Allanan tres viviendas y oficinas de la CCSS tras investigación por 300 archivos eliminados del caso Barrenador

A las 6 a.m. de este jueves arrancaron seis allanamientos en distintos puntos del país como parte de la investigación por la desaparición de 300 archivos vinculados al caso Barrenador.

Los hechos bajo indagatoria se remontan al 23 de septiembre del año anterior, cuando, durante los 28 allanamientos iniciales del caso, se detectó el ingreso al correo electrónico de uno de los implicados para eliminar evidencia.

Casi un año después, y tras 11 meses de pesquisas, las autoridades buscan en los operativos de este jueves decomisar aparatos electrónicos y ubicar nuevas pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido.

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Los allanamientos se realizan en tres casas de habitación ubicadas en Guadalupe, Barrio México y Aserrí; además, se realizan otros tres allanamientos en oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tanto en las oficinas centrales como en la sede de Barrio Don Bosco.

Las diligencias judiciales señalan el presunto delito de sabotaje informático y favorecimiento real tras determinarse que “varios funcionarios” participaron de la acción que permitió un ingreso indebido a la cuenta de correo electrónico de un hombre de apellido Herrera para borrar archivos. 

“La cuenta electrónica de éste, aparentemente habría sido deshabilitada durante la diligencia de allanamiento (del año anterior) a pesar de que, supuestamente, esta cuenta se encontraba bloqueada a efectos de que, por parte del personal de la Sección de Cibercrimen habría realizado un respaldo de información digital contenida en la misma.

“Dicha acción de habilitar y facilitar el ingreso nuevamente del correo electrónico, fue efectuada por parte de varios funcionarios del Centro de Gestión de Informática (de la CCSS), lo que permitió que, de la cuenta de este masculino, se eliminara información de interés para la investigación que se realizaba”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). 

Durante los allanamientos se pretende el decomiso de prueba y no se tiene previsto realizar detenciones. 

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