete y nos quieren echar a todos del pueblo, demoler un pueblo que tienen 20 años desde que fundó oficialmente, con habitantes que tienen más de 40 años de vivir aquí”, agregó. 

El vocero de la comunidad asegura que entre las familias hay costarricenses y nicaragüenses, algunos en estado migratorio irregular, pero que, incluso ya tienen hijos. 

Agregan como parte del reclamo, que incluso en el 2007 se les aprobó un código para la apertura de un centro educativo que ahora, tras la orden de desalojo, cerró el pasado 11 de septiembre dejando a más de 60 niños sin clases. 

Cambronero considera que esta acción del Ministerio de Educación Pública fue arbitraria, porque debían esperar a que la jueza resolviera la apelación presentada por las familias. 

Mario Cambronero – líder comunal 

“Nosotros siempre hemos tenido la posición de que el Estado es el dueño de las tierras, siempre lo hemos dicho, hemos estado en una lucha porque nos den título de propiedad y no lo hemos podido lograr. 

“Nuestro enojo no es porque tengan que sacar a todo el mundo (de la milla fronteriza) sino que por qué sólo a nosotros”, dijo Cambronero al señalar que hay mas pueblos a lo largo de la frontera en zona protegida y contra ellos no se anuncian acciones: “¿será que la intención es sacarlos a todos o solo a nosotros? Y hasta nos meten con el crimen organizado y con el narcotráfico solo por vivir aquí, en esta parte de la frontera”, añadió. 

El líder de la comunidad que actualmente tiene una orden de desalojo y demolición asegura que tras presentar la apelación recibieron la visita de la jueza en la zona donde todas las personas se acercaron a expresar su molestia y que ahora están a la espera de que se resuelva la apelación presentada, lo cual debe ocurrir en los próximos días.