Consulta de presidente de la Corte a Sala IV frena proyecto que busca eliminar vehículos de uso discrecional a magistrados, ministros y otros jerarcas
Dicha consulta ante el Tribunal Constitucional se hizo por acuerdo de Corte Plena
04/03/26 | 18:45pm
Una consulta realizada a la Sala Constitucional por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, frena el avance del proyecto de ley que busca eliminar vehículos de uso discrecional a los magistrados, ministros y otros jerarcas.
El proyecto de ley 21.015 se aprobó en primer debate la semana anterior y propone el uso de vehículo discrecional de manera exclusiva para los presidentes de los Supremos Poderes, es decir, al presidente de la República, de la Asamblea Legislativa, Corte Plena y Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); así como entes de control.
Esto quiere decir no que tienen límites de horario, recorridos, ni consumo de combustible. Además, utilizan placas particulares y carecen de distintivos oficiales, “el uso queda a criterio exclusivo del funcionario asignado”.
Para el caso de los magistrados, ministros y presidentes ejecutivos, se avalaría el uso de vehículos de uso semi discrecional.
“Estos estarán sujetos a controles de horario, kilometraje y gasto de combustible, deben portar placas oficiales, aunque no requieren rótulos visibles de la institución. Su uso debe regirse estrictamente por los reglamentos propios de cada entidad”, informó la Asamblea Legislativa
El expediente ahora quedará en pausa tras la consulta de Aguirre, la cual se presentó este martes 3 de marzo. Dicha consulta ante el Tribunal Constitucional se hizo por acuerdo de Corte Plena.
En el documento de 47 páginas señala los argumentos de oposición al proyecto y que explica que esto representaría una modificación al reglamento interno del Poder Judicial sobre el uso y control de vehículos.
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"Se advierte así que a pesar de la loable intención que detalle el proyecto, lo cierto es que no refiere, en su exposición de motivos, estudio técnico alguno que determine el impacto real que tendrá sobre el presupuesto del Estado costarricense, ni en concreto sobre el presupuesto de cada uno de los Poderes.
"Tampoco hace alusión a estudios técnicos para diferenciar, y con ello darle trato desigual, a los distintos funcionarios afectados por la propuesta de modificación legal", manifiesta Aguirre.