A 40 años de la masacre en La Cruz de Alajuelita, familias esperan avance de demanda ante la CIDH
Hechos que provocaron la muerte de siete mujeres ocurrieron el 6 de abril de 1986
06/04/26 | 16:51pm
A 40 años de la masacre en la Cruz de Alajuelita, las familias de las víctimas esperan aún el avance en la demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde acusan a Costa Rica de ser responsable por la impunidad del crimen.
Se señala ante la CIDH que existió una inadecuada conducción del proceso penal que faltó explorar líneas de investigación que permitieran dar con los responsables del cruel asesinado de siete mujeres el 6 de abril de 1986.
La demanda se presentó en el 2021 y fue admitida por la Comisión en el 2024.
En el informe de admisibilidad, la Comisión manifestó que los señalamientos presentados requerían un estudio de fondo y que en caso de corroborarse como ciertos podría declararse a Costa Rica responsable de violar los artículos de la legislación sobre la vida, integridad personal, garantías judiciales, derechos del niño, igualdad ante la ley y protección judicial.
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Resolución
El abogado que lidera el proceso de demanda contra el Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rogelio Ramírez, espera con optimismo el avance del caso y asegura que por el momento solo queda esperar la resolución final tras el análisis del caso señalado con el número de expediente 15.515.
“El 6 de abril de 1986 siete mujeres, en cuenta niñas, fueron vejadas, torturadas y asesinadas en el cerro San Miguel conocido como la cruz de Alajuelita. El Estado costarricense equivocó desde ese momento sus líneas de investigación, acusó y enjuició a personas inocentes y en los siguientes 10 años 12 personas más fueron cruelmente asesinadas con especial ensañamiento hacia las víctimas femeninas presentando el mismo modo de operar y la misma arma de fuego”, explicó a AmeliaRueda.com el abogado al hacer un recuento de los hechos que hoy son de análisis ante la CIDH.
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Rogelio Ramírez – abogado
Ante la demanda contra Costa Rica planteada en la CIDH, el Estado costarricense pidió declararla “inadmisible por extemporaneidad”, negó violaciones a los derechos humanos y defendió el actuar y las líneas de investigación.
Pese a esto, la Comisión sí encontró elementos suficientes que requerían el análisis de fondo del caso, el cual se realiza en este momento y está pendiente del resultad.
En la masacre de Alajuelita fallecieron siete mujeres: una mayor de edad (41 años), dos adolescentes (13 y 16) y cuatro niñas (6, 9, 11 y 12). Se trataba de una mujer adulta con sus tres hijas y tres sobrinas.
“Los familiares de esas siete mujeres y del resto de las víctimas fueron revictimizadas y humilladas por los agentes del estado costarricense. En total fueron 19 víctimas y una investigación ineficaz por parte del Estado; sin embargo, en el año 2001 cuando aún el último crimen no había prescrito, surgió una nueva línea de investigación que aportaba de manera muy sólida y fundamentada, no solo la identidad de los asesinos, sino el posible móvil de la masacre de esas siete mujeres en 1986, que había sido planeado y ejecutado como un atentado terrorista para afectar a un grupo guerrillero que intervenía en el conflicto armado en Nicaragua pero operando desde Costa Rica.
“Por pugnas de poder a lo interno del Estado y sus instituciones, esa línea de investigación se menospreció y la serie de crímenes prescribió permitiendo la impunidad del caso más desafiante para la historia criminal del país, por esa razón y al haber sido parte de la investigación que aportó los indicios para la resolución del caso, el 18 de febrero del año 2021 presentamos la petición o demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 8 de mayo del 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con base en los argumentos presentados resolvió admitir la petición y pasar a la etapa de juicio y deliberación para determinar la posible violación de derechos humanos por parte del Estado costarricense en este paradigmático caso”, agregó el jurista.
Rogelio Ramírez – abogado
Tras 40 años de la masacre, que Ramírez califica como “terrorista por razones políticas”, se sigue esperando por justicia, la cual ahora depende directa y exclusivamente de la CIDH para determinar la posible responsabilidad del Estado costarricense.
“… en este caso plagado de errores, omisiones, injusticias y barbaridades que privaron a 19 víctimas y sus familias de una respuesta”, concluye el abogado que lidera el proceso.
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El caso
El 6 de abril de 1986 las víctimas de la masacre de La Cruz de Alajuelita participaron en una peregrinación católica, evento masivo religioso, en honor al Santo Cristo de Esquipulas.
“y, cómo se establecería en la investigación posterior, al finalizar el evento, poco después del mediodía, las presuntas víctimas descendieron la montaña a través de potreros y senderos donde las habría interceptado y asesinado ese mismo día”, relata el informe de admisibilidad de la CIDH.
Los cuerpos de las mujeres fueron ubicados al día siguiente, tres de las menores habrían sido, además, víctimas de violación.
De acuerdo con la investigación judicial se logró determinar a cuatro hombres como sospechosos de la masacre, todos con antecedentes policiales por delitos menores.
“Dos de ellos murieron en el transcurso del proceso y los otros dos fueron acusado por el Ministerio Público, uno de ellos era un adolescente”, señala el relato.
El juicio concluyó en abril de 1989 con una sentencia condenatoria, la cual fue apelada por la defensa y revocada en segunda instancia al concluir que tenía “graves irregularidades cometidas en el proceso, entre ellas, la comisión de actos de tortura para obtener la confesión del adolescente procesado”.
Esto provocó que el juicio fuera anulado y se ordenara un nuevo proceso.
Durante la celebración del segundo juicio, otro de los imputados falleció y empezaron a registrar nuevos homicidios con la misma arma de la masacre, lo que provocó que la prueba del caso se debilitara y el proceso penal concluyera con una absolutoria al determinar que, pese a las pruebas, no se había podido identificar a los asesinos.
Con el paso de los años se activó una nueva línea de investigación que apuntaba a la existencia de un grupo terrorista detrás de los homicidios, sin embargo, la fiscalía decidió no retomar la hipótesis en investigación y llegó la prescripción del caso en 2006.
Ante la falta de justicia en Costa Rica, las familias y su representación legal esperan la justicia internacional y que pronto la CIDH resuelva a su favor y con una condena por el actuar de las autoridades judiciales de nuestro país que permitieron la impunidad en la muerte de siete mujeres víctimas de la masacre en La Cruz de Alajuelita.
