
Mandataria expresó que no existe intención de lesionar o dañar la independencia del Poder Judicial
20/11/26 | 14:20pm
La presidenta de la República, Laura Fernández, manifestó este viernes que el Poder Ejecutivo acatará “de extremo a extremo” cualquier resolución que emita la Sala Constitucional sobre las consultas relacionadas con el presupuesto nacional de 2027.
Así lo afirmó la mandataria luego de la reunión que sostuvieron las presidentas de los Supremos Poderes en la Corte Suprema de Justicia. Durante el encuentro se aclaró que el tema presupuestario no fue objeto de discusión, debido a que se encuentra bajo análisis del Tribunal Constitucional.
Pese a ello, las jerarcas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial reconocieron que mantienen posiciones distintas sobre las disposiciones presupuestarias cuestionadas.
Fernández sostiene que las normas de ejecución incluidas exclusivamente para el Poder Judicial buscan mejorar el control y el uso de los recursos públicos. Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, considera que esas disposiciones representan una “camisa de fuerza” que dificultará el adecuado funcionamiento de los servicios judiciales.
Tras dos horas de reunión, las presidentas de la República, Laura Fernández; del Poder Judicial, Patricia Vargas; de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez; y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron acuerdos de diálogo y compromisos de colaboración, con respeto a las funciones y la independencia de las instituciones que representan.
Durante la conferencia, las diferencias por el presupuesto nacional de 2027 tomaron protagonismo. Aunque Fernández y Vargas coincidieron en que esperarán la resolución de la Sala IV, ambas también expusieron sus respectivas posiciones sobre el conflicto.
La mandataria aseguró que las normas de ejecución presupuestaria incluidas exclusivamente para el Poder Judicial no tienen la intención de socavar o dañar su independencia ni de impedirle utilizar sus recursos.
Reiteró que las medidas buscan mejorar el control sobre el uso de los fondos públicos, luego de que el Poder Judicial no aprobara en los últimos años los informes de liquidación presupuestaria de la Contraloría General de la República (CGR).
“Acordamos, después de presentar estos datos, seguir esperando el voto de la Sala. Por supuesto que, desde el Poder Ejecutivo, como ha sido tradición, acataremos de extremo a extremo cualquier sentencia del órgano constitucional de nuestro país”, manifestó Fernández.
La presidenta agregó que las disposiciones presupuestarias no fueron elaboradas “con ninguna mala fe, ni con el afán, jamás, de lesionar las buenas funciones del Poder Judicial”, sino que, según explicó, responden a la necesidad de garantizar una distribución eficiente de los fondos públicos y velar por el buen uso de los recursos de los costarricenses, en atención a las disposiciones del órgano contralor.
Por su parte, Vargas manifestó que el Poder Judicial no está solicitando “ni un cinco más”, sino que sus acciones buscan defender la posibilidad de utilizar oportunamente los recursos presupuestarios y evitar afectaciones en la prestación de los servicios.
La jerarca agregó que las acciones emprendidas por la Corte Suprema de Justicia se han comunicado públicamente y responden a un mandato de Corte Plena para defender el presupuesto ante las instancias que considere necesarias.
Según ha advertido el Poder Judicial en distintas oportunidades, el cumplimiento de las normas de ejecución presupuestaria cuestionadas provocaría atrasos de más de seis meses en la liberación de los recursos.
Durante la conferencia, Fernández reiteró su respeto al proceso y a la resolución que emita la Sala IV. Sin embargo, también expresó su disconformidad con que un mismo órgano del Poder Judicial tenga en sus manos la decisión sobre el reclamo planteado.
Ante esa observación, Vargas intervino para defender la independencia de las decisiones que se adoptan en las distintas salas del Poder Judicial.
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