Abogado Villalobos responde al Tribunal: no asistirá a juicio por caso de “La Trocha” y acudirá a Sala IV
Es defensor de ocho de los imputados
08/04/25 | 11:44am
El abogado José Miguel Villalobos respondió la mañana de este martes al Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José sobre su ausencia en el inicio del juicio del caso de “La Trocha Fronteriza”.
En un documento de dos páginas, el defensor de ocho de los imputados, reiteró su posición de no presentarse a la convocatoria en horario extraordinario y, por el contrario, anunció que acudirá a la Sala Constitucional.
La respuesta de Villalobos se presenta luego de que el Tribunal le diera 24 horas para justificar su ausencia en el inicio del debate este lunes a las 4 p.m.
Los jueces a cargo del proceso manifestaron que, de no justificar la ausencia podría declararse el abandono de defensa y los ocho imputados, tendrían la posibilidad de cambiar de representante legal o bien acogerse a un defensor público.
Ante esto, Villalobos reiteró en su respuesta que no asistirá al debate por encontrarse en otro juicio, el llamado “caso Fénix”, relacionado con presuntos delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
“Desde el 1 de abril pasado dirigí un escrito al Tribunal manifestando mi rotunda oposición a participar como defensor en audiencias desde las 16:00 y hasta las 20:00 horas (de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.), por estimar que se violenta el derecho de defensa técnica y material y el debido proceso”, responde el abogado al detallar las razones por las que rechaza participar del juicio en horario extraordinario.
Asegura que la coordinación entre los Tribunales que determinó que el primer juicio en proceso termine a las 3:00 p. m. y no a las 3:30 p. m., como se ha venido realizando, no modifica su argumento de oposición y sólo le da media hora más para trasladarse entre recintos.
“No se trata de que este Tribunal deba adaptar su agenda a la mía, pues no es un capricho de mi parte ni un deseo de dedicarme al ocio, al deporte o a otras actividades que incluso podrían tener efectos de alta productividad. No es mi agenda la que choca con ese Tribunal: es la agenda del Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada y son ambos órganos judiciales quienes deben ponerse de acuerdo para realizar los debates.
Anuncio
“Empero, acudir a la solución simplona de obligar a la defensa técnica a asistir siete horas en la mañana a un juicio y cuatro horas en la tarde noche a otro, ambos de alta complejidad por el fondo del tema, por el número de imputados y testigos y la cantidad de prueba documental, es evidentemente una clara intención de desbaratar la defensa técnica y hacerla nugatoria para mis representados”, manifestó Villalobos.
En el escrito el abogado dijo que para lograr equidad en la medida el resto de funcionarios involucrados en el proceso, incluidos los jueces, deberían llevar una doble jornada laboral como lo tendría que hacer él.
“Sostengo la posición ya expuesta y no prestaré mi nombre ni arriesgaré mi prestigio, ni colocaré a mis representados en una posición de sumisión ante órdenes injustas y perniciosas.
“Acudiré ante semejante atropello a las instancias constitucionales correspondientes, para corregir este entuerto y enderezar un proceso que algunos, por espurias razones, parecen querer que nazca, crezca y muera torcido”, concluye la respuesta de Villalobos al Tribunal.
La audiencia para conocer el futuro del juicio de “La Trocha” tras la respuesta del abogado que seguirá ausente se realizará este martes a las 5:00 p. m.
Semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia había manifestado su preocupación sobre la posibilidad de tener que suspender y reprogramar nuevamente el juicio, tomando en cuenta que lograr coordinar nuevamente una fecha tardaría aproximadamente dos años y por esa razón se han tomado medidas alternativas para lograr arrancar el proceso.
El caso de supuesta corrupción en el desarrollo de la trocha fronteriza se dio a conocer desde el 4 de mayo del año 2012. En ese momento, la expresidenta Laura Chinchilla anunció la denuncia penal, al mencionar la supuesta entrega de dádivas a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), quienes a cambio avalaron supuestos pagos ilegales a empresarios.
Al momento de la denuncia se estimó que la pérdida (por trabajos cancelados y no realizados) era de alrededor de ¢25 mil millones.