
Expediente se aprobó en primer debate pese a los votos en contra del oficialismo. Mantendría beneficio a presidentes de los Supremos Poderes
26/02/26 | 17:27pm
El proyecto de ley 21.015 que eliminaría el uso discrecional de vehículos para los magistrados, ministros y presidentes ejecutivos, avanza en la corriente legislativa, tras su aprobación en primer debate.
Se trata de un expediente presentado desde 2018 por la diputada liberacionista Franggi Nicolás y que durante la actual Administración retomó e impulsó su padre, Francisco Nicolás.
La aprobación del proyecto en primer debate se realizó en la Comisión Plena II con el voto a favor de 11 de los 15 diputados presentes; los legisladores oficialistas Pilar Cisneros, Waldo Agüero y Jorge Rojas, así como el independiente Gilberth Jiménez, votaron en contra de la iniciativa que endurece las reglas y genera limitaciones sobre el uso discrecional de vehículos.
De acuerdo con el texto, el uso de vehículo discrecional será exclusivo de los presidentes de los Supremos Poderes, es decir, al presidente de la República, de la Asamblea Legislativa, Corte Plena y Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); así como entes de control.
Esto quiere decir no que tienen límites de horario, recorridos, ni consumo de combustible. Además, utilizan placas particulares y carecen de distintivos oficiales, “el uso queda a criterio exclusivo del funcionario asignado”.
Los demás funcionarios de alto rango como magistrados, ministros, viceministros, jerarcas adjuntos y presidentes ejecutivos ya no tendrán la posibilidad de tener su vehículo de uso discrecional y pasarán a la categoría de uso de vehículos semidiscrecionales.
“Estos estarán sujetos a controles de horario, kilometraje y gasto de combustible, deben portar placas oficiales, aunque no requieren rótulos visibles de la institución. Su uso debe regirse estrictamente por los reglamentos propios de cada entidad”, informó la Asamblea Legislativa.
Previo a la aprobación del proyecto de ley en primer debate, los diputados que integran la Comisión Plena II discutieron de manera amplia el contenido del proyecto y en su mayoría resaltaron la importancia del texto para evitar que funcionarios de alto rango usen un vehículo y recursos del Estado para “ir a hacer compras, andar con sus parejas o ir a centros comerciales”.
La iniciativa contó con la oposición de la fracción oficialista. Incluso, el diputado Jorge Rojas presentó una moción para agregar en la lista de funcionarios con acceso a vehículos de uso discrecional a los ministros y presidentes ejecutivos, la cual fue rechazada.
Durante el análisis de la propuesta se discutió la posibilidad de ampliar la lista de funcionarios con uso discrecional de vehículos tomando en cuenta únicamente aspectos de seguridad; por ejemplo, mantener el beneficio para el ministro de Seguridad, Justicia o bien el fiscal general.
Tras la discusión se tomó la decisión de preparar un proyecto de ley adicional que contemple las excepciones.
El diputado Nicolás aseguró que el proyecto pretende evitar los "abusos" en el uso discrecional de los vehículos y no limita el trabajo de campo de los funcionarios de alto rango, ya que siguen teniendo a su disposición el uso de los vehículos, pero ahora , al pasar a la categoría de uso semidiscrecional, tendrán la obligación de anotar y justificar los recorridos realizados.
Francisco Nicolás – diputado PLN
El proyecto de ley reforma el artículo 238 de la Ley de Tránsito y establece que, tras su aprobación y entrada en vigencia, todas las instituciones del Estado tendrán un plazo de seis meses para realizar los cambios que se requieran a nivel de reglamento interno y características de los vehículos (placas) ante el Registro Nacional.
Con el expediente que avanza se busca hacer “una clara distinción entre los vehículos de uso discrecional y semidiscrecional, basándose en el cargo del funcionario y la naturaleza de sus funciones”.
“… tratándose de recursos públicos un uso de este tipo únicamente tiene justificación para los más altos jerarcas que requieren movilizarse con facilidad entendiendo los roles que juegan desde sus cargos, pero no puede quedar abierto a la utilización por parte de otros funcionarios públicos u otros jerarcas que bien pueden utilizar vehículos de uso semidiscrecional que igual les permiten, eso sí con mayores controles en el uso del combustible, de los horarios, etc, realizar el uso de los vehículos para sus funciones de manera exclusiva”, dijo el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña.
Jonathan Acuña – diputado Frente Amplio
En los argumentos que señala el proyecto se explica que actualmente el uso discrecional de vehículos está avalado para el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la cual está integrada por 22 magistrados propietarios, 5 magistrados suplentes en las tres primeras Salas y 12 magistrados suplentes en la Sala Constitucional, para un total de 49 vehículos discrecionales.
Se suma a la lista de funcionarios con uso discrecional de vehículos del Estado los “magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, 3 magistrados propietarios y 6 suplentes, para un total de 9 vehículos; los vicepresidentes de la República 2 vehículos, los ministros de Gobierno 24 vehículos, los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas 35 vehículos, el contralor general de la República un vehículo, el procurador general de la República un vehículo, el fiscal general de la República un vehículo y el defensor de los habitantes un vehículo”.
De acuerdo con el texto presentado son 122 los vehículos de uso discrecional avalados actualmente.
“… unidades que no tienen ningún tipo de restricción en cuanto al consumo de combustible, horario de operación ni recorrido; además, es necesario indicar que estos vehículos como es usual pueden ser conducidos por choferes, quienes devengan un salario, el cual por la condición de discreción del uso del vehículo es frecuente que se realicen gastos por pago de jornadas extraordinarias”, señala el expediente que ahora pretende reducir la mínimo la cantidad de vehículos avalados con uso discrecional.
“Con esta modificación a la ley se pretende reducir de manera considerable los costos que le generan a los distintos Poderes y entidades públicas el uso de los vehículos discrecionales, restringiendo la cantidad de vehículos utilizados con tal fin y adicionando elementos que permitirían un uso más racional de los recursos”, señala el proyecto de ley que avanza en el Congreso.
Noticias, reportajes videos,
investigación, infografías.
Periodismo independiente en Costa Rica.
(506)4032-7931
|
comunicados@ameliarueda.com
Privacidad