El Estado tiene el deber de proteger a sus “funcionarios más sensibles”, dice Pilar Cisneros al oponerse a proyecto que limita uso discrecional de vehículos
Propuesta pretende que solo los presidentes de los Supremos Poderes tengan este beneficio
05/03/26 | 09:46am
El Estado tiene el deber de proteger a “sus funcionarios más sensibles”, dice la diputada y jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, al oponerse al proyecto de ley que limitaría la posibilidad de uso discrecional de vehículos por parte de funcionarios públicos.
Actualmente, según los datos que señala el expediente, hay cerca de 122 funcionarios con el beneficio de vehículo de uso discrecional, lo que representa tener un chofer a disposición sin límites de horario, recorridos, ni consumo de combustible. Además, utilizan placas particulares y carecen de distintivos oficiales, “el uso queda a criterio exclusivo del funcionario asignado”.
Con el proyecto de ley 21.015 esta cantidad de funcionarios con uso discrecional de un vehículo se reduciría a cuatro; se plantea que solo los presidentes de los Supremos Poderes podrán mantener el beneficio, es decir, el presidente de la República, de la Asamblea Legislativa, Corte Plena y Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El resto de funcionarios que actualmente tienen vehículos asignados de uso discrecional pasarían a la categoría de uso semi discrecional, estos son los ministros, magistrados, presidentes ejecutivos y jerarcas de órganos de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República.
“Estos estarán sujetos a controles de horario, kilometraje y gasto de combustible, deben portar placas oficiales, aunque no requieren rótulos visibles de la institución. Su uso debe regirse estrictamente por los reglamentos propios de cada entidad”, informó la Asamblea Legislativa.
Oposición
Este proyecto de ley avanzó en primer debate la semana anterior y se tenía previsto votar este miércoles en la Comisión Plena II en segundo debate; sin embargo, una consulta ante la Sala Constitucional realizada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, detuvo el avance.
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Ante esto, la diputada oficialista apoya que el proyecto sea sometido a una revisión constitucional e incluso señala a la Asamblea Legislativa por no realizar de previo la consulta sobre los alcances del proyecto ante el Poder Judicial.
Para Cisneros es necesario regular de manera estricta el uso de los vehículos discrecionales, pero no eliminarlo para todos los jerarcas.
“El problema no está en la ley, sino en los abusos”, dijo la legisladora en el programa Nuestra Voz al anunciar la oposición rotunda del oficialismo al proyecto y reconocer que ahora el proyecto no podrá avanzar hasta esperar la resolución de la Sala IV.
Para la diputada es impensable quitar el vehículo de uso discrecional a un Canciller de la República que suele tener actividades diplomáticas en horas de la nota, o bien ministros y presidentes ejecutivos que deben realizar giras y asistir a actividades a diversas horas del día.
“¿Qué pasa, por ejemplo, con un fiscal de la República, el fiscal general, va a ir a un operativo con rótulo que diga fiscalía general de la República y placa oficial? ¿Para qué? ¿Para que lo maten?
“Yo lo que pienso es que aquí lo pretenden es castigar a todos por el abuso que tal vez algunos han cometido, y que no niego, con el uso de los vehículos discrecionales. Pensemos en la seguridad de nuestros funcionarios”, manifestó Cisneros.
Para la diputada es claro que el trabajo que realizan los diferentes jerarcas no suele desarrollarse sólo en horario de oficina y que, además, existen cargo que por seguridad deben tener la protección del Estado.
La legisladora asegura que se debe “usar el sentido común” y que con este tipo de proyectos “se nos va la mano” en buscar regulaciones que pretenden castigar a todos por los abusos de unos pocos, quienes deben ser señalados y castigados.
Cisneros reiteró en la obligación que tiene el Estado de cuidar y proteger la identidad de los funcionarios de “alto rango”
“No podemos poner la cabeza de un fiscal o de un magistrado o de un ministro de Seguridad ahí en la mira de los hampones o de los delincuentes para que lo maten o para que hagan un atentado. A ver, el crimen organizado está super organizado, valga la redundancia, y nosotros tenemos que proteger a los funcionarios que están representando al país en estos temas delicados”, agregó Cisneros al reiterar sus cuestionamientos sobre el proyecto que pretende que magistrados, ministros y otros jerarcas hagan uso semi discrecional de los vehículos, lo que representa portar placas oficiales, lo que, a criterio de la diputada, les generará un riesgo a los funcionarios.
La jefa de fracción del oficialismo cuestiona que este proyecto presentado en 2018 haya tomado impulso en los últimos meses luego de estar muchos años “dormido”.
El expediente lo presentó en su momento la diputada liberacionista Franggi Nicolás y en la actual Administración lo retomó e impulsó su padre, Francisco Nicolás.
“Pero ahora que ya se sabe que hay un gobierno de la continuidad ahora sí hay que ponerlo en vigencia, yo me preguntó si también lo pondrían en vigencia si hubiera ganado las elecciones Álvaro Ramos, tengo mis dudas, pero no sé, juzgue usted costarricense", manifestó Cisneros.